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El
impacto de las Comisiones de la Verdad en América Latina
Esteban
Cuya
El proceso de superación
del pasado, en las sociedades en las que se establecieron regímenes
totalitarios, comienza en algunos casos con el trabajo de las Comisiones
de la Verdad, encargadas de investigar las violaciones a los derechos
humanos y al derecho humanitario en el período reciente.
La superación
del pasado supone para la sociedad nacional, el enfrentamiento crítico
con los graves hechos de violencia en un período determinado,
a fin de buscar formas de reparar los daños causados y procurar
evitar su repetición en el futuro. Por eso el grito común
en los países donde se han producido violaciones sistemáticas
y masivas de los derechos humanos es el de ¡Nunca Más!
Pero la superación
del pasado no se agota con los esfuerzos de una Comisión
de la Verdad, que trabaja durante un tiempo limitado y bajo un mandato
específico, con campos de investigación limitados.
La superación del pasado es un proceso que dura muchos años
y que continúa mas alla del periodo de los gobiernos de transición.
En Argentina, 18 años después del fin de la dictadura
militar, el tema de la superación del pasado sigue en el
orden del día.
En Chile hay una situación
similar. En Junio del 2001 diversas organizaciones chilenas de Derechos
Humanos, entre ellas la Cómisión ética contra
la Tortura y la Organización de Defensa Popular, exigieron
a su gobierno la creación de una “Comisión Investigadora
de Verdad, Justicia y Reparación para los sobrevivientes
de la tortura en Chile”, que afectó a unas 300,000 personas
durante la dictadura de Pinochet. La ODEP señaló que
“el reconocimiento por parte del Estado y la sociedad chilena
de este crimen -de la tortura- es imprescindible para reparar los
traumas físicos, mentales, morales y sociales que constituyen
sus secuelas y lograr la verdad, aplicar la justicia y reparar a
las víctimas de tortura”.[1]
Introducción:
Qué son las Comisiones de la Verdad?
Las Comisiones de la
Verdad son organismos de investigación creados para ayudar
a las sociedades que han enfrentado graves situaciones de violencia
política o guerra interna, a enfrentarse críticamente
con su pasado, a fin de superar las profundas crisis y traumas generados
por la violencia y evitar que tales hechos se repitan en el futuro
cercano.
A través de las
Comisiones de la Verdad se busca conocer las causas de la violencia,
identificar a los elementos en conflicto, investigar los hechos
más graves de violaciones a los derechos humanos y establecer
las responsabilidades jurídicas correspondientes.
El trabajo de la Comisión
de la Verdad permite identificar las estructuras del terror, sus
ramificaciones en las diversas instancias de la sociedad (Fuerzas
Armadas, Policía, Poder Judicial, Iglesia), entre otros factores
inmersos en esta problemática. Esta investigación
abre la posibilidad de reivindicar la memoria de las víctimas,
proponer una política de reparación del daño,
e impedir que aquellos que participaron en las violaciones de los
derechos humanos, sigan cumpliendo con sus funciones públicas,
burlándose del Estado de derecho.
Perspectivas de la Comisión
de la Verdad en el Perú
La Comisión de
la Verdad creada en el Perú, a diferencia de la mayoría
de Comisiones que han existido en diversas partes del mundo, tiene
las
manos totalmente libres
de ataduras. Su creación responde a cierto clamor nacional
y a la convicción gubernamental de la necesidad de investigar
el pasado de violaciones a los derechos humanos a fin de curar las
heridas que ocasionadas en cerca de 20 años de violencia
interna.
En el Perú actual
no hubo necesidad de acuerdos y negociaciones consensuales con los
remantentes de la dictadura cívico-militar, que representó
el fujimorismo, ni con las organizaciones armadas irregulares, para
dar nacimiento a la Comisión de la Verdad.
Se abre pues una oportunidad
única, para que la Comisión de la Verdad cumpla su
cometido, de ofrecer la información mas completa y cabal
sobre las violaciones a los derechos humanos en el pasado reciente,
sin esperar que amenazas de interrupción del proceso democrático,
o de una vuelta al pasado interfieran con sus investigaciones. Así
la Comisión de la Verdad puede revisar cada una de las demandas
de los familiares de los desaparecidos o asesinados, que pocas veces
fueron tomadas en serio por las autoridades correspondientes.
Aportes y Desafíos
fundamentales para las Comisiones de Verdad
Entre los aportes fundamentales
de las Comisiones de la Verdad que han existido en América
Latina podemos destacar :
1. El Auto-descubrimiento de una realidad “ignorada”,
semiocultada
Los graves hechos de
violaciones a los Derechos Humanos, los secuestros, las torturas
sistemáticas, las desapariciones forzadas, el genocidio,
pese a su repetición por periodos prolongados, durante mucho
tiempo no merecieron el reconocimiento, por parte del conjunto de
la sociedad civil, como un problema de dimensión nacional.
Muchas veces por la censura
de las informaciones, impulsada o impuesta por las autoridades gubernamentales,
amplios sectores de la población vivían ignorando
que a pocos kilometros de distancia se estaban produciendo violaciones
sistemáticas a los derechos humanos o al derecho internacional
humanitario.
Cuando los hechos de
violencia empezaron a repetirse en una u otra región del
país, como pasó en Chile, Perú, Argentina,
El Salvador, Guatemala, amplios sectores de la población
optaron por la indiferencia frente a los hechos, conducta mantenida
a lo largo de los años, incluso durante y después
de la transición a la democracia.
“Por algo será”
era la reacción de algunas personas, ante las noticias de
detención o desaparición de personas. “Algo habrá
hecho” sostenían otros, ahorrandose el trabajo de analizar
la situación política y el dominio militar impuesto.
Muy pronto se descubriría
que también el miedo paralizaba a una buena parte de la sociedad,
que silenciaba su voz. Ciertamente había razón para
este miedo. Varios jefes militares proclamaron abiertamente su amenazas:
“Primero vamos a
matar a todos los subversivos, después a sus colaboradores
; después a los simpatizantes; después a los indiferentes,
y por último, a los tímidos."[2]
"Para que las Fuerzas
policiales puedan tener éxito, tienen que comenzar a matar
senderistas y no senderistas. Matan a 60 personas y a lo mejor entre
ellos hay tres senderistas. Esta es la única forma de ganar
a la subversión".
"Nosotros somos
profesionales de la guerra y estamos preparados para matar. La guerra
es así. Yo no le puedo decir a un soldado, al que se le ha
preparado para matar: "ahora no mates", Y si mañana
existe un problema, le vamos a decir, ahora si mata? "[3]
El miedo también
afectó a las autoridades judiciales, que argumentando posibles
amenazas de elementos subversivos o terroristas, actuaron como “tribunales
sin rostro”. Ciertamente esta rara figura del “Juez sin
rostro” se prestó para la masificación del abuso
y las injusticias contra los acusados por cualquier mínima
sospecha de participación en hechos de violencia.
En algunos casos, sentimientos
fatalistas llevaron a algunos sectores de la población a
aceptar como «normales» los hechos graves de violencia,
torturas, desaparición forzada, masacres. Estos sentimientos
anularon cualquier posibilidad de plantearse oportunamente formas
de resistencia o solución política o jurídica
a la problemática.
Los esfuerzos de investigación
de la Comisión de la Verdad, la sistematización y
consolidación global de los datos obtenidos, permiten valorar
la real dimensión y gravedad de los hechos de violencia ocurridos,
y pueden ayudar a la sociedad nacional a informarse adecua-damente
y tomar conciencia de los graves casos de violaciones a los derechos
humanos cometidos en el período reciente y reconocer sus
traumáticos efectos para el sector de la población
afectada.
Perú 1980-2000:
un estimado de 30,000 víctimas, entre ellos mas de 4,000
personas detenidas-desaparecidas.
Guatemala 1962-1994:
200,000 muertos y desaparecidos
Argentina, 1976-1983:
30,000 muertos y desaparecidos
El Salvador: 1980-1991,
75,000 muertos y desaparecidos
Chile 1973-1990, mas
de 3,197 muertos y detenidos desaparecidos.
Tal como lo reconoció
en Argentina la CONADEP en el prólogo de su informe: “…después
de haber recibido varios miles de declaraciones y testimonios, de
haber verificado o determinado la existencia de cientos de lugares
clandestinos de detención y de acumular mas de cincuenta
mil págs. documentales, tenemos la certidumbre de que la
dictadura militar produjo la mas grande tragedia de nuestra historia,
y la mas salvaje. Y, si bien debemos esperar de la justicia la palabra
definitiva, no podemos callar ante lo que hemos oído, leído
y registrado; todo lo cual va mucho mas allá de lo que pueda
considerarse como delictivo para alcanzar la tenebrosa categoría
de crímenes de lesa humanidad”.[4]
En Chile, por su parte,
el ex Presidente Patricio Aylwin señaló que «
La publicación del Informe, de la Comisión Nacional
de Verdad y Rerconciliación (que su gobierno creó
en 1990) tuvo gran trascendencia en el país y aún
en el exterior. La opinión pública tomó conciencia
de lo ocurrido y valoró su gravedad. Quienes no creían
hasta entonces que las acusaciones sobre violaciones a los derechos
humanos y, especialmente sobre desaparecimientos de personas detenidas
fueran fundadas, tuvieron que admitirlas."[5]
Luego, la difusión
de las informaciones sistematizadas por la Comisión de la
Verdad ayuda al despertar de la sociedad a una atroz realidad que
no se quiso ver o reconocer en su momento debido. Esta toma de conciencia
acerca del pasado de violaciones a los derechos humanos es importante
para avanzar en la recontrucción de la democracia y del estado
de derecho, que no se podrán alcanzar mientras persistan
las heridas de los tiempos de violencia. Asi pues, el reconocimiento
de la verdad total, dura, compleja, libre de maquillajes, es la
tarea fundamental de una Comisión de la Verdad.
2. La identificación
de los sectores involucrados en las violaciones a los derechos humanos
La verdad global que
logra descubrir la Comisión de la Verdad, sobre las violaciones
a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario, tiene
que ir acompañada de verdades concretas, específicas,
detalladas, que identifiquen a las personas, grupos y organizaciones
involucradas en los graves hechos de violencia. Asi se evita que
las sospechas y acusaciones de graves hechos de violencia se atribuyan
a la totalidad de los miembros de las organizaciones militares,
policiales, paramilitares o guerrilleras. La culpa individual no
debe diluirse en la culpa colectiva. Los inocentes no deben pagar
por los culpables.
A partir de esta identificación
de los diferentes actores en la violencia, en Guatemala y El Salvador
se logró reconstruir el perfil de formación de los
agentes militares y policiales, en los que se constató la
predominancia de cursos de entrenamiento orientados a perfeccionar
las técnicas de tortura, secuestros, fingimiento de hechos
para atruibuirselo a los "enemigos". etc. Mas tarde se
propuso la depuración de los "elementos podridos"
de las Fuerzas militares y policiales, y la creación de nuevos
cuerpos de la policía civil.
También se logró
establecer las diferencias existentes entre las organizaciones subversivas,
sus conflictos internos, y las violaciones a los derechos humanos
que se cometían en su interior, contra sus propios militantes
o simpatizantes.
En el Perú se
han conocido también diversos grupos que adoptaron los métodos
de los escuadrones de la muerte, como el autodenominando "Comando
Rodrigo Franco", el "Grupo Colina", etc.
Entre otros ejemplos
de grupos paramilitares o de escuadrones de la muerte se pueden
mencionar: El G2 y “los Kaibiles” en Guatemala, los "Novios
de la muerte en Bolivia", La Triple "A" y el “Batallon
601” en Argentina. Los Grupos de Tareas.
Igualmente hay otros
sectores involucrados en delitos de derechos humanos. Los jueces
que no aplicaron el derecho, rechazando los recursos jurídicos
o «habeas corpus», los funcionarios universitarios que
facilitaron informaciones sobre "estudiantes sospechosos",
los responsables de los medios de comunicación, los empresarios
que financiaron a los grupos paramilitares, entre otros.
Con respecto a los agentes
del estado involucrados en violaciones a los Derechos Humanos, la
Comisión de la Verdad de El Salvador exigió "el
retiro de la Fuerza Armada de aquellos oficiales en servicio activo
que hubieran cometido o encubierto graves hechos de violencia."[6]
La Comisión de
El Salvador recomendó también "la destitución
de aquellos funcionarios gubernamentales civiles y miembros del
poder judicial que hubieran cometido, encubierto, o dejado de investigar
graves hechos de violencia como los que la Comisión ha investigado".
La Comisión recomendó
la promulgación de leyes apropiadas que garantizaran que
todas las personas implicadas por la Comisión en graves hechos
de violencia, sea oficiales militares en servicio activo o en retiro,
funcionarios civiles, miembros o comandantes militares del FMLN,
jueces o civiles, quedaran inhabilitadas para el ejercicio de cualquier
cargo o función pública por un lapso no menor de diez
años".
La misma Comisión
agregó que esas personas también "...deberían
quedar inhabilitadas....para siempre de toda actividad vinculada
con la seguridad pública o la defensa nacional". Esto
es algo sumamente importante para evitar mantener situaciones que
sigan agrediendo y ofendiendo a los familiares de las víctimas.
Lamentablemente esto
solo se ha podido aplicar muy parcialmente en El Salvador.
En Argentina, muchos
criminales de la dictadura militar siguen en el servicio activo,
y hasta ocupan cargos políticos.
3. La Personalización
y Humanización de las víctimas
Otra función importante
desenpeñada en cierta medida por las Comisiones de la Verdad
en América Latina, es ponerle rostro a las víctimas,
devolverles sus nombres y apellidos, y asi superar la etapa de recordarlos
en la sociedad como números del horror o datos estadísticos.
Las falsas e injustas
acusaciones de "terroristas", o "suversivos",
o "comunistas", lanzadas por agentes del estado contra
muchas de las víctimas de la violencia, agregaron más
dolor a las familias que perdieron al ser querido.
En Chile la Comisión
de la Verdad describió brevemente las historias personales
de las víctimas de la dictadura de Pinochet. Igual se hizo
en Argentina con las víctimas de la dictadura militar de
1976 a 1983. En la mayoría de los casos se pudo comprobar
que las acusaciones oficiales eran falsas.
La investigación
de la Comisión de la Verdad, como entidad neutral, ha permitido
esclarecer el verdadero rol de muchas de las víctimas durante
los años de violencia, o las circunstancias precisas de sus
desapariciones o muertes, muchas veces totalmente contrarias al
discurso oficial con el que se justificaban las ejecuciones sumarias.
Esta reconstrucción
y reivindicación de la memoria personal de las víctimas
es una parte importante de la verdad que esperaban los familiares
de las víctimas. Aqui han ayudado mucho las entrevistas de
campo, los testimonios grabados en cintas de sonido. (Defensoría
Maya en Guatemala, Madres alemanas en Argentina). Asi se da un paso
mas para la restauración de la dignidad humana de las víctimas.
Este gesto significa
también una reparación moral tanto de las víctimas
como de los familiares que lucharon por tanto tiempo para lograr
la verdad.
4. La Reparación
parcial del daño causado
Las Comisiones de la
Verdad han considerado conveniente formular una serie de recomendaciones
al Estado, en materia de políticas sociales y económicas,
orientadas a reparar en los familiares de las víctimas, en
cierta medida, los daños causados por las violaciones a los
derechos humanos. La reparación del daño es parcial,
debido a que las víctimas se mantienen desaparecidas o muertas.
También se ha
propuesto en muchos casos, la rehabilitación del honor de
las víctimas, y la construcción de parques, museos,
o monumentos conmemorativos (Argentina "Parque de la Memoria"
y Chile "Villa Grimaldi") donde los familiares o amigos
puedan ir a recordarlos, llevarles flores, mensajes escritos, etc.
En base a su experiencia
en Chile, el médico psiquiatra Carlos Madariaga afirma que
existe un confusionismo conceptual respecto a lo que se entiende
por reparación.[7]
Aclara que generalmente “las instancias gubernamentales han
entendido la reparación de manera reduccionista, privilegiando
las soluciones pecuniarias, en desmedro de los aspectos jurídicos,
éticos, sociopolíticos y psicosociales, hecho que
ha generado en las víctimas fuertes sentimientos de frustración
y desencanto, estados psicoemocionales que han hecho abortar en
gran medida los esfuerzos de reparación en curso”.
En Chile: Recogiendo
las sugerencias del Informe se aprobó en el Congreso la Ley
19.123, (8.02.92) de Reparaciones a las víctimas, con la
que se creó la Corporación Nacional de Reparación
y Reconciliación. Dicha ley estableció una pensión
mensual en beneficio de los familiares directos de las víctimas
de violaciones de los derechos humanos o de violencia política
(conyugue sobreviviente, madre o padre, hijos menores de 25 años)
como también el derecho a algunas prerstaciones de salud
por los servicios públicos respectivos, y a becas de estudio
en la enseñanza media y superior para los hijos.
La Corporación
también declaró víctimas de violaciones a los
DDHH a otras 899 personas, de ellas 776 muertas y 123 desaparecidas.
Así el total de víctimas directas reconocidas oficialmente
por el estado chileno se levó a 3,197, personas, de las cuales
1102 fueron detenidos-desaparecidos y 2,095 asesinados.[8]
En Argentina: Se han
aplicado programas de reparación económica con pagos
equivalentes a una jubilación mínima, a los familiares
de los desaparecidos. También se ha logrado la promulgación
de leyes que eximen del Servicio Militar Obligatorio a los hijos
y hermanos de desaparecidos.
Un aspecto sumamente
importante para los familiares de los desaparecidos es la ley 24.321
de Ausencia por Desaparición forzada, que da legalidad jurídica
al desaparecido y soluciona las complejas situaciones legales generadas
por la desaparición física. Asi, ahora en Argentina
existe en los registros civiles, ademas del registro de Nacimientos
y de Fallecimientos, el de ausentes por desaparición forzada.[9]
En El Salvador: Una reciente
evaluación acerca de la ejecución de las recomendaciones
de la Comisión de la Verdad de El Salvador, elaborada por
uis E. Salazar precisa que "Las recomendaciones no se ejecutaron,
fueron truncadas en el marco de la Ley General de Amnistía,...y
lo que se ha realizado es muy poco, y se ha tratado de medidas inmediatas
que no han facilitado la sanidad de las heridas causadas durante
el conflicto, en la medida que en muchos casos no se ha conocido
la verdad, no se ha hecho justicia, y peor aún no se han
reparado los daños." [10]
A continuación
Salazar reconoce que "en El Salvador se creó el Fondo
de protección para lisiados de guerra, pero su efectividad
circundó a menos del 50% de los afectados".
En Guatemala, la Comisión
de Esclarecimiento Histórico recomendó como medida
de reparación "que: cree y ponga en marcha con carácter
de urgencia un Programa Nacional de Reparación a las víctimas
de las violaciones de derechos humanos y hechos de violencia vinculados
con el enfrentamiento armado y sus familiares." Recomendó
también que "el Programa Nacional de Reparación
comprenda medidas individuales y colectivas inspiradas en principios
de equidad, participación social y respeto de la identidad
cultural, entre las cuales necesariamente han de figurar:
Medidas de restitución
material para restablecer, en lo posible, la situación existente
antes de la violación, particularmente en el caso de la tierra.
Medidas de indemnización
o compensación económica de los más graves
daños y perjuicios como consecuencia directa de las violaciones
de los derechos humanos y del derecho humanitario.
Medidas de rehabilitación
y reparación psicosocial que incluyan, entre otros, la atención
médica y de salud mental comunitaria, así como la
prestación de servicios jurídicos y sociales.
Medidas de satisfacción
y dignificación individual que incluyan acciones de reparación
moral y simbólica."[11]
En algunos contados casos
las medidas de reparación han incluído en Argentina,
Chile y Guatemala, la entrega de los restos de las víctimas
de la violencia a sus familiares, para que les den la sepultura
de acuerdo a sus creencias y costumbres.
Este paso ha sido muy
importante para poder desarrollar, aunque tardíamente, el
proceso del duelo y la toma de conciencia de la pérdida del
ser querido. Asi los familiares podían empezar con la recuperación
psico-terapeutica.
En el Perú las
medidas de reparación tendrían que abarcar a todas
las víctimas de violaciones a los derechos humanos, entre
1980 y el año 2000, es decir, familiares directos de desaparecidos,
torturados, asesinados, así como a los presos inocentes,
los emigrantes forzados, entre otros.
5. Recomendaciones para
la Prevención de sucesivas violaciones a los derechos humanos
La mayoría de
las Comisiones de Verdad en América Latina han recomendado
reformas en la legislación penal antisubversiva, la penalización
del hecho de ocultar información sobre personas detenidas
o desaparecidas, la ratificación de tratados internacionales
de derechos humanos, así como la incorporación de
estudios de los derechos humanos en todos los niveles educativos,
desde la escuela primaria hasta la universidad.
Cambios en las concepciones
de seguridad: Después de comprobar las distorsiones o perversiones
de la actividad policial, las Comisiones de la Verdad han propuesto
la creación de fuerzas policiales de caracter civil y no
militar, democráticas y no autoritarias, respetuosas de los
derechos humanos, abiertas a la fiscalización y el control
ciudadano.
También se recomienda:
Reorientación
de la función militar, en base a su sometimiento al poder
civil y a los planes de desarrollo nacional. Revisión de
las teorías dominantes en el período de la "guerra
fría".
Programas de educación
para la solidaridad y los derechos humanos. Actividades en favor
de la memoria de las víctimas de la violencia.
la utilización
de libros de registros uniformes de la actividad policial. (p.ej.
Libros de detenidos).
Representación
pluralista de los miembros de la policía, a fin de que se
reduzcan las posibilidades de agresiones y abusos por motivos raciales.
En uno de sus recientes
documentos amnistía internacional señaló que
"En muchos países en los que se produjeron las desapariciones,
la mayoría del pueblo ni siquiera era consciente de que desaparecían
personas. Fue sólo durante el periodo de transición
cuando se enteraron más sobre la otra cara de la historia.
Por eso es muy importante contar la otra parte de la historia también,
para que todo el pueblo se de cuenta de que ellos también
podrían haber desaparecido.".
La difusión masiva
de los informes y las conclusiones elaboradas por las Comisiones
de Verdad contituye una valiosa posibilidad de trabajo pedagógico
en diversos sectores de la sociedad, en la búsqueda de prevenir
la repetición de los graves hechos de violencia.
6. Aportes a la Reconciliación
a través de la Verdad y la Justicia
Los responsables de las
violaciones a los derechos humanos, las autoridades guberna-mentales,
así como ciertos sectores no golpeados por la violencia oficial,
proponen llegar pronto a la reconciliación de la sociedad,
el perdon a los culpables, "para reconciliar al país"
y asegurar la continuidad del sistema democrático. La reconciliación
basada en la impunidad y el perdón atenta contra todos los
principios del derecho.
La verdad y la Justicia
son pasos sumamente necesarios antes de la Posible Reconciliacion.
Niguna sociedad que se niegue a enfrentar críticamente su
pasado de violaciones a los derechos humanos podrá garantizar
también en el futuro la aplicación correcta de la
justicia. La impunidad de las violaciones a los derechos humanos
constituye una permanente victimización tanto de los que
sufieron la violencia como de sus familiares que reclaman justicia.
La reconciliacion implica
el restablecimiento de relaciones óptimas o "normales"
entre las personas, en este caso, entre las víctimas o sus
familiares, y los violadores de los derechos humanos. Hay que preguntarse
si antes de los hechos de violencia existían relaciones «adecuadas»,
de respeto y aceptación mútua entre las dos partes,
entre los civiles y los militares o policías. En cualquier
caso, estas "relaciones" de respeto mútuo fueron
dañadas por la comisión de delitos de derechos humanos.
El delito cometido genera
el rechazo mutuo o el odio (comprensible como reacción humana
natural) hacia los perpetradores de violaciones a los derechos humanos.
Sólo la culminación del delito, (Tortura, prisión
injusta, desaparición forzada) o la reparación del
daño causado ofrecen la posibilidad de terminar con ese rechazo
u odio y plantearse la reconciliación como una alternativa
para la superación del pasado. La reconciliación no
se puede lograr por decreto. La reconciliación es un acto
personal entre dos partes enfrentadas o separadas. Implica decisiones
personales, que significan por parte del represor, la confesión
de la Verdad, el arrepentimiento, el reconocimiento de sus delitos,
asi como la promesa de no volver a cometerlos y la aceptación
de la correspondiente sanción penal.
No es correcto forzar
a los familiares de las víctimas a reconciliarse con los
culpables de la desaparición de sus seres queridos, antes
de que éstos hayan confesado sus delitos y cumplido con las
sanciones penales correspondientes. Es natural que los familiares
de las víctimas se aferren a la memoria de sus seres queridos
desaparecidos o asesinados, y se mantengan leales a ellos. El dejar
de luchar por la verdad y la justicia en sus casos, el perdonar
a los culpables en nombre de una pretendida reconciliación,
es para ellos como un acto de traición al ser querido desaparecido.
El jurista peruano Carlos
Chipoco, indica que el derecho a la verdad tiene fundamentos doctrinarios
jurídicos y prácticos; y que la verdad debe ser completa,
oficial, pública e imparcial. Agrega que la búsqueda
de la verdad es importante, por un deber moral hacia las víctimas,
los familiares y los deudos, para descubrir y sancionar a los culpables,
para afirmar la democracia y el control ciudadano de las instituciones
públicas y para evitar que las violaciones se repitan. Finalmente,
Chipoco sostiene que el respeto del derecho a la verdad es importante
para abrir la posibilidad del perdón y la reconciliación,
y para cumplir con el Derecho Internacional.[12]
Sin verdad ni justicia
no pueden abrirse caminos para la reconciliación entre los
violadores de los derechos humanos y las víctimas sobrevivientes,
o los familiares de los desaparecidos o asesinados.
Propuestas para mejorar
el aporte de las Comisiones de la Verdad.
Actualmente las críticas
a las Comisiones de la verdad creadas en América Latina se
resumen en:
La reserva en la identificación
y difusión de informaciones acerca de los perpetradores de
las violaciones a los derechos humanos. Esto favorece la impunidad
para los violadores de los derechos humanos.
Incapacidad de reconstruir,
en lo posible, la historia global de las violaciones a los derechos
humanos, abarcando, además de las violaciones a los derechos
humanos básicos, los cometidos en contra de los derechos
económicos, sociales y culturales. A veces las Comisiones
se han limitado a investigar casos "simbólicos"
dejando fuera muchos otros casos que también constituyeron
violaciones a los derechos humanos.
Impotencia para lograr
la restitución a sus legítimos dueños del "Botin
de guerra", robado a los desaparecidos o asesinados en el período
de violencia.
No se ha logrado que
los represores devuelvan a los familiares de sus víctimas
los bienes que les robaron. En Argentina, p.e. algunos represores
viven en las propiedades de sus víctimas y administran las
empresas que les robaron.
Ineficacia en las acciones
de retroalimentación, de la información obtenida,
a la población afectada por la violencia, en lenguaje sencillo,
claro, y a través de los metodos modernos de comunicación.
Imposibilidad de controlar
la ejecución cabal de sus recomendaciones en los diversos
campos, -para la superación de la impunidad, la prevención
de nuevas violaciones a los derechos humanos, y las acciones de
reparación a las víctimas o a sus familiares- después
del final de su mandato.
Riesgos de instrumentalización
política de las investigaciones y conclusiones de la Comisión
de la Verdad. Llegar al final de su mandato sin que las familias
de las víctimas alcancen la tan esperada verdad y justicia.
___________
[1]
Derechos Humanos Hoy, Informativo CODEPU, N° 34, Santiago de
Chile, Marzo-abril del 2001.
[2]
General de Brigada Iberico Manuel Saint Jean, Gobernador de Buenos
Aires. (Argentina, proceso al genocidio, CADHU, 1977, Pág.
12.)
[3]
General E.P. Luis Cisneros Vizquerra, Presidente del Comando
Conjunto de las FFAA. Lima, en: Quehacer 24, Octubre de 1983.
[4]
Nunca Más. Pág. 7 CONADEP 1987. El subrayado es mio.
[5]
IIDH, Estudios Básicos de Derechos Humanos Tomo VII, Costa
Rica 1996 Pág. 45
[6]
Informe de la Comisión de la Verdad: "De la Locura a
La Esperanza. La guerra de 12 años en El Salvador".
1993.
[7]
“La reparación por parte del Estado hacia las víctimas
de la Tortura”. Carlos Madariaga, en Reflexión, Cintras,
a o 7, N 22, diciembre de 1994, págs. 9 al 11.
[8]
Informe sobre calificación de víctimas de violaciones
de derechos humanos y de la violencia política, Corporacion
Nacional de Reparación y Reconciliación, Santiago,
1996, Pág. 576
[9]
Folleto acerca de la Ley 24.411 de los Familiares de desaparecidos
y detenidos por razones políticas de Argentina, diciembre
1998.
[10]
Luis Enrique Salazar Flores, FESPAD, Fundación de Estudios
para la Aplicación del Derecho, San Salvador 2000, pág.9.
[11]
Informe de la Comisión de Esclarecimiento Histórico:
"Guatemala: Memoria del Silencio", Guatemala, febrero
de 1999.
[12]
Carlos Chipoco, “El derecho a la verdad”. En Paz, N 28.
Págs. 83 al 106, Lima, marzo de 1994. Chipoco comenta el
desarrollo de esta teoría en los casos de Argentina, Chile
y El alvador.
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