Situación Actual de los Derechos
Humanos en Colombia[1]
Flor
Alba Romero (*), abril 1999
La situación
de Derechos Humanos en Colombia, no obstante los cambios institucionales ocurridos
desde la promulgación de la Constitución de 1991, continúa siendo crítica.
En efecto, la generosa declaración de derechos y la creación de mecanismos
de protección de éstos, así como la figura del Defensor del Pueblo, no han
conducido a una reducción sensible de los niveles de violencia política ni
de las violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario
–expresadas estas en desapariciones forzadas, asesinatos, masacres y torturas-
.
Naciones
Unidas, a través del Comité de Derechos Humanos dijo lo siguiente:
”El
Comité deplora que continúen en Colombia las violaciones patentes y en gran
escala de los derechos humanos y que el nivel de violencia política y delictiva
sea aún muy alto. En especial, el Comité deplora las ejecuciones extrajudiciales,
los asesinatos, la tortura y otros tratos degradantes, las desapariciones
forzadas y las detenciones arbitrarias llevadas a cabo por miembros de las
fuerzas armadas, la policía, los grupos paramilitares y los guerrilleros.
Al parecer, dichos actos están dirigidos expresamente contra los periodistas,
los activistas de derechos humanos, los dirigentes sindicales y políticos,
los maestros, los miembros de las poblaciones indígenas y los jueces”. [2]
Hoy,
cuando la guerra se ha recrudecido afectando seriamente a la población civil
y está en la mesa la discusión sobre un probable acuerdo de paz del gobierno
con la insurgencia, es más urgente que nunca insistir en la importancia de
respetar la vigencia de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario.
Las cifras sobre violaciones a
los Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario aumentaron
considerablemente. Según el informe del año 97 del Banco de Datos de Derechos
Humanos y Violencia Política del Centro de Investigación y Educación Popular
–CINEP- y de la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz de la Conferencia
de Religiosos de Colombia –CRC-, los datos son los siguientes [3] :
76.8% paramilitares
18.6% insurgencia
4.4%
Estado
Número de víctimas
de violaciones a los Derechos Humanos
Ejecuciones extrajudiciales 1.213
Amenazas 343
Desapariciones 192
Torturas 150
Heridos 95
Detenciones arbitrarias 52
Secuestros 9
Atentados 8
Responsables de infracciones
al Derecho Internacional Humanitario
Paramilitares 1.156
Insurgencia 316
Fuerzas Armadas
50
Responsables de masacres
Paramilitares 84%
Insurgencia 14%
Fuerzas Armadas 2%
Violencia electoral
Renuncia de candidatos 132
Candidatos secuestrados 532
Desde
el año 1992 son los grupos paramilitares los responsables en la mayoría de
masacres, secuestros, desapariciones y torturas ocurridos en el país. Aunque
el gobierno colombiano insiste en negar que existe colaboración y relación
entre los paramilitares y las Fuerzas Armadas y que más bien se trata de casos
aislados, hay ya varias investigaciones que está adelantando la Fiscalía General
de la Nación, que da cuenta de casos en los que están involucrados oficiales
del Ejército.
Al respecto,
el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, expresó:
” El
Comité está profundamente preocupado por las pruebas del apoyo militar a los
grupos paramilitares. El decreto dictado recientemente, cuyo efecto sería
legalizar el establecimiento de grupos civiles armados (las llamadas Asociaciones
de Vigilancia y Seguridad Rural, CONVIVIR), agravaría al parecer esta situación.
...
El Comité insta a que se adopten medidas apropiadas y eficaces para garantizar
que los miembros del ejército, las fuerzas de seguridad y la policía respeten
los derechos humanos. El Comité recomienda enérgicamente que se investigue
y castigue el apoyo prestado por el personal militar o las fuerzas de seguridad
a los grupos y operaciones paramilitares, que se adopten medidas de inmediato
para dispersar a los grupos paramilitares y que se considere la posibilidad
de revocar el decreto presidencial por el que se legaliza la constitución
de Asociaciones de Vigilancia y Seguridad Rural.” [4]
Los
paramilitares han logrado el control de más de la mitad de municipios del
país; su fortalecimiento a nivel nacional es un hecho innegable. La situación
del país reclama del gobierno la adopción de medidas urgentes para limitar
las atribuciones de la Fuerza Pública y de los organismos de seguridad del
Estado en relación con actuaciones de orden público en las que la población
civil es víctima de abusos, y una verdadera política de persecución del paramilitarismo,
que exigirá además una depuración de las Fuerzas Militares. Esto implica que
quienes estén involucrados en la conformación de grupos paramilitares y violación
a los derechos humanos deban salir de la institución.
La consecuencia
inmediata del conflicto armado interno es el desplazamiento forzado de miles
de personas. Desde la década del 80 este fenómeno se presenta en Colombia
y se ha agravado en los últimos años.
La Conferencia
Episcopal Colombiana y la Consultoría de Derechos Humanos sobre el Desplazamiento
–CODHES-, sostienen que desde 1985 hasta la fecha se han desplazado 1.200.000
colombianos aproximadamente. Solamente en 1997 se desplazaron 206.460 personas.
Zonas
como Urabá, Córdoba, sur de Bolívar, Putumayo, Chocó, Meta, Vichada, Santander
del Sur han sido expulsoras. Bogotá y Medellín son las ciudades que más han
recibido a los desplazados.
Los
desplazados se convierten en expulsados de su propia tierra, anónimos en la
ciudad, a quienes se le están violando sus más elementales derechos a la vivienda,
a la educación, a la salud, al trabajo, a la libre locomoción. Pero no solamente
tienen que sufrir la negación de sus derechos; además, deben soportar la discriminación
y estigmatización por parte de autoridades y aun de la misma población. Un
ejemplo es el rechazo a la reubicación de las 270 familias desplazadas de
la Hacienda Bellacruz en 1996, por parte de la gobernación de Cundinamarca,
argumentando que esta población es un factor de inestabilidad e inseguridad
para la región.
Ante
la gravedad de la situación ha habido una limitada actuación del gobierno
nacional; no se ha atacado el problema de raíz, persiguiendo a los grupos
paramilitares y las ayudas estatales, que fueron de $62.000.000 en el primer
semestre de 1998, solo han cubierto el 3% de los desplazados. La Consejeria
Presidencial para los Desplazados informó que en el año 97 atendió a 34.966
desplazados.
Aunque
la Iglesia Católica y otras iglesias, junto con organizaciones no gubernamentales,
han realizado una importante labor de apoyo humanitario a los desplazados,
estos esfuerzos no son suficientes ni pueden reemplazar la obligación del
Estado.
Convendría
entonces una propuesta de atención integral a los desplazados, con la concertación
de instancias gubernamentales y no gubernamentales. Para el caso de los desplazados
que no tienen condiciones de seguridad para retornar a su lugar de origen,
habrá la necesidad de contar con un plan que cubra sus necesidades básicas:
vivienda, salud, trabajo, educación.
Para
quienes se reubiquen en zonas agrarias, la asignación de predios tendrá que
hacerse con procedimientos rápidos, ayuda humanitaria mientras se estabilizan,
garantías a su participación en los proyectos productivos y recursos de crédito.
Para
la eficacia de una política de atención integral a la población desplazada
por la violencia política habría que tener en cuenta:
·
Prevención de las causas que la originan
·
Atención humanitaria de emergencia
·
Diseño de soluciones duraderas, teniendo en cuenta la dignidad,
seguridad y voluntariedad de los desplazados.
·
Atención de los éxodos masivos y de los desplazamientos
familiares y/o individuales.
·
Coordinación del gobierno con las organizaciones no gubernamentales,
las iglesias y la academia para el diagnóstico y la atención del problema
·
Concertación de políticas con los gobiernos territoriales
en las zonas afectadas
·
Diseño de un plan prioritario de recuperación psicosocial.
·
Formación de funcionarios en Derechos Humanos, DIH y Derecho
Internacional de Refugiados.
Según
las Naciones Unidas, a los desplazados hay que restituirles sus derechos violados
y otorgarles garantías de no repetición e indemnización.
Se suma
a esta situación la ineficacia del sistema de justicia reflejado en los altísimos
niveles de impunidad, que para el caso de los Derechos Humanos es del 90%,
según la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Para
el caso de los miembros de la fuerza pública involucrados en violaciones a
los Derechos Humanos, la Justicia Penal Militar se ha convertido en factor
de impunidad, que se constata en las decisiones de exonerar de responsabilidad
a los militares responsables. Al respecto se expresó El Comité de Derechos
Humanos de Naciones Unidas:
”El
Comité toma nota con gran preocupación de que la impunidad sigue siendo un
fenómeno difundido y de que el Consejo Superior de la Judicatura ha ampliado
el concepto de actos relacionados con el servicio a fin de permitir que muchos
casos de violaciones de los derechos humanos por las fuerzas militares y de
seguridad se transfieran de la jurisdicción civil a la militar. Eso fortalece
la institucionalización de la impunidad en Colombia porque la independencia
e imparcialidad de esos tribunales son motivo de graves dudas. El Comité desea
señalar a la atención que el sistema penal militar carece de muchos de los
requisitos enunciados en el artículo 14, como se observa en las enmiendas
al artículo 221 de la Constitución, que permite que los oficiales en servicio
activo sean miembros de tribunales militares, y en el hecho de que los militares
tengan derecho a aducir en su defensa el cumplimiento de órdenes superiores”. [6]
Por
su parte la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su Informe Anual
de 1996 [7] , expresó:
”En
1996, los problemas de la impunidad y la denegación de justicia continuaron
siendo importantes en Colombia. En junio de 1996, el Consejo Superior de la
Judicatura informó que entre el 97% y 98% de todos los delitos quedan impunes
y que el 74% de los delitos no son denunciados. Según información de la Policía
Nacional, el 90% de todos los delitos quedan impunes. Los observadores de
los derechos humanos afirman que virtualmente el 100% de todos los delitos
relacionados con la violación de los derechos humanos quedan impunes. La Comisión
observó que muchas investigaciones no fueron iniciadas efectivamente hasta
mucho tiempo después de que ocurriera la violación y muchas otras se quedaron
estancadas años después de haberse iniciado la investigación.”
Lo anterior
plantea la necesidad de restringir la competencia de los tribunales militares
para someter a los tribunales civiles la investigación y el juicio de las
violaciones de derechos humanos. Así mismo, debe reforzarse el sistema judicial
para hacerlo más eficiente y acorde con los lineamientos internacionales en
esta materia.
La labor de defensa de los derechos humanos en Colombia
se ha tornado peligrosa. Quienes son responsables de violaciones ven en los
defensores y defensoras una instancia fiscalizadora que les incomoda y limita.
Desde 1996, han sido asesinados 24 defensores de los Derechos Humanos, -entre
los cuales se encuentran Josué Giraldo, Mario Calderón, Elsa Alvarado, Jesús
María Valle, Eduardo Umaña Mendoza; otros 20 están amenazados y 15 se encuentran
en el exilio. Algunos de ellos han sido declarados objetivo militar por parte
de los paramilitares.
Al respecto, la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos señaló:
” Los ataques contra personas que trabajan en el campo
de los derechos humanos, partidos políticos de alternativa o los tradicionales,
autoridades electas a nivel local y sindicalistas continuaron en 1996.
... La Comisión insta al gobierno de Colombia a que
encuentre y adopte medidas de protección eficaces para los individuos que
trabajan en el ámbito de los derechos humanos y otros grupos amenazados... [8] ”
Ante
esta situación, las organizaciones de Derechos Humanos han exigido al gobierno
nacional protección a su labor legítima. Aunque se creó un programa de protección,
éste ha tenido un lento desarrollo y las medidas urgentes que prometió el
gobierno tomar, se han adoptado solo parcialmente.
Urge
entonces que haya eficacia en las medidas a tomar para proteger la vida de
quienes han asumido en el país esta difícil tarea, pero también en las investigaciones
sobre los responsables de los asesinatos de estos defensores de derechos humanos.
La crisis
carcelaria ha llegado a extremos preocupantes. El Comité de Derechos Humanos
de Naciones Unidas expresó en el año 97:
”El
Comité expresa su preocupación ante las terribles condiciones de las cárceles,
incluido ante todo el grave problema del hacinamiento en los lugares de detención,
así como el hecho de que hasta la fecha no se haya adoptado medidas para resolver
ese problema.
...
El Comité destaca la obligación del estado parte, con arreglo al artículo
10 del Pacto, de velar porque se mantenga a todas las personas privadas de
su libertad en condiciones humanitarias y se les conceda el respeto debido
a la dignidad inherente a su condición de persona humana. En particular, en
relación con el problema del hacinamiento, el Comité sugiere que se examine
la posibilidad de adoptar medidas distintas de la prisión que permitan que
algunas personas condenadas cumplan sus sentencias en la comunidad, y que
se asignen mayores recursos a la ampliación de la capacidad y el mejoramiento
de las condiciones de las instituciones penitenciarias”.
El país
cuenta actualmente con 167 cárceles para albergar 28.000 internos. La realidad
es que hay actualmente 43.221 reclusos, lo que muestra el grado de hacinamiento
en los centros de reclusión; el total de internos es custodiado por 6.000
guardianes.
Por
otra parte, hay 3.500.000 de expedientes en los juzgados, en espera de una
decisión, lo que nos hace inferir que la ineficacia del Estado afecta el derecho
de toda persona acusada de un delito a un pronto y debido proceso [9] .
Desde
el año pasado se sucedieron más de un centenar de mitines y tomas de las cárceles
por parte de los reclusos, reclamando el respeto a sus derechos y contra el
hacinamiento en el que viven. En muchas de estas ocasiones la respuesta del
Estado fue represiva costando la vida a algunos de los internos.
La crisis
carcelaria podrá ser superada en la medida en que se derogue la Justicia Regional
–que se desmontará en junio de 1999-, se erradique el criterio peligrosista
en el sistema penal, se aborden los problemas de la igualdad ante la ley,
se recalque en los derechos humanos de los reclusos y se controle la elevada
corrupción administrativa.
La situación de los Derechos Humanos y del Derecho
Internacional Humanitario en Colombia es muy grave. Tanto las Naciones Unidas
como la OEA, luego de visitas ”in loco” y de reuniones con funcionarios del
gobierno, de organismos no gubernamentales y de víctimas, han expresado su
preocupación y han elaborado observaciones y recomendaciones que no han sido
tenidas en cuenta totalmente por el gobierno colombiano.
Aunque
hay aspectos positivos de reconocimiento de los derechos humanos, hay una
gran distancia entre la ley escrita y la realidad.
No se compadecen la cantidad de leyes de protección y herramientas
legales de defensa con su aplicación práctica y efectiva.
Teniendo
en cuenta que los responsables de las principales violaciones a los Derechos
Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario son los paramilitares,
es urgente que el Estado colombiano actúe en su persecución y procesamiento,
incluyendo a los miembros de las Fuerzas Armadas involucrados con aquellos.
Aunque
el gobierno del Presidente Pastrana ha adelantado acercamientos con los actores
armados y ha expresado el deseo de sentarse con ellos en la mesa de negociación,
aún no se conoce el plan en materia de Derechos Humanos.
Ante
el recrudecimiento de la guerra, convendría un acuerdo de tregua que minimice
el costo en vidas humanas que actualmente estamos viendo. Los actores armados
además deben dar muestras de humanidad y de aplicación del Derecho Internacional
Humanitario.
Es muy
importante la veeduría y el acompañamiento internacional, no solo para el
proceso de paz sino para el monitoreo y observación en materia de Derechos
Humanos y de Derecho Internacional Humanitario.
(*) Docente Derechos
Humanos, IEPRI
[1] Ponencia presentada en el Centro de
Estudios Latinoamericanos de la Katholische Universität Eichstätt, Alemania, el
23 de noviembre de 1998.
[2] Ver ”Examen del Comité de Derechos
Humanos al cuarto informe periódico presentado por Colombia, 59 periodo de
sesiones, 9 de abril de 1997”, en la publicación CONTRA VIENTO Y MAREA, editada
conjuntamente por la Defensoria del Pueblo y la Comisión Colombiana de
Justicia, Tercer Mundo Editores, Santafe de Bogota, diciembre de 1997.
[3] Ver Banco de Datos de Derechos
Humanos y Violencia Política, Balance 1997, Noche y Niebla, Separata Especial,
Santafé de Bogotá, Enero de 1998.
[4] Examen del Comité de Derechos
Humanos al cuarto informe periódico presentado por Colombia, 59 periodo de
sesiones, 9 de abril de 1997.
[5] Ver propuestas para una nueva política
sobre el desplazamiento interno por la violencia en Colombia”, documento
presentado por el grupo interinstitucional conformado por la Conferencia
Episcopal de Colombia, el Programa por la Paz, el Servicio Jesuítico para los
Refugiados, el Grupo de Apoyo a Organizaciones de Desplazados –GAD-, la Organización
Internacional de Migraciones, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para
los Refugiados –ACNUR- y las Universidades Javeriana y Nacional, al Ministro
del Interior, Dr. Nestor Humberto Martínez Neira, en octubre de 1998.
[6] Examen del Comité de Derechos
Humanos al cuarto informe periódico presentado por Colombia, 59 periodo de
sesiones, 9 de abril de 1997.
[7] Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
Informe anual, 1996, OEA/Ser.L./V/II.95, Doc. 7 rev., 14 de marzo de 1997,
Secretaria General, Organización de los Estados Americanos, Washington, D.C.,
1997, p. 681 a 701.
[8] Obra citada
[9] Ver Actualidad Colombiana, Boletín Informativo,
Santafe de Bogota, septiembre de 1998.