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VERDAD,
JUSTICIA Y RECONCILIACIÓN
El
papel de la verdad y la justicia en la reconstrucción de
sociedades fracturadas por la violencia
Carlos
Martín Beristain
Justicia, verdad y Reconciliación
Tras la finalización
de conflictos o dictaduras, muchas sociedades se han planteado la
necesidad de conocer el pasado, para dar voz a las víctimas
cuya experiencia había sido silenciada o manipulada y para
que la sociedad entera, una buena parte de la cual había
vivido al margen de esas atrocidades, reconociera lo que había
sucedido. Ese trabajo ha sido oficialmente encargado a Comisiones
de la Verdad que tenían que llevar adelante una investigación
veraz sobre los hechos y un reconocimiento a las víctimas,
proponiendo también formas de reparación o de prevención
de las atrocidades en el futuro.
Los detractores de esos
procesos, quienes han tenido graves responsabilidades en la violencia
contra la población civil y, en general, la historia oficial
de muchos países, ha tratado de promover el reparto de responsabilidades
entre todos, y recetar el olvido como la fórmula para la
reconstrucción. Sin embargo, la experiencia indica que es
la amnesia la que hace que la historia se repita y que se repita
como pesadilla. La buena memoria permite aprender del pasado, porque
el único sentido que tiene la recuperación del pasado
es que sirva para la transformación de la vida presente (Galeano,
1996).
El primer obstáculo
para la reconciliación es que la gente no puede reconciliarse
con sus experiencias, si no puede compartirlas con otros y darles
una dimensión social no puede hacerlas parte de su vida.
Para las víctimas
y familiares el conocimiento de la verdad es una de las principales
motivaciones. Esa demanda implícita de dignificación
está muy ligada al reconocimiento de la injusticia de los
hechos y a la reivindicación de las víctimas y los
familiares como
personas cuya dignidad
trató de ser arrebatada.
Romper el silencio de
los hechos, hablar de la experiencia, por amarga o dolorosa que
sea, es descubrir la esperanza de que esas palabras quizás
sean oídas y luego,
una vez oídas, juzgados los hechos. Todo eso implica que
para mejorar la situación de las víctimas y, dado
el impacto de la violencia el propio clima social del país,
se necesita asumir la verdad, luchar contra la impunidad y apoyar
a los sobrevivientes.
Otras muchas personas
piden justicia y castigo a los culpables (que en ocasiones son victimarios
conocidos en las comunidades). El ánimo de venganza no ayuda
a la reconstrucción del tejido social, pero la convivencia
con los victimarios puede seguir siendo un problema importante cuando
no se hace justicia y además, muchos de ellos pueden haber
sacado ventaja social de su poder (dinero, tierra, etc.). En la
demanda de justicia hay por tanto implícita una demanda de
lograr unas nuevas bases para la convivencia que no estén
fundadas en la posesión de las armas o el poder de coacción.
¿Cómo
se reconcilia un país con su realidad?
El problema no es que
la memoria nos lleve a vivir mirando hacia atrás. Es precisamente
al revés. Si la historia se convierte en pesadilla se debe
a que el pasado se obstina en no serlo. La "elaboración"
del trauma supone reconocer que ha quedado atrás, sustituir
la simultaneidad psicológica por una secuencia pasado-presente,
ir desalojando poco a poco el lastre del agravio y el resentimiento
que nos mantiene apegados a un ayer interminable. Pero para ello
es necesario el recuerdo colectivo como una forma de reconocer que
los hechos ocurrieron, que fue injusto y que no se debe repetir.
Pero existen al menos
dos verdades: una factual y otra moral, la verdad de las narraciones
que cuentan lo que ocurrió y la de las narraciones que intentan
explicar por qué y a causa de quién. La primera supone
un proceso de investigación del pasado y la publicación
de los hechos, los responsables y la memoria de las víctimas.
La segunda requiere de todo un proceso social, educativo y político
para hacer "calar" esa verdad.
A pesar de las demandas
de las propias víctimas para conocer la verdad, enfrentar
los hechos y pedir responsabilidades, frecuentemente desde el estado
se plantea la impunidad como el único horizonte posible.
Sin embargo, la impunidad no es inevitable . Además existen
otras formas de sanción social que pueden ayudar a la reconstrucción
tales como la separación de cargos, eliminación de
prerrogativas, inhabilitación para ejercer cargos públicos,
etc. para eliminar el poder de los responsables, promover un nuevo
espacio social para la reconstrucción y evitar los falsos
procesos de reconciliación.
Según Ignatieff
(1999), cuando falta la justicia la verdad se niega fácilmente.
Aunque sea sobre casos concretos o personas determinadas, la investigación
de las hechos y la sanción posterior supone una prueba que
no se puede negar. Pero la justicia no siempre facilita la reconciliación
por parte de los verdugos. Éstos reaccionan frecuentemente
justificando sus acciones e incluso amenazando a la sociedad. Sin
embargo, lo peor sería dejar sin castigo los crímenes,
si no se rompe el círculo de la impunidad las sociedades
tienen libre el terreno para entregarse a la negación. La
impunidad ayuda a los que tienen el poder a imponer una versión
de la historia y un orden social de acuerdo a sus propios intereses.
Los mecanismos de la
crueldad
Según Hannah Arendt,
la terrible originalidad de los totalitarismos no se debe a que
alguna "idea" nueva haya entrado en el mundo, sino al
hecho de que sus acciones rompen con todas nuestras tradiciones,
han pulverizado literalmente nuestras categorías de pensamiento
político y nuestros criterios de juicio moral. Entender el
totalitarismo no significa perdonar nada, sino reconciliarnos con
un mundo en el que cosas como éstas son posibles.
En muchos contextos de
guerra y represión política los mecanismos que hacen
posible el horror está el sistema de formación de
cuerpos militares, la formación de grupos paramilitares,
un entrenamiento en la obediencia, fuerte control de grupo y complicidad
en las atrocidades, y deshumanización de la población
civil, o la participación en atrocidades de los grupos insurgentes
(rigidez ideológica, insensibilización frente al sufrimiento,
oposición convertida en enemigo, etc.).
Estos sistemas y dinámicas
del conflicto armado explican en gran medida el carácter
tan destructivo que ha tenido en muchos lugares la represión
política, pero también se manifiesta posteriormente
en numerosas formas de violencia en las postguerras ya que, todavía
una parte de esa redes se mantienen intactas (Guatemala, El Salvador).
La memoria de las atrocidades es también una parte de la
prevención de la violencia en el futuro. Del desmantelamiento
de los mecanismos que han hecho posible el horror depende en gran
medida que no se repita la tragedia.
La justicia para rehabilitar
a los victimarios
La justicia puede hacer
también que muchos responsables de la violencia contra la
gente salden cuentas con su pasado. La posibilidad de dar sus testimonios
bajo condiciones de seguridad y confianza, de reconocer la dignidad
de las víctimas y participar en actividades de reparación
social a los sobrevivientes, así como someterse a la sanción
social, son elementos clave para la reestructuración ética
y la reintegración social de los victimarios.
Pero, a pesar de todas
las dificultades, la experiencia de otros países muestra
cómo poco a poco se abren agujeros en ese muro de silencio.
En 1995, en Argentina, el capitán Alfredo Scilingo que ya
no podía dormir sin alcohol o psicofármacos decidió
hacer una confesión pública, diciendo que había
echado al mar a treinta personas, y denunció que en aquellos
años habían sido entre mil quinientos y dos mil los
prisioneros políticos que la Marina argentina había
tirado al mar. A mediados de 1998 el dictador argentino Jorge Videla
fue a parar a la cárcel. No fue castigado por genocidio sino
por el robo de niños nacidos en los campos de concentración
de las mujeres detenidas y que poco después de dar a luz
serían asesinadas.
Nada de esto, ni la crisis
de Scilingo ni la investigación sobre el robo de bebés,
hubieran salido adelante sin los movimientos sociales y las personas
que han estado comprometidas y obstinadas durante años en
la denuncia y la lucha contra la impunidad. La memoria de las madres
y abuelas ha constituido aquello que Canetti llamó un cristal
de la masa, es decir un pequeño grupo perseverante que ha
mantenido viva esa memoria. Gracias a esos grupos, la memoria puede
convertirse en algunas ocasiones en una memoria abierta, en una
masa en red que atrae a todos hacia el sentido de justicia.
La impunidad como obstáculo
para la reconciliación
La impunidad es un obstáculo
para la reconciliación, a pesar de que muchas veces se plantea
que es el precio de la paz. Por regla general, los gobiernos civiles,
que han sucedido a las dictaduras militares en América Latina,
se están limitando a administrar la injusticia, defraudando
las esperanzas de cambio. Las leyes de la impunidad, obediencia
debida, amnistía, etc. están todas cortadas con la
misma tijera. La sociedad enferma de miedo, dolor y desaliento necesita
de una nueva vitalidad que la democracia prometió y no puso
o no ha sabido dar (Galeano, 1998).
Así las dictaduras
han dejado su lastre al futuro. Según Sveass (1995) algunos
de esos efectos de la impunidad son:
Amenaza la creencia en
una sociedad democrática y es una continuación de
la opresión y falta de libertad. La imposibilidad de investigar
y sancionar a los responsables de las violaciones y el rechazo a
la demanda de justicia crea dudas y miedo respecto a las propias
ideas de democracia.
Confunde y crea ambigüedad
social. Falta de respeto a la ética y a la justicia. La impunidad
destruye la posibilidad de reconstruir una relación ética
entre la gente. La mentira y la negación son institucionalizadas
y defendidas por la justicia del país. Por una parte se dice
que se lucha contra la violencia pero se protege a quienes la han
ejercido y siguen teniendo poder de coacción.
La impunidad hace que
la gente busque la justicia por su cuenta. Cuando no hay justicia,
la gente puede ver que la ley no va a dar repuesta a sus problemas
y pasar a justificar o llevar a cabo venganzas privadas.
La impunidad estimula
el delito. La democracia paga las consecuencias, convivir con las
formas de justificación de la violencia y los mecanismos
de control social que perduran. La impunidad supone un mecanismo
educativo que rompe las normas de convivencia y genera frecuentemente
un refuerzo de las respuestas autoritarias que limitan las libertades.
La falta de una verificación
oficial introduce dudas y escepticismo respecto a los testimonios
recogidos. Reduce las posibilidades de un duelo colectivo. Al no
hablar y no verificar hace que se mantengan los traumas colectivos,
creando una barrera entre grupos de la misma sociedad. El proceso
de reconstrucción y reconciliación se vuelve mucho
más difícil.
¿Para qué
sirven los juicios?
Las guerras modernas
que buscan ganar control sobre el tejido social como una manera
de destruir al enemigo, separan frecuentemente a los agresores de
la verdad de sus propios actos porque los asesinatos, masacres o
desplazamientos masivos eliminan a las víctimas y regalan
a los vencedores una verdad indiscutible. No hay nadie que recuerde
a los vencedores que esas casas tuvieron otros dueños o que
en esa tierra otros enterraron a sus muertos. La victoria encierra
al vencedor en un olvido que le libra de la vergüenza y el
remordimiento, sentimientos imprescindible para encontrarse con
la verdad (Ignatieff, 1998).
El objetivo de los tribunales
es individualizar las responsabilidades dado que no se puede traspasar
la culpa a las colectividades. Los juicios ayudan a convertir la
culpa en vergüenza puesto que la hacen pública y suponen
una sanción moral sobre los hechos y sus responsables. Sin
embargo, en muchos lugares los sistemas judiciales no ofrecen garantías
mínimas y la impunidad se disfraza de burocracia y argucias
legales. Todo ello supone un largo y difícil camino para
obtener un reconocimiento de los hechos y una sanción social
basada en la justicia. Sin embargo, de la presión social
y política y de la adecuada conducción legal de esos
procesos, depende que se vayan abriendo grietas en el muro de la
impunidad al que se enfrentan muchos países.
La importancia de los
juicios puede evaluarse en varios niveles:
Legal. Los responsables
reciben una justa sentencia.
Moral, ya que es una
demostración que la justicia es un principio válido
(la diferencia entre el bien y el mal es restaurada por la postura
pública oficial).
Sobre la Verdad. Hay
una confirmación pública de las violaciones. Se da
la posibilidad de una historia común. Puede empezar un nuevo
proceso para una verdadera rehabilitación y reconciliación.
Los juicios son rituales
públicos, ritos de paso de la dictadura a la democracia.
Algunos juicios ponen
de manifiesto una crisis de legitimidad que conlleva cambios legales
y políticos .
Reconstruir el tejido
social: Justicia para la convivencia
En algunos países
la violencia política afectó también al tejido
comunitario, especialmente en las áreas rurales donde se
produjeron efectos muy importantes en la estructura social de las
comunidades, las relaciones de poder y la cultura. La justicia se
enfrenta aquí a su papel para reconstruir las normas básicas
de convivencia y el respeto a los derechos humanos.
Sin embargo, la justicia
no mira sólo a los hechos pasados sino también a las
amenazas que comprometen el futuro (problemas de tierra, desarraigo
de los desplazados, reintegración de población civil
y ex-combatientes, y la desmilitarización). Por otra parte,
en muchos países, la impunidad y la educación en la
violencia que se ha dado con el reclutamiento forzoso y la actuación
paramilitar o guerrillera, pueden suponer un recrudecimiento de
la violencia social.
Esto muestra que a pesar
de la finalización del conflicto armado, las consecuencias
de la guerra se manifiestan a largo plazo y amenazan el futuro de
la convivencia, situando en primera línea de la agenda de
la paz la importancia de acabar con la impunidad y la necesidad
de enfrentar los problemas sociales que están en la base
del conflicto.
Atención a los
procesos locales
Muchos de esos procesos
pueden ser muy diferentes según los lugares e historias locales
del conflicto. Cuando en el proyecto Recuperación de la Memoria
Histórica, REMHI (ODHAG, Guatemala) se empezaron a recoger
testimonios en la comunidad de Chicoj, mucha gente quiso dar a conocer
su historia de forma pública, pero también compartirla
con otras comunidades con las que se encontraban enfrentadas o distantes
a consecuencia de la guerra, como una forma de hacer un proceso
de reconciliación local. En otros lugares, hablar de lo que
pasó llevó también a denunciar cementerios
clandestinos, a realizar ceremonias como en Sahakok (Alta Verapaz),
en donde los ancianos soñaron una cruz en lo alto del cerro
donde habían quedado sin enterrar tantos de sus hermanos.
Veintiocho comunidades se organizaron para llevar a cabo ese sueño.
En la montaña, además de sus restos, quedaron escritos
entonces los nombres de novecientas dieciséis personas que
la gente había ido recogiendo. La cruz en lo alto de la montaña
no es sólo un recuerdo de los muertos sino una sanción
moral contra las atrocidades.
Para muchas personas
ese recuerdo supone también una forma de conciencia social
y un estímulo para su vida. Esas formas de recuerdo colectivo
no son sólo procesos privados o de pequeños grupos.
En la medida en que conquisten el espacio público, pueden
ayudar a una sociedad a desprenderse de las formas de respuesta
atadas a la espiral de la violencia.
Reparación. Mitigar
el daño
Para la reconstrucción
del tejido social no vale sólo asumir la verdad, sino que
también se necesita medidas activas que ayuden a mejorar
la situación de las víctimas, mitigar el daño
y proporcionar un resarcimiento económico y moral. Habitualmente
se habla de "reparación psicosocial" con diferentes
orientaciones: compensaciones económicas y educativas, proyectos
de desarrollo, conmemoraciones y monumentos, etc. Sin embargo, la
primera forma de resarcimiento es hacer que la gente pueda vivir
sin miedo.
El reconocimiento de
los hechos por los autores y de la responsabilidad del Estado, así
como las acciones que ayuden a asumir la verdad como parte de la
conciencia moral de la sociedad, son parte de la reparación
de la dignidad de las víctimas y la mejora de la vida de
los sobrevivientes.
Las formas de resarcimiento
tienen que evitar profundizar las diferencias sociales o introducir
nuevos conflictos en familias o comunidades. En muchos casos la
gestión de las ayudas conlleva conflictos y está orientada
por criterios de legitimación del Estado.
Todas estas medidas compensatorias
no pueden ser desgajadas de otras medidas necesarias como las que
tienen que ver con la memoria colectiva o las demandas de verdad
y justicia. La participación de las poblaciones afectadas,
su capacidad de decisión, la claridad en los criterios y
la equidad de los mismos, así como su reconocimiento como
contribución - no sustitución- a la necesidad de justicia,
suponen un conjunto de aspectos básicos que las acciones
de reparación deberían tener en cuenta (ODHAG, 1998).
El futuro de la reconciliación:
Memoria para la prevención
Para las nuevas generaciones,
el valor de la memoria de sus familiares y los hechos de violencia
tiene gran importancia. Los hijos de los familiares asesinados o
desaparecidos necesitan entender su propia situación como
parte de un proceso colectivo mayor que evite la estigmatización
y reafirme su identidad. Con un sentido más social, muchos
familiares reafirman el valor de la memoria colectiva transmitida
a las nuevas generaciones como una forma de aprendizaje, a partir
de la experiencia de sus antecesores, que evite la repetición
de la violencia que ellos sufrieron.
El impacto de la distorsión
de la memoria en el futuro puede verse también en la actual
tendencia en América Latina a la vuelta al poder de conocidos
represores, el aumento de movimientos de extrema derecha o del racismo
en Europa, el hecho de que líderes que en el pasado colaboraron
con el nazismo o la represión estalinista se erijan en representantes
de nuevos nacionalismos, o la transformación con el paso
del tiempo de los instigadores de la guerra en los "defensores
de la paz". Todo ello pone de manifiesto el riesgo de que se
repitan las atrocidades del pasado y del presente.
La reconciliación
como proceso
Las naciones no se reconcilian
como pueden hacerlo las personas, pero se necesitan gestos públicos
y creíbles que ayuden a dignificar a las víctimas,
enterrar a los muertos y separarse del pasado. Los dirigentes políticos
pueden influir en ese proceso difícil que lleva a la gente
a saldar cuentas con un pasado colectivo doloroso. No son las víctimas
quienes tienen que reconciliarse con los victimarios. Se necesitan
gestos públicos de éstos, una práctica oficial
y someterse a la sanción social para ello.
Para hacer ese camino
se necesita voluntad política por parte de gobiernos y autoridades.
Pero también de la fuerza y coherencia necesarias para superar
estereotipos y actitudes excluyentes entre distintos grupos sociales
o fuerzas políticas de oposición. Sin un cambio de
cultura política no sólo disminuyen las posibilidades
de unir fuerzas que provoquen cambios sociales, sino que se corre
el riesgo de nuevos procesos de confrontación y división
que pueden afectar seriamente al tejido social .
Por todo ello la reconciliación
es más difícil en: sociedades con grave polarización
sobre el pasado; cuando no hay nuevos consensos sociales después
de la guerra; si el nuevo marco de convivencia está regentado
por los antiguos actores o nuevas fuerzas excluyentes; cuando las
comunidades existentes están muy consolidadas en torno a
su propia verdad.
En palabras de Ignatieff,
reconciliarse significa romper la espiral de la venganza intergeneracional,
sustituir la viciosa espiral descendente de la violencia por la
virtuosa espiral ascendente del respeto mutuo. La reconciliación
puede romper el círculo de la venganza a condición
de que se respeten los muertos. Negarlos es convertirlos en una
pesadilla. Sin apología, sin reconocimiento de los hechos,
el pasado nunca vuelve a su puesto y los fantasmas acechan desde
las almenas. Eso significa poder llorar a los muertos, compartir
sus enseñanzas, ser conscientes de que la violencia no devuelve
la vida y devolverles la honra en la lucha por la vida.
El proceso de reconstrucción
exige un programa que incluya entonces el tener en cuenta la memoria
de las víctimas y llevar adelante medidas para mitigar o
reparar el daño en lo posible, medidas que acaben con la
impunidad, reformar las fuerzas armadas, facilitar la participación
política y difundir la verdad en la sociedad, así
como medidas que afronten las raíces económicas y
sociales de la violencia.
Bibliografía
Arendt H. (1995): De
la historia a la acción. Barcelona: Paidós ICE/UAB.
Galeano, E. (1998): Patas
Arriba. La escuela del mundo al revés. Madrid: Siglo XXI.
Ignatieff M. (1999).
El honor del guerrero. Guerra étnica y conciencia moderna.
Madrid: Taurus.
ODHAG, Oficina de Derechos
Humanos del Arzobispado de Guatemala: Informe Proyecto InterDiocesano
de Recuperación de la Memoria Histórica (1998): Guatemala:
Nunca Más. Vol. I, II y III. Impactos de la Violencia. Tibás,
Costa Rica: LIL/Arzobispado de Guatemala.
Sveass, N. (1995): The
psychological effects of impunity. En An Encounter at the crossroads
of human rigths violations and mental health. Centre for Refugees.
Oslo: University of Oslo.
Notas de Referencias:
1 En muchos casos se
han aprobado leyes, amnistías o indultos para los delitos
o crímenes de guerra de las dos partes en conflicto. Sin
embargo, en esa categoría no entrarían los crímenes
de lesa humanidad ni el genocidio. En muchos casos, los regímenes
dictatoriales han otorgado autoamnistías y leyes de punto
final que han tratado de mantener un régimen de impunidad.
En el caso de la Comisión de Verdad y Reconciliación
de Suráfrica, los perpetradores debían presentarse
a la Comisión voluntariamente y ser investigados para poder
acceder a un indulto individual; en caso de no hacerlo, serían
llevados a la justicia penal para su investigación y eventual
castigo.
2 Recientemente la
inquietud de los militares chilenos a raíz de la orden
de detención del general Pinochet y la posibilidad de nuevos
juicios por la participación de militares en un operativo
denominado Caravana de la muerte, ha llevado a que el jefe de
la Marina Jorge Arancibia proponga crear un organismo para alcanzar
un acuerdo sobre el tema de los detenidos desaparecidos durante
la dictadura (El País, 19 junio/99: 10).
3 Un ejemplo de estos
problemas en Guatemala han sido los conflictos en comunidades
del Ixcán, donde la militarización y las divisiones
políticas entre la URNG y las Comisiones Permanentes llevó
a mediados de los años 90 a divisiones comunitarias y conflictos
violentos que amenazaron la comnivencia.
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