LAS
COMISIONES DE LA VERDAD EN AMÉRICA LATINA *
Esteban Cuya
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Introducción
La mayoría de las sociedades latinoamericanas experimentaron
en las últimas cuatro décadas permanentes situaciones
de violencia y conflictos internos, a causa de graves condiciones
de injusticia y desigualdad económica y social. Ante esto,
las frágiles democracias latinoamericanas, siguiendo los
mandatos de los estrategas instalados en Washington D.C., cedieron
el poder a cúpulas militares portadoras de una vocación
mesiánica. De esta forma, el fantasma de la dictadura militar
se instaló con mucha facilidad en los Estados desunidos
del Sur, reemplazando a los débiles gobiernos constitucionales,
no necesariamente democráticos.
El poder militar se entronó en 1954 en Paraguay, en 1964
en Brasil, y poco después en Perú, (1968), Uruguay,
(1972) Chile (1973), Argentina, (1976) Bolivia, entre otros países.
Por esta razón, los nombres de los generales Alfredo Stroessner,
Rafael Videla, Augusto Pinochet, el coronel Hugo Banzer, y el
civil José María Bordaberry, se hicieron conocidos
para miles de víctimas de sus gobiernos, así como
para muchos hombres y mujeres solidarios que en diversas partes
del mundo se esforzaron para denunciar sus atrocidades y sus numerosas
violaciones a los derechos humanos.|1| En algunos países,
gobiernos elegidos democráticamente se ponían bajo
la tutela militar, tal como ocurrió en Uruguay, Guatemala,
El Salvador y Honduras.
Los
regímenes militares no solo aspiraban a eliminar las señales
de una supuesta subversión en sus países, sino a
construir estructuras económicas y políticas tendientes
a la modernización y el desarrollo de sus sociedades en
el marco de la doctrina de la "Seguridad Nacional".|2|
Como modernización se entendía la implantación
del capitalismo, al estilo de los Estados Unidos de Norteamérica,
al que se le consideraba como el único modelo posible para
las naciones latinoamericanas.
Tal
como lo sostiene el periodista Daniel Samper Pizano, el nuevo
tipo de dictadura latinoamericana, nació a mediados de
los años sesenta en Brasil, "con la meta de promover
un desarrollo capitalista acelerado, dentro de patrones elaborados
por economistas teorizantes de EE.UU. que requieren como condición
un estricto control social". "Para ello, agrega es preciso
dividir al país de manera maniquea entre los que están
con el régimen y los que no están con él.
A estos últimos se les equipara a subversivos o cómplices
de la subversión, y en la larga lista de sospechosos quedan
inscritos, automáticamente, sindicatos, agremiaciones campesinas,
intelectuales y estudiantes. La prensa es sometida a una estricta
censura. Los militares se convierten en una casta de poder."|3|
Muy
acertadamente Horacio Verbitsky, aseguró sobre el proceso
argentino, que "Los militares que en 1976 capturaron el poder
y en tres años consiguieron su objetivo de eliminar a las
guerrillas montoneras y del ERP, se proponían instaurar
un nuevo orden que recién al filo del siglo XXI cedería
paso a los civiles, organizados en partidos distintos de los del
pasado." Según Verbitsky, en la visión de los
militares, "La economía florecería en pocas
y grandes unidades modernas y la Lucha Contra la Subversión
sería cantada como una gesta continuadora de las campañas
de la emancipación y de la conquista del desierto, un regreso
vital a las fuentes de la nacionalidad, con la cruz y la espada
en alto".|4|
En
el contexto de la "Guerra Fría" entre los Estados
Unidos y la Unión Soviética todo aquel que se oponía
a la construcción de ese proyecto político económico
era considerado como enemigo de la patria, y por lo tanto, tenía
que ser perseguido y eliminado. Entonces, en América Latina,
las torturas, los secuestros, las desapariciones forzadas, el
genocidio, el destierro, se convirtieron en una realidad cotidiana
que envolvió a miles de personas en el contexto de sociedades
militarizadas controladas por medio del terror.
Los regímenes dictatoriales se prolongaron en algunos países
por varias décadas, con el propósito de concretar
sus proyectos de Estados fuertes y modernos: En Paraguay: Stroessner,
(1954-1991). En Chile: General Augusto Pinochet, (1973-1990).
En Argentina: Videla, Viola, Galtieri, (1976-1982). En Uruguay:
Jorge Pacheco Areco, y José María Bordaberry (1966-
1985).
El aislamiento. Internacional por sus violaciones a tos derechos
humanos y a los convenios de la ONU, la lucha permanente y sacrificada
de la resistencia interna, él desgaste generalizado por
la corrupción institucional, entre otros hechos, determinaron,
el alejamiento político de los militares, y la devolución
del poder a los civiles. Luego de estos periodos tan Convulsionados,
de dictaduras militares, terrorismo de Estado y violencia insurgente,
a mediados de los años 80 América Latina comenzó
a transitar hacia regímenes democráticos. A la caída
de Videla y Cia., siguió la caída de García
Meza y Banzer, de Pinochet; de Stroessner, entre otros.
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Borrón y cuenta nueva?
Con el retorno de los civiles a la conducción del Estado,
surge el crucial debate sobre qué hacer con los responsables
de las violaciones a los derechos humanos y al derecho humanitario.
Cómo reconstruir las sociedades maltratadas, cómo
restablecer la paz, cómo buscar la reconciliación
nacional, sin hacer justicia?.
Generalmente los propios regímenes militares, antes de
dejar el poder, trataron de cerrar la etapa de la historia que
ilegítimamente dirigieron y procuraron neutralizar cualquier
posibilidad de enjuiciamiento posterior de sus actos de gobierno
y de sus violaciones a los derechos humanos. Con la ilusión
de borrar el horror de sus acciones, y con la pretensión
del olvido y de la impunidad, estos regímenes dictatoriales,
al final de su mandato o los gobiernos que les sucedieron, dictaron
leyes de "Obediencia debida", "Caducidad"
"Punto Final", "Amnistía", etc.
De
esa forma pretendían ignorar que el derecho a la justicia
es un derecho humano, anterior y superior a la autoridad del Estado,
de carácter universal, del cual depende la seguridad jurídica
de las personas, el orden social y la paz. Querían desconocer
que los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles y que no
pueden, en ningún caso, ser objeto de amnistía.
En
algunos casos, el juicio a los que detentaron el poder formó
parte de la oferta electoral de los movimientos que pretendían
suceder a los militares en la conducción del país.
En la práctica, "para salvar a la democracia",
se renunciaría a este compromiso. No resulta fácil
sacudirse de las estructuras militares, judiciales y políticas
que apoyaron a los regímenes totalitarios, y que aun en
los nuevos períodos democráticos permanecen fuertes
e intactas.
Pero el clamor de justicia de los familiares de las víctimas,
así como la lucha de algunos abogados, periodistas, religiosos,
magistrados, políticos y activistas internacionales de
solidaridad, han conducido a la creación de comisiones
investigadoras de la verdad. Así se crearon, desde instancias
del poder oficial, en Argentina, la CONADEP, (Comisión
Nacional sobre la Desaparición de Personas); en Chile,
la "Comisión de Verdad y Reconciliación";
y en El Salvador, la "Comisión de la Verdad".
En otros casos, como ocurrió en Brasil, Uruguay, Paraguay,
Bolivia, las Comisiones de la Verdad, surgieron como una opción
ética, un esfuerzo directo, a veces clandestino, de los
activistas y organismos de derechos humanos, sin contar con el
mandato gubernamental.
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Verdad, Justicia, Reconciliación
Los responsables de las violaciones a los derechos humanos, así
como ciertos sectores no golpeados por la violencia oficial, proponen
llegar pronto a la reconciliación de la sociedad, para
reconstruir el país. Aquí no les interesa para nada
saber la verdad de los hechos. Mucho menos que se haga justicia.
Desconocen que en 1985 la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, estableció que "Toda sociedad tiene el irrenunciable
derecho de conocer la verdad de lo ocurrido, así como las
razones y circunstancias en las que aberrantes delitos llegaron
a cometerse, a fin de evitar que esos hechos vuelvan a ocurrir
en el futuro." Además, tienen temor de escarbar, remover
el pasado, agitar las aguas. El fantasma de la dictadura militar
sigue presente como una amenaza latente.
Los
familiares y amigos de las víctimas, los grupos de derechos
humanos, y algunos sectores de la sociedad reclaman el conocimiento
de la verdad y la aplicación de la justicia como pasos
previos a la reconciliación nacional. Como lo indica Luis
Pérez Aguirre, "Se ha dicho que hurgar en estos acontecimientos
del pasado es abrir nuevamente las heridas del pasado. Nosotros
nos preguntamos, por quien y cuándo se cerraron esas heridas.
Ellas están abiertas y la única manera de cerrarlas
será logrando una verdadera reconciliación nacional
que se asiente sobre la verdad y la justicia respecto de lo sucedido.
La reconciliación tiene esas minimas y básicas condiciones."|5|
El jurista peruano Carlos Chipoco, precisa, además, que
el derecho a la verdad tiene fundamentos doctrinarios jurídicos
y prácticos; y que la verdad debe ser completa, oficial,
pública e imparcial. Agrega que la búsqueda de la
verdad es importante, por un deber moral hacia las víctimas,
los familiares y los deudos, para descubrir y sancionar a los
culpables, para afirmar la democracia y el control ciudadano de
las instituciones públicas y para evitar que las violaciones
se repitan. Finalmente, Chipoco sostiene que el respeto del derecho
a la verdad es importante para abrir la posibilidad del perdón
y la reconciliación, y para cumplir con el Derecho Internacional.|6|
El derecho a la verdad es parte de la reparación del daño
ocasionado por los agentes del Estado, reparación que además
debe incluir medidas de carácter económico, social,
médico, jurídico, para tratar de reivindicar la
memoria de las victimas y aliviar en parte la tragedia ocasionada
a los familiares afectados.
En base a su experiencia en Chile, el médico psiquiatra
Carlos Madariaga afirma que existe un confusionismo conceptual
respecto a lo que se entiende por reparación.|7| Aclara
que generalmente las instancias gubernamentales han entendido
la reparación de manera reduccionista, privilegiando las
soluciones pecuniarias, en desmedro de los aspectos jurídicos,
éticos, sociopolíticos y psicosociales, hecho que
ha generado en las víctimas fuertes sentimientos de frustración
y desencanto, estados psicoemocionales que han hecho abortar en
gran medida los esfuerzos de reparación en curso.
La acrobacia política permite que los gobiernos de transición
atiendan, en cierta medida, las exigencias de justicia y de reconciliación,
prefiriendo esta última, como garantía de "estabilidad
democrática". Por eso ponen más empeño
en favorecer la impunidad de los violadores de los derechos humanos,
volviendo a agredir así, en nombre de la reconciliación,
a los familiares de las víctimas.
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Qué son las Comisiones de la Verdad?
Las Comisiones de la Verdad son organismos de investigación
creados para ayudar a las sociedades que han enfrentado graves
situaciones de violencia política o guerra interna, a enfrentarse
críticamente con su pasado, a fin de superar las profundas
crisis y traumas generados por la violencia y evitar que tales
hechos se repitan en el futuro cercano.
A través de las Comisiones de la Verdad se busca conocer
las causas de la violencia, identificar a los elementos en Conflicto,
Investigar los hechos más graves de violaciones a los derechos
humanos y establecer las responsabilidades jurídicas correspondientes.
El
trabajo de la Comisión de la Verdad permite identificar
las estructuras del terror, sus ramificaciones en las diversas
instancias de la sociedad (Fuerzas Armadas, Policía, Poder
Judicial, Iglesia), entre otros factores inmersos en esta problemática.
Esta investigación abre la posibilidad de reivindicar la
memoria de las víctimas, proponer una política de
reparación del daño, e impedir que aquellos que
participaron en las violaciones de los derechos humanos, sigan
cumpliendo con sus funciones públicas, burlándose
del Estado de derecho.
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Cómo nacen las Comisiones de la Verdad
En algunos de los casos la búsqueda de la verdad surge
como un proceso legal, o formal, "encargado" por los
gobiernos, bajo la presión de los grupos defensores de
los derechos humanos, a un grupo de expertos; tal como se hizo
en Argentina, Chile y El Salvador. En estos países, las
Comisiones de la Verdad se crearon, tras exigencias masivas, por
mandato legal, después de negociaciones y acuerdos políticos.
Generalmente
las Comisiones de la Verdad surgen en vista de la probada inefectividad
del Poder judicial para sancionar las numerosas violaciones a
los Derechos Humanos. En los países sometidos a regímenes
autoritarios, el Poder Judicial generalmente se convierte en un
apéndice del poder ejecutivo y no tiene capacidad para
juzgar independientemente los crímenes de los agentes del
Estado. Finalmente quienes deben velar por la justicia se hacen
Cómplices del terror oficial.|8|
En casi todos los países del continente americano son diversos
los casos de abdicación del Poder Judicial ante la prepotencia
de los gobiernos y de las FF.AA. Por esta causa, flagrantes violaciones
a los derechos humanos quedan en la más absoluta impunidad.
Como prueba de esto podemos mencionar los siguientes casos:
la masacre de cerca de 115 guerrilleros, jueces y otros civiles
en el Palacio de Justicia de Colombia, luego del asalto efectuado
por el M-19, en Bogotá, el 6 de noviembre de 1985, según
informó el Ministro de Defensa, Gral. Miguel Vega Uribe.|9|
La
masacre de cerca de 300 inculpados acusados de terrorismo en tres
cárceles de Lima y Callao, en el Perú. Lima, 18
y 19 de junio de 1986. Después de una farsa de Juicio,
se dieron castigos mínimos a los agentes subalternos que
participaron en la masacre.
El
asesinato de más de 100 indígenas wayuu, en la cárcel
de Maracaibo, Venezuela, el 3de enero de 1994, según denunció
Amnistía Internacional.|10|
En otros casos, las comisiones de la verdad nacen como fruto del
trabajo solidario de las organizaciones de derechos humanos, que
para investigar los graves hechos de violencia oficial desarrollan
un esfuerzo casi clandestino. Así ocurrió en Brasil,
con el trabajo de la Arquidiócesis de Sao Paulo, que bajo
la dirección del Cardenal Evaristo Arns elaboró
el Informe Brasil Nunca Más. En Paraguay el Comité
de Iglesias para Ayudas de Emergencias, CIPAE, también
publicó una serie de investigaciones sobre la dictadura
de Stroessner, bajo el Título Paraguay Nunca Más.
En esta misma perspectiva pueden ubicarse los esfuerzos del Servicio
de Paz y Justicia de Uruguay, con su Informe: Uruguay Nunca más,
y del colectivo de organizaciones colombianas y extranjeras que
publicaron un valioso Informe titulado: "El terrorismo de
Estado en Colombia".
Pero han habido casos en donde las Comisiones de la Verdad se
crearon con fines encubridores, para procurar darle un respaldo
moral a la "verdad" oficial. Así pasó
en el Perú con la "Comisión Uchuraccay",
presidida por el escritor Mario vargas Llosa en 1983 y que investigó
la masacre de ocho periodistas y un gura que los acompaño.
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La Metodología de Trabajo de las Comisiones de La verdad
Buscar la verdad de las violaciones a los derechos humanos, cuando
los acontecimientos están aún muy cercanos, por
cierto implica muchos riesgos, tanto para los investigadores,
como para los informantes, testigos, familiares. La injustificada
sospecha de que los activistas de derechos humanos apoyan a la
subversión, así como el temor de que sus organismos
cuenten en su archivo con materiales relacionados a la historia
de la violencia policial y militar, muchas veces ha llevado a
las autoridades militares a precipitados allanamientos de las
sedes de estos organismos y a la detención, o desaparición
de los luchadores de derechos humanos. Esta agresión directa
contra los organismos de derechos humanos fue una norma de casi
todos los gobiernos en América Latina.
.
En
Argentina, las autoridades militares, con apoyo judicial, allanaron
las sedes de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, la
Asamblea Permanente de Derechos Humanos, el Movimiento Ecuménico
de Derechos Humanos, y el Centro de Estudios Legales y Sociales,
CELS y detuvieron a varios de sus miembros. Las Fuerzas Armadas
y policiales, en los años de las dictaduras, allanaron
los locales de la Vicaría de Solidaridad de Chile, el Servicio
de Paz y Justicia de Uruguay, así como de la Comisión
Nacional de Derechos Humanos y Defensa de la Democracia, y la
Asamblea Permanente de Derechos Humanos, de Bolivia, (En esa ocasión
asesinaron al diputado Marcelo Quiroga Santa Cruz).
Igualmente allanaron las sedes de la Comisión de Derechos
Humanos de El Salvador, el Servicio de Paz y Justicia de Ayacucho,
Perú; entre otros organismos. La historia de la lucha por
los derechos humanos nos enseña que cada organismo debe
estar prevenido para que cuando la fiera lo ataque, sus daños
se reduzcan a lo mínimo. Hay que mantener normas básicas
de seguridad para proteger a los colaboradores, y también
la documentación testimonial y los archivos, conservando
copias dobles del material y ubicándolos en lugares en
donde no sea posible que los cuerpos oficiales lo encuentren fácilmente.
En muchos casos, por el lado de las víctimas, existe abundante
material documental, en forma de denuncias legales, recursos jurídicos,
Actas y protocolos de necropsia, testimonios ante jueces y fiscales,
que también deben ser archivados por los organismos de
derechos humanos.
Seguramente el testimonio de sobrevivientes de operaciones militares
así como los informes de los testigos y familiares de las
víctimas, son algunos de los más valiosos recursos
para avanzar en la obtención de la verdad. Estas personas
requieren de una protección especial, hasta que la paz
y la reconciliación nacional se hayan consolidado. En el
Perú, así como en El Salvador, son numerosos los
casos de testigos de violaciones de los derechos humanos que fueron
desaparecidos o asesinados poco tiempo después de haber
informado a los medios periodísticos o a las comisiones
investigadoras oficiales.
Durante el proceso de investigación y elaboración
del Informe Brasil Nunca Mas, el grupo de trabajo adoptó
muchas medidas de seguridad, para no dejar huellas de lo que estaban
haciendo. Además de usar casas fuera de la capital del
país, y de tener copias dobles de los documentos, en sus
comunicaciones orales y escritas emplearon un lenguaje cifrado,
codificado, sólo entendible por ellos. El "Chocolate"
era el término que se empleaba para referirse a los documentos
secretos. La documentación fue microfilmada y procesada
dos veces, para que una copia fuese guardada, sin riesgos, fuera
del país. Se aprovechó el viaje al extranjero de
personas con rango diplomático para transportar las copias
microfilmadas y los recursos para el financiamiento de la investigación.
La ONUSAL apoyo a la Comisión de la Verdad en El Salvador,
facilitando equipos electrónicos para la distorsión
de la voz y el aislamiento de las ondas sonoras. De esa manera
se trataba de proteger la identidad de los informantes y sus testimonios.
Por otro lado, ante el temor de intimidación militar a
los informantes, las entrevistas se realizaron muchas veces en
sedes diplomáticas o en lugares reservados, lejos de los
ojos y las orejas militares.
A nivel oficial, los organismos de derechos humanos o las comisiones
de la verdad, algunas veces han logrado la cooperación
de los jueces y fiscales de las diversas regiones fuera de la
capital, para elaborar un diagnóstico más exacto
del número de víctimas de violaciones de los derechos
humanos. En el Perú, por ejemplo, una Fiscalía Provincial
registró, documentadamente, una cantidad de casos de violaciones
a los derechos humanos en 1993, que casi duplicaba el balance
anual nacional establecido por los grupos de derechos humanos.
Aunque resulta sumamente difícil, también es posible
obtener documentos confidenciales que circulan al interior de
las Fuerzas Armadas y Policiales, en forma de Tesis, órdenes,
planes de acción, estrategias, doctrina y filosofía
de guerra interna, etc. sus propias publicaciones (revistas boletines,
libros) son una fuente que no hay que desechar. Su vanidad les
lleva a exponer allí sus puntos de vista, justificando
las violaciones a los derechos humanos, e informar de los ascensos
otorgados por "servicios especiales a la patria", y
presentar a sus guerreros conductores. Aunque son raros, en diversos
países han habido casos de efectivos militares y policiales,
que discrepan con la guerra sucia, o que tienen remordimientos
de conciencia, o se sienten traicionados por sus jefes, y que
han aportado una valiosísima información sobre las
estructuras oficiales del terror. Sin embargo, aquí debe
actuarse con suma cautela, por los riesgos de infiltración
policial o militar en el trabajo de los grupos de derechos humanos.
A pesar de los problemas de censura, los medios de prensa diaria
pueden ser una valiosa fuente de información para las investigaciones
de la Comisión de la Verdad, pues ahí se registran
los partes de guerra, los casos de detenciones, las denuncias
de torturas, asesinatos, etc. Igualmente se ha encontrado valiosos
datos en publicaciones gremiales de los sindicatos, las universidades,
los grupos religiosos, entre otros.
Organismos como la Cruz Roja Internacional y Amnistía Internacional,
también pueden aportar muy valiosa información sobre
las víctimas de los abusos y los presuntos responsables.
En algunos países las comisiones de la verdad obtuvieron
de las delegaciones diplomáticas abundante material sobre
las violaciones a los derechos humanos. Los documentos suministrados
por la Embajada de Estados Unidos en San Salvador, por ejemplo,
dieron bastantes evidencias sobre los escuadrones de la muerte
que actuaban con apoyo de la Central de Inteligencia Americana
y del Ejército salvadoreño en los años 80.
Las comunidades de exiliados dispersos por todo el mundo también
conservan un importante caudal de información, en forma
de cartas, boletines, recursos jurídicos, y otros documentos
sobre casos de violaciones a los derechos humanos que se conocen
muy poco dentro del país.
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El Desarrollo de las
Comisiones de la Verdad
A.
Comisiones Oficiales.
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1. Argentina
Comisión
Nacional solare la Desaparición de Personas. CONADEP.
Tras su fracaso en la política económica, y la derrota
en la guerra de Las Malvinas, además del gran repudio internacional
por sus graves violaciones a los derechos humanos, a fines de
1983 los militares argentinos se vieron forzados a devolver el
poder a los civiles.
En
Argentina, los derechos humanos de miles de personas fueron violados
en forma orgánica y estatal por la represión de
las Fuerzas Armadas, que usaron una "tecnología del
infierno" según se pudo comprobar por las miles de
denuncias y testimonios de las víctimas. Los organismos
de derechos humanos establecen en cerca de 30,000 personas el
número de desaparecidos y asesinados en la guerra sucia.
Tal
como lo dijo en su oportunidad el presidente Raúl Alfonsín,
después de esta etapa de tanta violencia, "No puede
haber un manto de olvido. Ninguna sociedad puede iniciar una etapa
sobre una claudicación ética semejante". Por
eso, uno de los primeros actos constitucionales del presidente
Alfonsín, fue crear la Comisión de la Verdad, llamada
Comisión Nacional para la Investigación sobre la
Desaparición de Personas, CONADEP a la que le encargó
investigar las violaciones a los derechos humanos ocurridas entre
1976 y 1983, el período de las dictaduras militares.
Entonces,
poco a poco, la población argentina fue conociendo de una
manera más global los horribles sucesos que en su debido
momento se negó a aceptar que realmente estuvieran aconteciendo
en el país. "Tenemos la certidumbre de que la dictadura
militar produjo la más grande tragedia de nuestra historia,
y la más salvaje", aseguró después la
CONADEP en su Informe "Nunca Más".
Al
inicio de su gobierno, las nuevas autoridades civiles procesaron
a los nueve Comandantes Generales de las FF.AA., del llamado "Proceso
de Reconstrucción Nacional": generales Jorge Rafael
Videla, Roberto Viola, y Leopoldo Galtieri; los Brigadieres Orlando
Agosti, Omar Graffigna y Basilio Lami Dozo; y los almirantes Emilio
Massera, Armando Lambruschini, y Jorge Isaac Anaya. Se consideró
que en su condición de jefes supremos conocieron e impulsaron
los planes de exterminio de los presuntos "subversivos".
Alfonsín
ordenó procesar judicialmente a nueve ex comandantes del
Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, "por
haber sembrado el dolor, el terror y la muerte", pero, como
informó Horacio Verbitsky, "confió la tarea
al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas". Ante esto, el
Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquives sostuvo que
"el gobierno actuó con excesiva cautela, para no irritar
a los militares".
El
ex Presidente Reynaldo Bignone fue encarcelado, acusado de ordenar
el secuestro de dos soldados conscriptos, cuando era director
del Colegio Militar. También se encarceló al almirante
Chamorro, por su actuación como jefe del campo de concentración
de la Escuela de Mecánica de la Armada, ESMA; el general
Ramón Camps, por haberse jactado de su participación
en miles de casos de desapariciones políticas y al ex comandante
del primer cuerpo del Ejército, general Guillermo Suárez
Masón.
Para
terminar el debate sobre los miles de desaparecidos, las Fuerzas
Armadas, en su Acta Institucional, manifestaron que "únicamente
el juicio histórico podrá determinar con exactitud
a quien corresponde la responsabilidad de métodos injustos
o muertes inocentes", y que todas las acciones realizadas
en la guerra constituyeron "actos de servicio". Además,
públicamente proclamaron su deseo de que los enemigos desaparecidos
y muertos "reciban el perdón de Dios".|11|
La
CONADEP. Decreto Ley de creación: D.L. 187/83 del 15 de
diciembre de 1983. Período de investigación: 9 meses.
Miembros
de la CONADEP:
Ernesto Sábato. (Escritor)
Jaime
F. de Nevares. (Obispo de Neuquén)
Marshall
T. Meyer. (Rabino Judío)
Ricardo
Colombres.
René
Favarolo.
Hilario
Fernández Long.
Carlos
T. Gattinoni. (Obispo Metodista)
Gregorio
Klimovsky.
Eduardo
Rabossi.
Magdalena
Ruiz de Guiñazu.
Santiago
Marcelino López. (Diputado)
Hugo
Diógenes Piucill. (Diputado)
Horacio
Hugo Huarte. (Diputado)
Para crear la CONADEP el gobierno tuvo que superar conflictos
en el Congreso, donde la tendencia mayoritaria era asignar las
investigaciones sobre los desaparecidos a una comisión
interna. Era tanto el temor a los militares que el Senado no cumplió
con designar sus tres representantes para la CONADEP, como sí
lo hicieron los diputados.
La CONADEP, desde el inicio de su trabajo enfrentó muchas
dificultades, que pudo superarlas, gracias al apoyo decidido de
las entidades nacionales e internacionales de derechos humanos.
Los primeros colaboradores rentados de la CONADEP, que cumplían
su jornada trabajando aún en días feriados y fines
de semana, muy pronto abandonaron su labor, abrumados y quebrantados
por los horrores que día a día fueron conociendo
por el testimonio directo de las víctimas de la represión.
Gracias al empeño de Ernesto Sábato y la presión
de los organismos de derechos humanos, algunos miembros de la
Comisión tuvieron la posibilidad de viajar al extranjero
y recibir denuncias de los exiliados argentinos en Estados Unidos,
Francia, Suiza, España, México, entre otros países.
La CONADEP logró el apoyo de la Cancillería, que
habilitó "oficinas de denuncias" de desapariciones
durante la dictadura militar, en la mayoría de las sedes
diplomáticas argentinas dispersas por el mundo. Las repercusiones
del trabajo de la Comisión en los periódicos y la
televisión europeos animó a muchos exiliados a cooperar
con las investigaciones.
Conforme la CONADEP avanzaba en sus investigaciones, sus miembros
fueron insultados y amenazados por los agentes de la represión,
que los acusaron de "activar los odios y resentimientos,
impedir el olvido, y no propiciar la reconciliación nacional".
La CONADEP, luego de nueve meses de trabaJO en los que reunió
más de 50,000 páginas de testimonios y denuncias;
en noviembre de 1984 publicó su Informe, con el Título:
"Nunca Más. Informe de la Comisión Nacional
sobre la Desaparición de Personas". Allí dio
cuenta de la desaparición de 8,960 personas, según
denuncias debidamente documentadas y comprobadas. La CONADEP dejó
abierta la posibilidad de que el balance final de las víctimas
aumentara, pues muchos otros casos quedaron en la etapa de investigación
y verificación de los datos, por lo que la cifra de 8,960
desaparecidos no puede considerarse definitiva. El 80 % de las
víctimas de los militares argentinos tenían entre
21 y 35 anos de edad.
El Informe señala que en Argentina existían 340
centros clandestinos de detención, dirigidos por altos
oficiales de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Allí los
detenidos eran alojados en condiciones infrahumanas, y sometidos
a toda clase de humillaciones. También indica que "De
algunos de los métodos de tortura empleados en esa guerra
interna no se conocían antecedentes en otras partes del
mundo". En esos años de la dictadura militar, las
técnicas de tortura argentina se exportaron a otros países
del continente.
La CONADEP descubrió que entre los altos oficiales de las
Fuerzas Armadas y Policiales, se estableció un "Pacto
de Sangre", que implicaba la participación de todos
en las violaciones a los derechos humanos. A causa de esto, cuando
algún miembro de esas fuerzas trataba de desobedecer un
mandato criminal, pronto lo convertían en una víctima
más. La Comisión comprobó que "Todo
signo de discrepancia dentro de las FF.AA. y de Seguridad con
los métodos utilizados para la detención y eliminación
de personas fue sancionado de modo brutal. Brindar alguna información
a los familiares de detenidos-desaparecidos sobre su localización,
estado físico o destino era equivalente a la muerte. Estaban
prohibidos, incluso, los comentarios entre las propias filas sobre
los operativos realizados, sancionándose con el mayor rigor
cualquier signo de humanidad que pudiera tenerse con el prisionero".|12|
El Informe "Nunca Mas" indica que miles de personas
fueron exterminadas, habiéndose destruido previamente sus
cuerpos para evitar su posterior identificación. "No
se cometieron excesos, si se entiende por ello actos particularmente
aberrantes. Tales atrocidades fueron práctica común
y eran actos normales y corrientes efectuados a diario por las
fuerzas represivas"
También la CONADEP difundió una lista de 1351 represores,
entre ellos diversos médicos, jueces, periodistas, obispos
y sacerdotes católicos que actuaron como Capellanes de
los militares y que colaboraron con ellos en la guerra sucia.
En la lista de represores aparecen, entre otros, el Obispo Pío
Laghi, Nuncio Apostólico del Estado Vaticano en Argentina,
el ex Obispo de La Plata, Antonio Plaza, el Monseñor Emilio
Graselli, el sacerdote Christian Von Wernich, el capellán
Pelanda López, y el Monseñor Adolfo Tórtolo,
Vicario de las Fuerzas Armadas.
Pese a las investigaciones de la Comisión, y las denuncias
de los grupos de derechos humanos en Argentina, el Congreso ascendió
a cientos de militares involucrados en secuestros, torturas y
desapariciones forzadas, y que aparecían en la lista de
la CONADEP como violadores de los Derechos Humanos. Incluso Asaz,
el asesino de dos monjas francesas, fue ascendido. "Sabe
cuantos Astiz hubo en la Armada? Trescientos Astiz", dijo
el contraalmirante (r) Horacio Mayorga, ex jefe de la base naval
de Trelew, en una entrevista en 1985. "Los oficiales de la
ESMA eran personas austeras que mataban por la Patria", agregó.|13|
Igualmente fueron ascendidos el ex director de la ESMA, capitán
de Navío José María Arriola; el ex director
de la Escuela de Submarinos de Mar de Plata, capitán de
Navío Roberto Pertussio; los tenientes coroneles Óscar
Bianchi y Athos Rhenes, que intervinieron en diversas masacres
a civiles indefensos, y el coronel Julio César Durand,
quien dirigió la intervención argentina en el Golpe
de Estado de 1980 en Bolivia.
El ex capitán de la Armada (r) Francisco Scilingo, en declaraciones
al periodista Horacio Verbitsky, en marzo de 1995, confirmó
que cerca de 2,000 presos políticos de la dictadura fueron
asesinados por oficiales de la Marina, que los arrojaron vivos
al mar, después de haber sido drogados. Algunos altos representantes
de la iglesia católica conocían sobre estos hechos,
pero en vez de tratar de impedirlos, apoyaron estos horribles
crímenes. Scilingo afirmó que los sacerdotes católicos
se encargaban de tranquilizar el espíritu" de los
oficiales que participaban en tales crímenes, pues regresaban
de cada Vuelo" con un fuerte remordimiento de conciencia.
"El capellán de la ESMA... me hablaba que (el vuelo)
era una muerte cristiana, porque (los presos) no sufrían,
porque no era traumática, y que habla que eliminarlos;
que la guerra era la guerra, que incluso en la Biblia está
prevista la eliminación del yugo del trigal. Me dio cierto
apoyo", declaró Scilingo.|14|
También se llegó a saber que una isla que pertenecía
a la Iglesia Católica fue prestada a la ESMA, para que
los oficiales de la marina lo usaran como Campo de Concentración.|15|
Allí se trasladaba a los presos políticos, cada
vez que las comisiones de las Naciones Unidas, la OEA, Amnistía
Internacional o de otros organismos visitaban la ESMA para investigar
las graves denuncias de tortura.
La CONADEP tomó la iniciativa de presentar varias recomendaciones
a los distintos poderes del Estado, "con la finalidad de
prevenir, reparar y finalmente evitar la repetición de
Conculcaciones de los derechos humanos". Entre sus propuestas
incluyó: la continuación de las investigaciones
por la vía judicial, la entrega de asistencia económica,
becas de estudio y trabajo a los familiares de las personas desaparecidas;
y la aprobación de normas legales que declaren como crimen
de tesa humanidad la desaparición forzada de personas.
Igualmente, la CONADEP recomendó la enseñanza obligatoria
de los derechos humanos en los centros educativos del Estado,
tanto civiles como militares y policiales, el apoyo a los organismos
de derechos humanos, y la derogatoria de toda la legislación
represiva existente en el país. Muchas de estas recomendaciones
están aún pendientes de llevarse a la práctica.
Y la dolorosa verdad sigue aflorando, como un trauma colectivo
que exige una terapia integral.
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2. Chile
Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación
Tras la derrota moral y política de Pinochet el pueblo
de Chile eligió como Presidente a un miembro moderado de
la oposición, quien había anunciado su compromiso
ineludible con la defensa de los derechos humanos.
Consecuente con su promesa, el Presidente Patricio Aylwin, mediante
el Decreto Supremo No. 355 del 24 de abril de 1990, creó
la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación,
con el objetivo de Contribuir al esclarecimiento global de la
verdad sobre las más graves violaciones a los derechos
humanos cometidas en los últimos anos, con el fin de colaborar
a la reconciliación de todos los chilenos".
Se
designó como miembros de la Comisión a:
Raúl Rettig Guissen (Presidente)
Jaime Castillo Velasco
José
Luis Cea Egaña
Mónica
Jiménez de la Jara
Laura
Novoa Vásquez
José
Zalaquett Daher
Ricardo
Martín Díaz
Gonzalo
Vial Correa
Los dos últimos habían sido funcionarios del gobierno
del dictador Pinochet.
La tareas que se le encomendó a la Comisión de Verdad
fueron:
"Establecer
un cuadro, lo más completo posible, sobre los graves hechos
de violación a los derechos humanos, sus antecedentes y
circunstancias.
Reunir
información que permita individualizar a sus víctimas
y establecer su suerte o paradero.
Recomendar
las medidas de reparación y reivindicación que estimara
de justicia, y
Recomendar
las medidas legales y administrativas que a su juicio deberían
adoptarse para impedir o prevenir la comisión de nuevos
atropellos graves a los derechos humanos".
Se determinó que se investiguen a los hechos con resultado
de muerte o desaparición ocurridos entre el 11 de septiembre
de 1973 y el 11 de marzo de 1990 bien sea dentro del país
o en el extranjero". Toda la investigación debió
hacerse en un plazo de nueve meses, del 9 de mayo de 1990 al 9
de febrero de 1991.
Más de 60 personas de los diversos organismos nacionales
e internacionales de derechos humanos colaboraron y trabajaron
a tiempo completo para el procesamiento de las informaciones obtenidas
por la Comisión. Entre ellos, cabe destacar el valioso
trabajo que cumplieron Jaime Castillo Velasco y José Zalaquet
Daher. Domingo Namuncurá, un líder del SERPAJ, fue
designado Asesor Presidencial en Derechos Humanos.
La Comisión recibió a más de 3,400 familiares
de desaparecidos y asesinados que presentaron múltiples
casos, de los cuales 644 quedaron fuera de su competencia. También
consultó archivos de más de 100 organizaciones de
derechos humanos, académicas, políticas y religiosas.
Los miembros de la Comisión, además de investigar
dentro del país, tuvieron la oportunidad de viajar al extranjero,
con el propósito de entrevistar a víctimas de la
represión así como a familiares directos de los
detenidos-desaparecidos y otros tipos de víctimas de la
dictadura pinochetista.
Las sedes de las gobernaciones e intendencias provinciales dentro
del país, así como las Embajadas y Consulados chilenos
en el exterior sirvieron para la recepción de denuncias
de desapariciones. Muchos estudiantes de las facultades de derecho
colaboraron muy eficazmente para asesorar a los familiares de
las víctimas en la presentación de sus denuncias.
Después hubo necesidad de contratar asistentes sociales,
pues los familiares de las víctimas, al hacer memoria de
los sucesos ocurridos, caían en profundas crisis emocionales.
A sus demandas de informaciones sobre las víctimas de la
dictadura chilena respondieron favorablemente los hospitales,
y el Registro civil, pero la gendarmería y las Fuerzas
Armadas, aunque respondieron a un 70 % de las cartas enviadas
por la Comisión, casi siempre manifestaban que los documentos
sobre los detenidos-desaparecidos "ya habían sido
incinerados o destruidos, en cumplimiento de disposiciones jurídicas".
Sólo una mínima parte de los 160 miembros de las
Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile, que la Comisión
quiso interrogar, prestó su colaboración, aunque
aportaron pocas informaciones. La mayoría de los oficiales
y agentes, según las respuestas de los ministros respectivos,
ya habían sido dados de bajas o no aparecían como
miembros de esas fuerzas.
Las normas nacionales e internacionales de los derechos humanos,
así como las leyes de guerra o del derecho internacional
humanitario formaron parte del marco jurídico con el cual
trabajó la Comisión al analizar los distintos hechos
de violencia.
El Resultado final de las investigaciones de la Comisión
fue un Informe de tres partes:
Primera parte: Relación de los hechos de violaciones de
los derechos humanos, hasta la página 1094
Segunda
parte: Recomendaciones para reparar el daño: Págs.
1,096 hasta 1,168.
Tercera
parte: "Víctimas", Volumen de 635 páginas,
con una reseña biográfica de las 2,279 personas
respecto de las cuales la Comisión se formó una
Convicción de que murieron o desaparecieron como víctimas
de la violación a sus derechos humanos, entre ellos 132
miembros de las fuerzas del orden.
También se investigó, aunque no muy profundamente,
la actuación de los partidos políticos legalmente
reconocidos en los hechos de violencia, especialmente en el Golpe
de Estado, así como el rol que cumplieron, entre otros,
las iglesias cristianas, los medios de comunicación, los
partidos políticos, los profesionales y sus organismos
gremiales.
La Comisión analizó el rol de los familiares de
las víctimas, de las organizaciones defensoras de los derechos
humanos, y la reacción de la comunidad internacional a
través de la ONU, la OEA, el ACNUR; la Comisión
internacional de Juristas, la Cruz Roja y Amnistía Internacional,
que a lo largo de la dictadura emitieron numerosos informes denunciando
las graves violaciones a los derechos humanos en el régimen
de Pinochet.
Con todas sus investigaciones, la Comisión de la Verdad
comprobó el poder omnímodo del que gozaba la DINA
|16| y estableció que "Se trataba de un organismo
cuyo funcionamiento en la práctica fue un secreto y por
encima de la ley, su organización interna, composición,
recursos, personal y actuaciones escapaban no sólo del
conocimiento público sino también del control efectivo
de la legalidad. Más aún, la DINA fue efectivamente
protegida de todo control, no sedo del que pudieran haber ejercido
el Poder Judicial, altos oficiales de las FF.AA., e incluso del
de la Junta de Gobierno; en efecto, aunque formalmente la DINA
dependía de la Junta de Gobierno, en la práctica
respondió solamente ante la Presidencia de la Junta de
Gobierno, más tarde Presidencia de la República".
Agrega el Informe de la Comisión de la Verdad, que: "Este
organismo, en el hecho secreto, y así libre de controles
e injerencias, tenía la amplia misión de reunir
y evaluar la información que después se emplearía
para tomar importantes decisiones de Gobierno."
Después de sus minuciosas investigaciones sobre los desaparecidos
y asesinados por las fuerzas del orden la Comisión recomendó
la reparación pública de la dignidad de las víctimas,
y diversas medidas de bienestar social, pensión única
de reparación, atención especializada en salud,
educación, vivienda, condonación de ciertas deudas
y exención de la obligatoriedad del Servicio Militar a
los hijos de las víctimas. La Comisión presentó
también recomendaciones en los aspectos jurídicos
y administrativos, como la "declaración de muerte
de personas detenidas-desaparecidas", la adecuación
del ordenamiento jurídico nacional al derecho internacional
de los derechos humanos, y la ratificación de tratados
internacionales sobre derechos humanos. Igualmente propuso diversas
medidas para reformar el poder judicial y las Fuerzas Armadas,
al como la continuación de las investigaciones sobre el
destino de los desaparecidos.
La Comisión de Verdad y Reconciliación recomendó
la penalización del ocultamiento de información
respecto a las inhumaciones ilegales, ya que muchos familiares
de las víctimas continuaron reclamando los restos de sus
seres queridos.
En enero de 1992 el gobierno chileno, mediante la ley 19.123 creó
la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación,
para ejecutar las recomendaciones de la Comisión de Verdad
y Reconciliación, especialmente en la reparación
material de los daños causados por la dictadura pinochetista,
calificada por la Comisión como Zuna tragedia desgarradora".
En los años posteriores al trabajo de la Comisión
de Verdad y Reconciliación, los grupos de derechos humanos
y los familiares de los desaparecidos lograron hallar a algunas
de las víctimas de la dictadura enterradas en cementerios
clandestinos. También se obtuvieron más pruebas
de las actividades criminales de los agentes de la DINA, y su
Jefe, Manuel Contreras recibe una condena de siete años
de "prisión efectiva", por su implicación
en el asesinato del Dr. Orlando Letelier. Contreras, con apoyo
del Ejército se atrinchera en un Hospital militar y trata
de burlarse del fallo judicial. Finalmente Contreras demuestra
que aún en regímenes democráticos, los militares
conservan amplias porciones de autonomía y poder, al que
por ningún medio quieren renunciar.
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3. El Salvador
Comisión de la Verdad.
Miembros de la Comisión:
Belisario Betancur. (Ex Presidente de Colombia)
Reinaldo
Figueredo Planchart. (Congresista venezolano)
Thomas
Buergenthal. Estadounidense. Juez. (Ex Presidente de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos)
Esta Comisión, apoyada por un numeroso grupo de asesores
y colaboradores, nacionales y extranjeros, trabajó durante
seis meses para investigar y dos meses adicionales para elaborar
y presentar su informe, que fue titulado "De la Locura a
La Esperanza" La guerra de 12 años en El Salvador".
La división de Derechos Humanos de la ONUSAL le facilitó
apoyo técnico y logístico para procurar proteger
la identidad de los testigos e informantes, muchos de los cuales,
solo accedieron a testificar cuando se les aseguró una
reserva absoluta. Diversos gobiernos extranjeros y organismos
internacionales colaboraron con la Comisión, suministrando
documentos confidenciales emitidos por sus delegaciones diplomáticas,
y proveyendo declaraciones oficiales de agentes policiales y militares.
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El mandato
La Comisión de la Verdad de El Salvador surgió como
resultado de los Acuerdos de Paz de El Salvador negociados en
más de tres años (1989-1992) entre el gobierno de
El Salvador y el movimiento guerrillero Frente Farabúndo
Martí para la Liberación Nacional, FMLN, que estuvieron
enfrentados durante todo ese período. Las negociaciones
se llevaron a cabo con el auspicio de las Naciones Unidas, y la
colaboración de Colombia, México, España
y Venezuela y culminaron en el Acuerdo de Paz firmado en Chapultepec,
México, el 16 de enero de 1992.|17|
La
decisión de crear la Comisión de la Verdad fue adoptada
en los Acuerdos de México, que definen las funciones y
facultades de la Comisión, y se firmaron en Ciudad de México
el 27 de abril de 1991. La autoridad de la Comisión se
amplió con el artículo 5 del Acuerdo de Paz de Chapultepec,
titulado "Superación de la Impunidad." Estas
disposiciones constituyen el "Mandato" de la Comisión,
definida de la siguiente manera: "La Comisión tendrá
a su cargo la investigación de graves hechos de violencia
ocurridos desde 1980, cuya huella sobre la sociedad reclama con
mayor urgencia el conocimiento público de la verdad."
Para esto, se indicó que la Comisión tomará
en cuenta las siguientes consideraciones:
a.
la singular trascendencia que pueda atribuirse a los hechos a
ser investigados, sus características y repercusión,
así como la conmoción social que originaron; y
"b.
la necesidad de crear confianza en los cambios positivos que el
proceso de paz impulsa y de estimular el tránsito hacia
la reconciliación nacional."
En cuanto a la impunidad, las funciones específicas que
se le asignaron a la Comisión se definen en el Acuerdo
de Chapultepec de la siguiente manera: Ése reconoce la
necesidad de esclarecer y superar todo señalamiento de
impunidad de oficiales de la Fuerza Armada, especialmente en casos
donde esté comprometido el respeto a los derechos humanos.
A tal fin, las Partes remiten la consideración y resolución
de este punto a la Comisión de la Verdad."
Además de las facultades que los Acuerdos de Paz le confirieron
respecto a la impunidad y la investigación de graves hechos
de violencia, a la Comisión también le encargaron
elaborar recomendaciones "de orden legal, político
o administrativo, que podrán incluir medidas destinadas
a prevenir la repetición de tales hechos (de violencia),
así como iniciativas orientadas hacia la reconciliación
nacional".
De
esta forma se dotó a la Comisión con dos facultades
específicas: la de realizar investigaciones y la de presentar
recomendaciones, en cuya ejecución se comprometieron ambas
Partes.
El
Mandato le encarga a la Comisión investigar "graves
hechos de violencia... cuya huella sobre la sociedad reclama con
mayor urgencia el conocimiento público de la verdad".
Aquí la Comisión tomó en cuenta la singular
importancia de cada acto violento, las repercusiones que tuvieron
y los desordenes sociales que ocasionaron. El Mandato no enumeró
ni identificó ningún caso específico para
que fuera investigado por la Comisión; tampoco distinguió
entre actos de violencia en gran escala y aquellos que involucraban
solamente a unas cuantas personas. Al investigar estos hechos,
la Comisión tomó en cuenta factores adicionales
relacionados con el cumplimiento de su Mandato.
El
primero es que lo que se había de investigar eran hechos
graves o flagrantes cometidos por ambos lados del conflicto salvadoreño
y no solamente por una de las partes.
Segundo,
el Acuerdo de Chapultepec instó a la Comisión, a
poner atención especial en el tema de la Impunidad de los
hechos de violencia cometidos por oficiales de la Fuerza Armada,
que nunca fueron investigados ni castigados.
Entonces, al optar por investigar un caso en lugar de otro, se
tuvo presente consideraciones respecto del carácter representativo
del caso, la disponibilidad de pruebas, los recursos investigativos
disponibles, el tiempo requerido para llevar a cabo una investigación
exhaustiva, y el tema de la impunidad tal como lo define el Mandato.
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El derecho aplicable
Al definir las normas jurídicas aplicables a su labor,
la Comisión estableció que durante el conflicto
salvadoreño, ambas partes tenían la obligación
de acatar una serie de normas del derecho internacional, entre
ellas las estipuladas en el derecho internacional de los derechos
humanos y en el derecho internacional humanitario, o bien en ambos.
Por otro lado, a lo largo del período de guerra interna,
el Estado de El Salvador estaba en la obligación de adecuar
su derecho interno a sus obligaciones conforme al derecho internacional.
En
el Acuerdo de San José sobre Derechos Humanos, las Partes
reconocieron que por "derechos humanos" se entiende
"los reconocidos por el ordenamiento jurídico salvadoreño,
incluidos los tratados en los que El Salvador es parte, así
como por las declaraciones y principios sobre derechos humanos
y sobre derechos humanitarios aprobados por las Naciones Unidas
y por la Organización de Estados Americanos."
La
Comisión de la Verdad reconoció que el derecho internacional
de los derechos humanos sólo es aplicable a los gobiernos,
mientras que en determinados conflictos armados, el derecho internacional
humanitario es vinculante para ambos lados. Es decir, tanto para
los insurgentes como para las fuerzas del gobierno. Sin embargo,
hay que reconocer que cuando se da el caso de insurgentes que
ejercen poderes gubernamentales en territorios bajo su control,
también se les puede exigir que cumplan con ciertas obligaciones
en materia de derechos humanos, vinculantes para el Estado según
el derecho internacional; por ende, resultarían responsables
en caso de un incumplimiento. El FMLN sostuvo oficialmente que
tenía algunos territorios bajo su control y efectivamente
ejerció ese control.
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Las investigaciones
Las Comisión de la Verdad investigó primeramente
la violencia ejercida por agentes del Estado contra los opositores
políticos. Allí ubicó el asesinato de los
seis sacerdotes jesuitas y las dos acompañantes en el Centro
Pastoral de la Universidad Centroamericana (1989). Enseguida analizó
diversas ejecuciones extrajudiciales, como el asesinato de los
dirigentes del Frente Democrático Revolucionario, las religiosas
norteamericanas, los periodistas holandeses, así como los
ataques a organismos de DDHH (FENASTAS y COMADRES), las desapariciones
forzadas, las masacres de campesinos por la Fuerzas Armadas (Casos
Mozote, Río Sumpul y El Calabozo). Después investigó
los asesinatos cometidos por los escuadrones de la muerte, entre
ellos el de Monseñor Óscar Arnulfo Romero.
En
segundo lugar, la Comisión de la Verdad investigó
la violencia del FMLN contra opositores como el asesinato de alcaldes,
y jueces, las ejecuciones extrajudiciales de campesinos colaboradores
del gobierno, el asesinato de militares estadounidenses sobrevivientes,
entre otros.
La
Comisión aseguró que "Ninguna de las tres ramas
del poder público: judicial, legislativo ejecutivo, fue
capaz de controlar el desbordante dominio militar en la sociedad".
Finalmente,
la Comisión de la verdad presento una serie de Recomendaciones
que incluyen: Reformar la legislación penal y el Poder
Judicial, depuraciones en las Fuerza Armadas, Fuerzas Policiales
y dentro de la administración pública; inhabilitaciones
políticas a las personas involucradas en violaciones de
los derechos humanos y del derecho humanitario, por un lapso no
menor de diez años. También recomendó investigar
y terminar con los grupos ilegales (Escuadrones de la muerte).
Igualmente
la Comisión recomendó que el gobierno salvadoreño
otorgue una reparación material y moral para las víctimas
de la violencia y sus familiares directos. Se recomendó
la entrega de tierras, equipamiento agropecuario, becas de estudio,
etc. Los acuerdos de Paz fijaron un calendario de actividades,
muchas de las cuales, como la entrega de tierras a los combatientes
de ambos lados, y la Compensación económica, solo
se han cumplido en mínima parte. En la práctica
el Estado salvadoreño descuidó mucho el cumplimiento
de los acuerdos. Por eso, pese al empeño del FMLN, así
como a los esfuerzos de la ONU y los países amigos, la
pacificación en El Salvador es todavía un proceso
muy lento.
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4. Perú
Desde el ano 1980, tras 12 años de gobiernos militares,
el Perú experimenta una situación de guerra interna,
en la que el movimiento subversivo "Sendero Luminoso"
(Partido Comunista del Perú) se enfrenta al Estado peruano.
El movimiento insurgente transitó de su práctica
subversiva inicial al terrorismo, causando miles de víctimas,
no sólo de miembros de las fuerzas del orden, sino principalmente,
de campesinos, dirigentes gremiales y populares; autoridades comunales
profesionales; y población en general. Igualmente las Fuerzas
del Estado han cometido graves y numerosos actos de detenciones
masivas, torturas, desapariciones forzadas y genocidio contra
la población peruana. Esta guerra interna ha producido
cerca de 30,000 muertos y más de 5,000 desaparecidos.
En
diversos momentos, el Estado a través del Congreso de la
República o el Poder Ejecutivo, creó Comisiones
investigadoras de la Verdad, para deslindar responsabilidades
frente a denuncias de graves violaciones a los derechos humanos.
Generalmente los gobiernos de turno, después de mucha pugna,
cedían a las exigencias de la oposición política
y de algunos gobiernos extranjeros preocupados por los derechos
humanos en el Perú.|18|
La
mayoría de las comisiones que se crearon, nacieron con
propósitos claramente justificatorios de la política
"contra subversiva" oficial. Así ocurrió
con la llamada "Comisión Uchuraccay", una de
las primeras encargadas de investigar casos de violaciones de
los derechos humanos en el Perú.
Muy pocas veces las investigaciones encargadas en el Perú
han tenido un efecto pacificador y restaurador de la justicia.
La impunidad para los violadores de los derechos humanos es casi
norma oficial. Cuando alguna vez se trató de llegar al
fondo de los hechos y sacar a luz a los responsables de actos
contra los derechos humanos, pronto se levantaron las FF.AA. y
policiales para mostrar que se consideran entes sagrados e intocables;
y así se impidió el castigo a los culpables.|19|
Por
falta de una clara comprensión del fenómeno de la
violencia, así como de apoyo del Poder Judicial y de recursos
materiales, las diversas comisiones investigadoras de la verdad
en el Perú, no han podido, en la mayoría de los
casos, llevar a buen término el resultado de sus investigaciones,
ni proteger a los informantes y testigos. Muchas personas, luego
de presentar sus testimonios y denuncias, fueron desaparecidas
o asesinadas por las fuerzas del Estado, o por"grupos desconocidos".
Así ocurrió con los testigos de los casos "Uchuraccay",
"Soccos", "Cayara", "Umaru y Bellavista",
"Accomarca", "Operación Aries-Huallaga",
entre otros. Más tarde, las Fuerzas Armadas encargarían
esa labor, de eliminar a los testigos o sobrevivientes de masacres
a los grupos llamados de "defensa civil", a los que
entregó algunas armas.
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4.1 Comisión Investigadora de la muerte de los periodistas
en Uchuraccay: (Enero 1983)
Mario Vargas Llosa. (Escritor)
Mario
Castro Arenas. (Periodista)
Abraham
Guzmán Figueroa. (Jurista)
El origen de esta Comisión Investigadora fue el escándalo
nacional e internacional ocasionado por el atroz asesinato de
ocho periodistas y un guía campesino, el 26 de enero de
1983, en la localidad andina de Uchuraccay, Ayacucho, que debido
al crecimiento de la violencia se hallaba en Estado de Emergencia,
bajo un total control militar.
Un
sector importante del periodismo peruano acusó a los militares
y a los "Sinchis" (Policía antisubversiva) de
haber fomentado la masacre de los periodistas, quienes procuraban
investigar la veracidad de los partes de guerra oficiales, que
daban cuenta del asesinato de presuntos miembros de Sendero Luminoso
por parte de los propios campesinos.
Los periodistas y los abogados de Ayacucho sospechaban de la puesta
en marcha, por las Fuerzas Armadas, de una estrategia de guerra
sucia, con torturas, desapariciones forzadas, asesinatos de campesinos
de la región en la que actuaba Sendero Luminoso. El desarrollo
de la violencia en los meses posteriores, confirmaría la
veracidad de estas preocupaciones. Los periodistas se organizaron
para viajar a Uchuraccay a fin de investigar por sus propios medios
el nuevo curso que estaría tomando la lucha contrainsurgente.
Fue así, en la búsqueda de la verdad, como les alcanzó
la muerte.
Al conocerse la noticia trágica de la desaparición
de los ocho periodistas y su guía, la sociedad peruana
se sintió muy conmovida. El Decano del Colegio de Periodistas
del Perú, Dr. Mario Castro Arenas afirmó que "Ni
en la segunda guerra mundial, ni en los arrozales fangosos de
Vietnam habían muerto tantos periodistas juntos como en
Uchuraccay". Meses después de la tragedia, el Decano
del Colegio de Periodistas lanzaría sus lamentos:
"Qué bochorno, qué vergüenza, que espanto.
Los teletipos repiquetearon por el mundo entero, describiendo
la tragedia. Los diplomáticos peruanos acreditados en el
exterior y los que vivían escondiéndose de la policía
de inmigraciones de Nueva York y de la DISIP de Caracas emergieron
de su semiclandestinidad para negar que en el Perú existiesen
pueblos situados culturalmente en la edad de piedra donde se podría
asesinar por error a ocho periodistas con piedras y con palos
como las hordas de la era de las cavernas".|20|
Aunque los dirigentes del gobierno anunciaron su interés
de que se esclarezca la verdad sobre la masacre de los periodistas,
en el fondo, lo que buscaban era obtener un respaldo "académico"
a la versión oficial sobre la tragedia, previamente difundida
por el Presidente de la República, y que se basaba en los
informes del Comando Político Militar de Ayacucho.
El Presidente de la República, Fernando Belaúnde
Terry, mediante Resolución Suprema del 27 de enero de 1983,
Creo una "Comisión Investigadora de los sucesos de
Uchuraccay", con el fin de "contribuir al esclarecimiento
de una verdad que reclaman urgentemente la conciencia nacional
y la opinión pública del resto del mundo".
Se estableció que la Comisión no tendría
competencia judicial o policial.
La Comisión trabajó con el apoyo de los antropólogos
Juan Ossio, Fernando Fuenzalida y Luis Millones. También
asesoraron a la Comisión el jurista Fernando de Trazegnies,
el psicoanalista Max Hernández, los lingüistas Rodolfo
Cerrón Palomino y Clodoaído Soto, así como
el historiador Ricardo Valderrama.
La investigación se desarropo del 28 de enero hasta el
28 de febrero de 1983, con entrevistas a autoridades militares,
policiales y políticas de la zona Convulsionada y la revisión
de documentación reservada de las FF.AA, tanto en Ayacucho
como en Lima.
Aunque estaba claro que la verdad podría conocerse investigando
en el mismo lugar de los crímenes, la Comisión se
hizo presente en Uchuraccay solo por cuatro horas, durante un
Cabildo Abierto convocado por el Comando Político Militar
de Ayacucho. De acuerdo a los militares, en Uchuraccay existía
un ambiente de alta tensión, y agresividad contra los foráneos,
que ponía en peligro la vida de los integrantes de la Comisión,
por lo cual no era recomendable permanecer más de cuatro
horas en la zona de la tragedia. Además del reducido tiempo
para investigar en el lugar de los crímenes, los miembros
de la Comisión tenían la barrera del idioma, ya
que la mayoría de la población de Uchuraccay, a
la que se acusó de haber cometido el asesinato de los periodistas,
sólo hablaba quechua y muy pocos dominaban el castellano.
La Comisión tuvo facultades para interrogar a altos jefes
militares y policiales que operaban en la zona de Ayacucho, pero
las entrevistas se realizaron en un clima de terror paralizante,
investigando solo aquellos aspectos acordados con los militares,
revisando documentos poco esclarecedores, evitando asuntos controversiales
que Comprometían a las fuerzas del orden en violaciones
a los derechos humanos.|21|
El Informe y su documentación sustentatoria fue entregado
a las autoridades el 4 de marzo de 1983. Inmediatamente se desplegaron
esfuerzos para darle difusión internacional, ya que de
acuerdo a la Comisión Investigadora, no existía
responsabilidad del Estado en la masacre de Uchuraccay. Pero dentro
del país el Informe produjo un sabor amargo, una decepción
por la forma escandalosa como se quiso limpiar la imagen del gobierno
y de las fuerzas armadas que actuaban en Ayacucho.
La Comisión estructuró su Informe en cuatro partes
descriptivas y analíticas, exponiendo su versión
de los hechos, las causas de la masacre, los informes de los asesores,
asé como testimonios de testigos. En el Informe se sostiene
que "La Comisión ha llegado a la convicción
absoluta de que los comuneros que se encontraban en ese momento
(el 26 de enero de 1983) en Uchuraccay confundieron a los nueve
forasteros (los periodistas y el guía) que se aproximaban,
con un destacamento de "senderistas" que venia, sin
duda, a escarmentarlos por el linchamiento de varios de los suyos
perpetrado en esa misma comunidad en los días anteriores.
Esta operación de represalias era temida y esperada en
las comunidades iquichanas que habían matado senderistas
y mantenía a los comuneros en un estado de ánimo
sobresaltado, medroso y furibundo..."|22|
También se afirma que "La Comisión tiene la
"convicción relativa" de que los periodistas
debieron ser atacados de improviso, masivamente, sin que mediara
un diálogo previo, y por una multitud a la que el miedo
y el cólera, mezclados, enardecían y dotaban de
una ferocidad infrecuente en su vida diaria y en circunstancias
normales." Sin embargo, la Comisión aclara que "no
puede descartar, que este intento de diálogo se produjera
(considerando el hecho de que tres de los periodistas hablaban
quechua) y fuese inútil debido al exceso de suspicacia,
pánico y furor de los comuneros..."
La Comisión investigadora reitera que una llegado a la
"convicción absoluta" de que el asesinato de
los periodistas fue obra de los comuneros de Uchuraccay, posiblemente
con la colaboración de comuneros de otras comunidades iquichanas,
sin que, en el momento de la matanza, participaran en ellas fuerzas
del orden". Más rotundamente Vargas Llosa y sus colaboradores
afirman que "La Comisión ha llegado a la convicción
absoluta de que los periodistas fueron asesinados porque los comuneros
los creyeron terroristas y sin sospechar su verdadera condición".|23|
En Cambio, según el Tribunal de Ayacucho, "los campesinos
de Uchuraccay fueron obligados a atacar a los periodistas, por
presión de las Fuerzas Armadas. Los comandantes militares
y policiales actuaron como instigadores del crimen". El Tribunal
ayacuchano identificó a veintisiete comuneros como autores
de la masacre, y al general Clemente Noel y Moral (Jefe del Comando
Político Militar de Ayacucho) junto con cinco oficiales
de la policía y uno de la Marina, como autores intelectuales.|24|
La Comisión Investigadora se encargó de construirle
una explicación academicista a las versiones que el gobierno
había difundido previamente, indicando que los campesinos
asesinaron a los periodistas. Para ello, la Comisión buscó
justificaciones étnicas, históricas y culturales,
apoyándose en la permanente sed de venganza de los aborígenes
andinos contra los blancos opresores. La Comisión sostuvo
que los campesinos confundieron las cámaras fotográficas
con armas de guerra y pensaban que los periodistas eran terroristas
que venían a atacarlos. Así, según la Comisión,
los periodistas, fueron víctimas de una desafortunada equivocación".
Un mes después de la presentación del Informe, las
fuerzas militares "descubrieron" casualmente las cámaras
fotográficas y varios rollos de película de los
periodistas victimados, con imágenes que al ser reveladas
pusieron en duda muchas de las"convicciones absolutas"
de la Comisión. Así se reveló el deficiente
trabajo de investigación de la Comisión presidida
por Vargas Llosa.
A pesar de que en todo momento las autoridades militares y policiales
obstaculizaron al Poder Judicial, para impedir que se esclarezca
la verdad del asesinato |25| y aunque existían evidencias
de participación "indirecta" de altos jefes militares
y policiales en esta masacre, solo tres indígenas de la
zona, Dionisio Morales, Simeón Aucatoma y Mariano Cassani,
fueron acusados. Otros implicados y testigos, como el Teniente
Gobernador, desaparecieron o fueron asesinados en los días
de las investigaciones.|26|
Aunque la investigación descartó que los periodistas
se hubieran presentado en Uchuraccay como senderistas, supuestamente
portando una bandera roja, tal como lo había sostenido
el Jefe del Comando Político Militar, ninguna autoridad
regional o nacional tuvo la honestidad de reconocer que se había
mentido al país, ni mucho menos se esforzaron para reivindicar
la memoria de las víctimas. Cuando posteriormente, en 1985,
el Tribunal de Ayacucho le preguntó a Vargas Llosa porqué
la Comisión Investigadora presentó el Informe con
su insólita versión, el escritor sólo respondió
que aceptó colaborar con el gobierno apara "salvar
a la democracia" y que dirigió la elaboración
del Informe guiándose por las declaraciones de los militares.
La actuación de la Comisión investigadora creó
problemas al poder judicial, que denunció el avasallamiento
de su soberanía por parte del Poder Ejecutivo. Esta confusión
demoró el inicio de un proceso legal por la muerte de los
periodistas. Y cuando el Tribunal de Ayacucho trató de
averiguar la verdad de la masacre, muy pronto el Poder Ejecutivo,
así como el Legislativo, le pusieron numerosas trabas,
llegando, incluso, a volver a fojas cero el proceso judicial tras
dos años de investigaciones. Así, por segunda vez,
la verdad de Uchuraccay fue maniatada.
Frente al desamparo en que se dejó a las familias de los
periodistas victimados en Uchuraccay, diez años después
del asesinato, el 26 de enero de 1993, los gremios de los periodistas
realizaron una multitudinaria marcha de protesta, demandando al
Estado una pensión de gracia para los familiares de estos
periodistas victimados en 1983. Hasta la fecha tal demanda no
ha sido atendida.
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4.2 Comisión investigadora de las masacres en los Penales.
(Agosto de 1986)
Congresistas:
Rolando Ames Cobián. (Presidente)
Jorge del Prado.
Javier
Bedoya de Vivanco.
Óscar
Felipe Ventura.
Agustín
Haya de la Torre.
Áureo
Zegarra. (Sector de la minoría parlamentaria).
Romualdo
Biaggi Rodríguez.
Judith
de la Mata.
César
Delgado Barreto.
Miguel
Ángel Mufarech.
Humberto
Arenas.
Nicanor
Asmat Vega.
José
Barba Caballero. (Sector de la mayoría)
La masacre de mas de 250 prisioneros políticos en dos cárceles
peruanas, los días 18 y 19 de junio de 1986, por parte
de efectivos de la Guardia Republicana y de la Marina de Guerra
del Perú, originó la creación de una Comisión
Investigadora a nivel parlamentario. La mayoría de los
reclusos acusados de subversión fueron fusilados después
de que se habían rendido. El penal de El Frontón,
en El Callao, fue bombardeado pese a que los presos amotinados
no representaban gran peligro. No hubo ningún interés
en rescatar a los heridos o sobrevivientes. La presión
internacional para que se esclarezca la verdad de la masacre fue
muy grande, ya que ésta se produjo cuando se celebraba
en Lima el Congreso Mundial de la 11 Internacional Socialista.
El Instituto de Defensa Legal, IDL, realizo un análisis
jurídico de la acción del Estado para restablecer
el orden y la autoridad en los penales, y llegó a la conclusión
de que "la respuesta oficial adoptada, estuvo caracterizada
por el empleo de una violencia a todas luces exagerada y desproporcionada,
producto, sin duda del clima de violencia exacerbada, inhumana
e inmoral que hoy envuelve al Perú". Agrega el IDL,
que "El saldo desolador de destrucción y muerte (murieron
cerca de 300 internos)... basta para dejar constancia de lo irracional,
desproporcionado, inhumano y antijurídico que caracterizó
al tratamiento oficial dado a los motines en los penales."
|27|
La Comisión, nombrada por el Congreso en el mes de agosto,
tardó mas de un año para instalarse, y desde el
principio se dividió en dos bloques irreconciliables, debido
a que los parlamentarios del oficialismo no querían realizar
una investigación seria e independiente que identifique
a los responsables de la masacre. Más bien, trabajaron
para impedir el esclarecimiento de los hechos.|28|
La
Comisión tuvo facultad para citar en calidad de testigos
a agentes policiales y miembros de la marina de guerra, ministros
de Estado, jueces, fiscales, y familiares de las víctimas.
La Comisión también acudió al peritaje técnico
del Colegio de Ingenieros, a fin de verificar o desmentir la versión
gubernamental de que los pabellones de los prisioneros de El Frontón
fueron derribados "casualmente", lo cual impidió
el rescate de los heridos o sobrevivientes. El peritaje técnico
descartó la versión del gobierno.
Originalmente las más altas autoridades del país
prometieron cooperar para que se esclareciera la responsabilidad
de los autores de la masacre de los penales, y para que nunca
más se repitieran esos graves hechos. El Presidente de
la República, Alan García, prometió efectuar
una minuciosa investigación de la matanza, y llegó
a proclamar: "O se van ellos, (los culpables del genocidio)
o me voy yo". Al final, ninguno de los altos oficiales involucrados
en la masacre se fue.
Conforme las investigaciones demostraban que días antes
de la masacre miembros del gobierno habían amenazado de
muerte a los reclusos, como lo hizo el Ministro de Marina, y habían
ordenado la actuación de las Fuerzas Armadas para debelar
el motín, sin estimar las consecuencias; las principales
autoridades del gobierno se obsesionaron en impedir el real conocimiento
de la verdad. Las acusaciones de responsabilidad penal incluyeron
al Presidente de la República, Alan García Pérez,
así como al Viceministro del Interior, Agustín Mantilla,
y los ministros de Guerra y de Marina, Julio Pacheco Concha, entre
otros miembros del gobierno, que aseguraron que el amotinamiento
de los reclusos puso en peligro la seguridad de la República".
Las investigaciones de la Comisión demostraron que el motón
de los reclusos ni siquiera alteró el transporte público
o privado en el Perú, y que con un poco de esfuerzo habría
tenido una solución no violenta.
Debido a que no hubo consenso en cuanto al tratamiento de la información
obtenida y la responsabilidad ante el país de presentar
la verdad, la Comisión Investigadora se dividió,
y al final se presentaron dos informes. Uno suscrito por los parlamentarios
del partido del Gobierno y sus aliados (que fue aprobado), y otro
suscrito por el presidente de la Comisión y parlamentarios
de la oposición, en Minoría.
El informe del sector de la Minoría señala que "Está
demostrada la imprevisión de las autoridades gubernamentales",
ya que las autoridades del Ministerio de Justicia y del Instituto
Nacional Penitenciario, INPE, no cumplieron con las especificaciones
respecto a la clasificación de internos o a las medidas
de seguridad indicadas en el Código de Ejecución
Penal". De aquí se establece la responsabilidad penal
y administrativa del Ministro de Justicia, Luis González
Posada, y del jefe del INPE, Manuel Aquézolo.
También en el informe se sostiene que: "Está
demostrado que los comunicados oficiales públicos proporcionaron
información falsa que magnificaba los hechos de los motines,"
y que "está demostrado que el gobierno, al incumplir
con su obligación de proteger la vida humana, dio órdenes
que trajeron como consecuencia un injustificable número
de muertes". Aquí se precisa que "La opción
tomada de "debelar los motines a través de la fuerza
militar, en el plazo más breve y perentorio", significaba
poner en grave e innecesario peligro la vida de los rehenes y
los internos. Igualmente se indica que "La fuerza militar
utilizada fue desproporcionada en relación al peligro realmente
existente y las formas de ataque implementadas tampoco revelaron
precaución alguna por reducir los costos humanos del debelamiento."
Además, el informe en minoría señala que
"Está demostrado que algunos miembros de las Fuerzas
del orden realizaron graves actos contra la vida de los internos,
entre ellos, ejecuciones extrajudiciales. Ante esto, se recomienda
promover acciones penales contra el coronel de la Guardia republicana
Rolando Cabezas, el general del Ejército Jorge Rabanal
Portilla, el general de la Policía Máximo Martínez
Lira, así como contra el Almirante Víctor Nicolini
y el
