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Hasta
el establecimiento de la Comisión Nacional Sobre Prisión
Política y Tortura (de aquí en adelante Comisión),
los temas tanto de la prisión política como también
de la tortura habían sido descuidados. No es que sostengamos
que no se hubiese hecho nada al respecto. Ya el Informe Rettig
reconocía la tortura como una práctica institucional
recurrente. Se señalaba que la tortura había precedido
la mayor parte de las ejecuciones y de las 'desapariciones' de
las víctimas. Luego, durante la transición que vino
después de la dictadura, algunos sobrevivientes pudieron
recibir apoyo médico individual por parte del gobierno,
otros pudieron recuperar sus derechos civiles al confrontar documentación
oficial que los mostraba y/o inculpaba como criminales. Otros
han sido aceptados como testigos válidos en casos relacionados
con violaciones a los derechos humanos. Sin embargo, éstos
han sido derechos difíciles de lograr y, a nivel oficial,
aquellos que sobrevivieron la tortura no habían podido
obtener un reconocimiento público generalizado. ¿Qué nos dice la Comisión?A pesar del corto tiempo del cual dispuso esta Comisión en su mandato para recopilar las historias y testimonios, miles de sobrevivientes se acercaron a la Comisión para relatar lo vivido. De hecho, 35.868 personas se presentaron ante la Comisión y a las instituciones que la representaban en sólo seis meses. En Santiago la Comisión entrevistó entre 114 y 240 personas diariamente. La mayor parte de las personas entregó su testimonio en Chile (37% en Santiago y 54% en otras regiones del país). Sin embargo el 9% restante de los testimonios fue dado en 40 países distintos. Tal número de respuestas deja de manifiesto la necesidad real que tienen muchas de las víctimas en que sus experiencias vividas sean oficialmente reconocidas. La Comisión detalla que hubo 1.132 centros de detención a lo largo de Chile. Las víctimas fueron torturadas en recintos policiales, recintos militares, escuelas y hospitales, entre otros lugares. La tortura fue parte de una política de estado y una realidad común que vivieron los prisioneros políticos. De hecho el Informe deja constancia que el 94% de l@s pres@s polític@s fueron torturad@s. En concordancia con las bases del mandato de la Comisión, se pudo comprobar que 33.221 personas fueron detenidas y estas víctimas pasaron un promedio de 180.1 días en prisión. De este total, 27.255 personas fueron calificadas oficialmente como víctimas de la tortura. Aproximadamente el 19% (6.845) de las personas que se acercaron a la Comisión no fueron calificadas como víctimas y no están consignadas en este Informe. De
aquellos que se calificaron oficialmente como víctimas
de la tortura, se pueden ofrecer las siguientes estadísticas: La mayoría (87.5%) de las víctimas fueron hombres ya que las mujeres representan el 12.5% del total. Un tercio del total de las personas estudiadas sufrieron electro shock durante las sesiones de tortura y casi todas las mujeres sufrieron tortura sexual. En su mayoría eran personas adultas (27.153), aún cuando también se consiganaron 102 niñ@s como víctimas. Est@s nacieron durante el período de reclusión o fueron detenid@s con sus padres. Al tiempo de su detención el 4% de las víctimas tenía menos de 18 años; 9.7% tenía entre 18 y 20; 44.2% entre 21 y 30 años de edad; 25.4% entre 31 y 40 ; 12.5% entre 41 y 50; y 4.3% tenía más de 50. La mayor parte de los adultos jóvenes pertenecían a partidos políticos y también reconocen haber sido parte de algún sindicato. De aquellas víctimas que tenían menos de 18 años de edad, 766 tenía entre 16 y 17, 226 tenía entre 13 y 15 años, y 88 tenía 12 o menos años. Ningun@ de est@s niñ@s tenía responsabilidad penal al tiempo que fueron detenidos. Al tiempo de dar sus testimonios, la Comisión señala que el 9% de las víctimas había fallecido (su testimonio fue presentado por el familiar más cercano) y que el 83% de las víctimas tenía más de 51 años. El 27% de las víctimas están jubiladas o cesantes. Estas personas están en situación económica de vulnerabilidad. ¿Cómo se contabilizaron las víctimas?El mandato de la Comisión restringió los casos a quienes estuvieron detenidos y podían probar que sus detenciones fueron producto de motivaciones políticas. Generalmente ésto se circunscribió a casos en los cuales las personas pudieron probar que estuvieron detenidas sin un debido proceso, o que fueron detenidas bajo un decreto especial creado por la dictadura, o que habían sido detenidas por la DINA (Dirección de Inteligencia Nacional), o bien que habían sido acusadas en base a cargos por un crimen descrito y estipulado por el régimen (por ej. ser miembro de un partido político). Los que se presentaron ante la Comisión tuvieron que demostrar que el régimen había violado sus derechos humanos en concordancia con lo establecido por leyes nacionales e internacionales. Aquellos que presentaron su testimonio, sean éstos sobrevivientes o parientes sobrevivientes de difuntos, tenían por lo tanto que probar el fundamento político de su detención. Mientras
que cada testimonio se guiaba por un formulario pre-establecido,
de modo que cada persona pudiese cumplir con ciertos estándards
de información requerida, todos debían adjuntar
documentación que estableciese la motivación que
originaba la detención de la persona. La evidencia se basaba
en testimonios de testigos, registros de centros de detención,
como también cualquier otro registro de instituciones del
estado, organizaciones de derechos humanos, información
en los medios de la época, organismos internacionales e
instituciones de las fuerzas armadas. ¿Por qué surge ahora la Comisión?La Comisión surgió trece años después del Informe Rettig. Aún cuando quizás no sea posible indagar cabalmente acerca de las razones por las cuales se la implementó, es posible identificar hechos recientes que han contribuido a la creación de nuevos espacios en los cuales es posible abordar las violaciones a los derechos humanos. Por ejemplo, parecería que hay consenso en que la Comisión se constituyese luego de que se le imputaran cargos de tortura al General Pinochet en Europa. Mientras Pinochet estuvo detenido en Londres, el gobierno chileno argumentó que el tema de las violaciones a los derechos humanos tenía que ser abordado a nivel nacional y no internacional. Una vez que éste fuera liberado, una secuela de hechos se han ido desencadenando en el ámbito de los derechos humanos. Por ejemplo, se le ha despojado a Pinochet de su inmunidad y el Juez Guzmán ha continuado el procesamiento en su contra ante los tribunales chilenos. Al mismo tiempo, otras causas han avanzado y han terminado en el encarcelamiento de varias figuras significativas durante los tiempos de la dictadura. Por ejemplo, el jefe de inteligencia del general Pinochet, Manuel Contreras, junto a un centenar de anteriores oficiales policiales y militares han sido procesados por su involucramiento en violaciones a los derechos humanos durante los primeros cinco años de la dictadura (6). Están recluidos en Punta Peuco, una prisión con privilegios construida con el fin de mantener encarcelados a violadores de los derechos humanos. En el año 2003, una corte civil de Florida (USA) sostuvo que un antiguo oficial militar, Armando Fernández Larios, era culpable de la tortura y muerte del economista Winston Cabello. Se dispuso que Fernández pagase US$ 4 millones de dólares de indemnización. Más recientemente, un informe del Senado de los Estados Unidos del 2005 indicó que Pinochet controlaba 128 cuentas bancarias en los Estados Unidos. Utilizando nombres falsos para abrir las cuentas, se piensa que mantenía más de US$ 19 millones de dólares en impuestos no declarados. En tanto que tales informes actúan como una denuncia internacional acerca de las actividades ilícitas del General Pinochet, grupos al interior de Chile han buscado la forma de avergonzar a los violadores de derechos humanos en su propio entorno. El grupo conocido como 'Funa', por ejemplo, individualiza en público a los violadores de derechos humanos. Este grupo ha expuesto los casos con pruebas contundentes y ha puesto en evidencia la falta de justicia y de responsabilidad frente a esta violaciones. Con tal tipo de eventos (7) , el gobierno chileno ha encontrado una nuevo y más seguro espacio en el cual poder imputar responsabilidades por los delitos cometidos. Al comienzo de este nuevo milenio, violadores a los derechos humanos han mantenido una menor influencia tanto en la política chilena como también en materia legal. Aún más, Chile se ha empeñado en mantener una buena imagen internacional y un status como país que ha enfrentado adecuadamente su pasado. La Comisión se constituyó en este contexto. Sin embargo, los mismos Consejeros de la Comisión se han cuestionado el significado que puede tener un Informe escrito 30 años después de que los hechos hayan ocurrido. Como ellos señalan:
Para
los miembros de la Comisión, el Informe surgió
de la continua necesidad de enfrentar los temas nacionales pendientes
de verdad, reparación, justicia y reconciliación. La contribución de la Comisión a los procesos de verdad, reparación, justicia y reconciliaciónEste artículo se volcará ahora a hacer una evaluación preliminar con respecto al cómo la Comisión se ha manejado con respecto a esos aspectos. A saber: verdad, reparación, justicia y reconciliación. Aspectos que han sustentado su funcionamiento. VerdadEl impacto que tiene el reconocimiento oficial del uso masivo de la tortura durante la dictadura no puede ser negado. Ver la extensión que tiene la lista de víctimas torturadas es sobrecogedora. Sin embargo, reflexionando, la lista en sí misma no puede reducirse a la única expresión de lo ocurrido. La decisión de que los testimonios no puedan ser revelados en los próximos 50 años asegurará que la verdad expuesta sólo sea parcial. Aún cuando sea posible que algunos sobrevivientes tengan la habilidad de hacer público su sufrimiento, la mayoría no lo hará. El que no se entreguen los testimonios detallados significará que la población chilena no tenga cómo comprender la diversidad de formas en que se sufrió la detención y la tortura. La
verdad acerca de la tortura también se pone a prueba por
cuanto las listas entregan detalles de los torturados pero no
identifica a los torturadores. Aquellos que sufrieron la tortura
son los únicos que son expuestos en este proceso de búsqueda
de verdad. Esto ha dado pie a fuertes críticas con respecto
al Informe. Después de todo, en una situación política
tan estable y segura, uno se pregunta: ¿Por qué
la Comisión ha seguido protegiendo a los torturadores?
Si una instancia oficial como ésta no puede enfrentar la
verdad como un todo, ¿quién lo puede hacer, entonces?
En respuesta a estas omisiones se ha evacuado un Contra Informe.
Lo ha hecho un grupo de ex-pres@s polític@s de Santiago
a modo de poder investigar y castigar a quienes torturaron, como
también a aquellos que apoyaron el uso de la tortura (9)
. Tales acciones son un intento por restarle valor al status del
cual gozan los torturadores en la sociedad chilena - acción
que debiera ser asumida por el gobierno. Por último, a pesar de reconocer el gran número de personas que se acercó a dar su testimonio, debemos también tomar en cuenta que hay muchos más que no lo hicieron. Por ejemplo, en lo que respecta a la información que hemos reunido (10), en algunos países sólo unas pocas personas dieron su testimonio en un Consulado chileno, en tanto que la mayoría acordó colectivamente no involucrarse en este proceso. En lo que a estos grupos respecta, a los representantes oficiales del gobierno no se les puede confiar que representen fehacientemente sus intereses. El temor y la desconfianza están aún presentes en sus vidas. (i) ReparaciónLa misma Comisión ha señalado que el daño infligido en contra de las víctimas de la tortura no puede ser adecuadamente reparado ni restituido. A modo de gesto simbólico, cada víctima identificada recibirá un monto mensual equivalente a 112 mil pesos (US$ 190), igual para cada persona consignada. Este monto no ha sido criticado por los partidos de derecha de Chile, pero sí lo fue por Gonzalo Martner, el anterior presidente del partido Socialista de Chile quien señaló que 'el monto a pagar ha de ser proporcional al sufrimiento ocasionado'. Actualmente el monto a recibir por parte de una persona que estuvo detenida una semana es el mismo que por haberlo estado varios años. La reparaciones no han de remitirse tan sólo a pagos materiales. La Comisión también ofrece medidas administrativas y prácticas y el Informe señala que las víctimas recibirán beneficios de salud, educación y de vivienda. Dada la realidad de que la mayoría de las víctimas tiene más de 50 años, pareciera ser que el ofrecer educación puede promover buena voluntad y con un mínimo de costos. La petición del Presidente de que las víctimas contribuyan con su reparación a los fondos de una Fundación de Derechos Humanos establecida por el gobierno provoca consternación, por decir lo menos. La idea de que esta Fundación Nacional de Derechos Humanos pueda estar solventada con aportes de víctimas de la tortura, sin solicitar a los personas responsables de las torturas a que también contribuyan, parece inapropiado. No olvidemos que los reponsables de la tortura han recibido buenos sueldos y jubilaciones por más de 30 años, mientras que las víctimas han tenido que esperar mucho antes de recibir un monto simbólico. (ii) JusticiaComo se ha detallado anteriormente, se les ha dado un status protegido tanto a los individuos como a las instituciones responsables de la tortura. Los responsables no han sido nombrados en el Informe de la Comisión y el congreso chileno aprobó una ley en diciembre del 2004 en la que se asegura que los testimonios sobre tortura no pueden ser revelados en procedimientos judiciales durante los próximos 50 años.
La víctimas tienen derecho legal a la justicia con respecto a las violaciones de las cuales han sido objeto. Sin embargo, y sin lugar a dudas, tanto las acciones de la Comisión como también las del Gobierno de Chile y la de los tribunales con respecto al tema de la tortura indican que la justicia en torno a la tortura no será respetada en Chile. (iii) ReconciliaciónCon los factores expuestos anteriormente se restringen las posibilidades de reparación. La distancia entre víctimas y responsables, junto con la falta de equilibrio en cuanto a poder y las concesiones otorgadas a los responsables contribuyen a la creación de una situación en la cual no se puede esperar que se de la reconciliación. En misas de reconciliación celebradas anteriormente en Santiago, las iglesias han estado llenas de oficiales de las Fuerzas Armadas, políticos y jueces, en tanto que la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos no ha sido invitada. Estuvieron afuera de esas iglesias. Aquellas personas que fueron victimizadas no han visto ninguna devaluación o degradación ya sea de la identidad o del status de los ofensores. Para involucrarse en un proceso de reparación, todas las personas han de tener conciencia y comprensión con respecto a las diferentes posiciones. Esta será una posibilidad difícil a la cual aspirar si es que la Comisión no publica ampliamente sus conclusiones. La decisión de publicar el Informe sólo via internet significará que quienes lean el Informe serán inevitablemente aquellos que trabajan en derechos humanos, académicos, quienes dieron su testimonio, etc. Las limitaciones del acceso a internet significará que muchos de quienes se presentaron a la Comisión no tengan siquiera la oportunidad de leer el Informe final. Aún más, quienes no quieran leer los resultados y los que no sepan de su existencia, seguirán sin saber. Desafiando la Conspiración de Silencio con respecto a la TorturaEn su Informe los miembros de la Comisión argumentaron:
Como se ha argumentado anteriormente, dado el gran número de personas que se acercó a la Comisión, queda claro que un gran número de personas sí tuvo la necesidad de reconocimiento oficial. Su silencio anterior no demuestra una falta de voluntad de comunicar lo ocurrido por su parte, sino por el contrario, muestra una falta de voluntad del Gobierno de Chile como también de la sociedad para escuchar los testimonios de tortura. Sin embargo, con este Informe los miembros de la Comisión dicen que el silencio sobre la tortura se ha terminado. Dadas las limitaciones del Informe que se han discutido anteriormente, nosotras argumentamos y señalamos que a la sociedad chilena le queda un buen trecho por caminar antes de que pueda hacer esta afirmación. El silencio aún existe para los responsables y las expresiones de quienes los apoyan, como también los testimonios han sido manejados y administrados de tal manera que el hablar acerca de la tortura ha sido re-apropiado con fines políticos. Puede que nosotras reconozcamos que más de 35 mil personas se hayan acercado a la Comisión con testimonios sobre detención y tortura. Sin embargo aún entendemos poco acerca del sufrimiento vivido por quienes estuvieron detenidos y fueron torturados, el cómo los responsables legitimaron sus violaciones y las estructuras que permitieron que la tortura floreciera. De estas observaciones nace la necesidad de asumir más trabajo en lo relativo a compartir estas preocupaciones con quienes se acercaron a la Comisión. En especial se hace imperativo que tomemos esta oportunidad para estudiar con quienes sobrevivieron estas experiencias; qué piensan y cuáles fueron sus experiencias con el trabajo de la Comisión. Evaluar las repercusiones personales y sociales que tuvo el dar testimonio de esta forma y ver qué necesitan aún los sobrevivientes en términos de verdad, reparación, justicia y reconciliación a modo de que puedan encarar y confrontar su pasado. Haciéndonos estas preguntas tal vez pueda llegar a comprenderse el valor real de las tareas de la Comisión. ____________ (1)Roberta
Bacic es chilena. Investigadora de derechos humanos que actualmente
reside en Irlanda del Norte. Se encuentra en período sabático.
Su correo electrónico es: monitos@compadres.fsnet.co.uk |
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