Impunidad Total: Recordando con ira
Patricio
Orellana Vargas *, Octubre 2005
La inmunidad
conseguida por los violadores de los derechos humanos
Las violaciones
a los derechos humanos durante la dictadura militar de Pinochet
fueron increíblemente numerosas. Las ejecuciones arbitrarias,
las desapariciones de detenidos, las torturas y la prisión
política afectaron a millares de personas. Según los
organismos de derechos humanos de la época, en los cuales
colaboré, se persiguió directamente a 347.000 personas
anualmente que corresponde a un promedio del 5,18% de las personas
entre 15 y 54 años.
Sin embargo,
la historia oficial destaca que las violaciones a los derechos humanos
fueron pocas en comparación con Argentina, Guatemala u otros
países. Esta mistificación se logra mencionando exclusivamente
los casos de ejecuciones arbitrarias, detenciones con desaparición
y tortura, las que en todo caso, acumulativamente ascienden a 115.000
casos, la mayoría de ellos son casos de torturas.
Esta política
de violaciones a los derechos humanos requirió de un aparataje
represivo de impresionante magnitud que contó con miles de
miembros.
Un balance
siempre rojo
Después
de 15 años de democracia (1990-2005) el balance es muy preciso.
De las decenas de miles de casos de violaciones de derechos humanos
no más de 50 se han aclarado, de los miles de agentes uniformados
encargados de asesinar, hacer desaparecer y torturar, sólo
han sido condenados 29, generalmente a penas irrisorias y en condiciones
especiales en comparación con los reos comunes.
Este balance
entrega un solo resultado: en Chile ha habido una impunidad casi
total. En efecto, el funcionamiento del sistema judicial ha permitido
que se actúe con una lentitud increíble: hay procesos
que van a cumplir 30 años o más, desde que se presentó
el habeas corpus inicial.
Inventando
manipulaciones
Ha existido
una capacidad inventiva tan fecunda para crear argucias que impidan
lograr la justicia que alcanzan las cumbres del cinismo social,
empezando porque el mismo gobierno militar que había violado
todos los derechos y se auto amnistió. Es decir, el culpable
dictó una ley que le declaraba inocente y libre de cualquier
responsabilidad y los hechos penales nunca habían existido:
durante la dictadura esta ley de amnistía se aplicó
a rajatabla y se ha mantenido ocasionalmente con algunos quiebres
en la democracia.
Cuando llegó la democracia, Pinochet siguió como jefe
del Ejército y advirtió que protegería a "su
gente" por los crímenes cometidos. La timidez del Poder
Judicial para procesar los casos de violaciones se transformó
en terror paralizante.
En estas circunstancias,
el primer presidente democrático, Patricio Aylwin anunció
su sibilina política de "justicia en la medida de lo
posible", que inspirada en la ética de la responsabilidad
de Weber, obligaba a considerar los efectos que podría provocar
cualquiera decisión. Así se evitó tener crisis
con los militares, porque lo posible era definido por ellos.
Algunos placebos
Pero existía
una obligación moral de hacer algo frente a la magnitud y
masividad de estas violaciones. Entonces se encontró la solución
en la expresión validada por la humanidad: Verdad. Ya que
no se podía dar justicia se daría verdad.
Esta verdad
fue el Informe Rettig. Esta verdad estaba llena de concesiones,
era una verdad parcial y hasta una tergiversación de los
hechos. Así, por ejemplo, el informe Rettig no reconoce que
haya habido tortura en Chile. ¿Alguien puede imaginar un
sistema represivo sin la aplicación de este instrumento?
En Chile la tortura fue el instrumento central del sistema represivo,
las muertes y las desapariciones fueron simples consecuencias ocasionales
del mismo.
En segundo lugar,
el Informe aceptó las imposiciones de las fuerzas armadas
y se registró en el mismo nivel a los militares muertos en
combate, como si fuesen violaciones a los derechos humanos. Es evidente
que estos hechos deben registrarse, pero nunca en la historia se
ha considerado que militares armados hasta los dientes y respaldado
por un ejército organizado y muertos en acción fuesen
casos de violaciones a los derechos humanos. El ejército
respectivo puede considerarlos héroes o mártires,
pero no corresponde a los conceptos de víctimas de los derechos
humanos. Estos casos, aunque reducidos en número, contaminaban
los conceptos aceptados sobre lo que son las violaciones a los derechos
humanos y desnaturalizan el informe.
Muchos entendieron el carácter especial de la transición
e interpretaron que esta verdad era un paso positivo y fue aplaudido
por los que no lo estudiaron y por los que lo habían manipulado
de esta forma.
Otro gran espectáculo
Cuando cambió
la dirección del Ejército, se pensó que era
la oportunidad de aplicar, por fin algunos mendrugos de justicia
y se creó la Mesa de Diálogo con la presencia de militares,
representantes del gobierno y abogados defensores de las víctimas
de las violaciones a los derechos humanos. Se pensaba que allí
se recibiría una gran cantidad de información que
permitiría acelerar los casos de derechos humanos, siempre
paralizados o en lento avance.
Las fuerzas
armadas reconocieron su responsabilidad en las violaciones a los
derechos humanos y hasta se especificó que los cadáveres
de los detenidos desaparecidos habían sido lanzados al mar.
La derecha y el gobierno comunicaron al país y al mundo que
este era un reconocimiento que mostraba la grandeza de los militares.
Cualquiera persona hubiera entendido que si el Ejército asumía
la "responsabilidad" quería decir que iba a responder
a las consecuencias de esos actos. Gran error: la responsabilidad
terminaba, según los militares, cuando se reconocía.
Nada más … y así eso era mucho.
Si lo llevamos
al campo de la parodia, podríamos decir que si el sádico
de Alto Hospicio (criminal común que violó y asesinó
a muchas niñas) podría haber declarado que él
asumía la responsabilidad por estos crímenes, pero
que no confesaba concretamente ninguno de ellos y que no se le podían
probar, de manera que no podría ser procesado y debía
ser aplaudido por enmendar su actuar.
La misma lógica
le pareció impecable al Ejército, con algunos agravantes
adicionales.
Cuando se le
pidió información concreta de los casos específicos
de ejecuciones y desapariciones, el Ejército informó
que, desagraciadamente, no tenía ninguna información
porque no se habían guardado registros ni existían
testigos o autores ya que había pasado mucho tiempo. Sólo
les faltó preguntar ¿Por qué no pidieron la
información antes? Parece que no lo hicieron por una última
brizna de decencia ya que se le había pedido información
desde 1973 en adelante.
La contraparte
del poder militar era la vigencia de la "real politik",
sostenida por el presidente Eduardo Frei, que se traducía
en un pragmatismo que justificaba la inercia ante la magnitud de
los obstáculos.
La culminación
del cinismo militar
Esta actitud
era una burla cruel para con los familiares de las víctimas.
Reconocían el crimen global, pero no reconocían ningún
crimen específico, por lo tanto no había culpables.
De esta manera
se intentaba la máxima aspiración de los que habían
violado los derechos humanos: el punto final, la impunidad.
En la historia
de la humanidad, no hay recuerdo de ejércitos que no tengan
y guarden la información de sus acciones. En la época
actual, con la avalancha de las técnicas de la información,
todos los ejércitos del mundo consideran que la información
es vital. El único ejército del mundo que carecía
de información era el Ejército de Chile.
Nadie del gobierno
reclamó, todos aceptaron la explicación del Ejército
y más aún celebraron la Mesa de Diálogo como
un hecho histórico y un cambio democrático en el Ejército.
El gran show
internacional
Cuando Pinochet
fue detenido en Londres, todo Chile avergonzado, pensó que
la justicia se lograría en el Reino Unido, porque en Chile
la justicia era algo inexistente, desconocido o imposible.
Pero nos habíamos
olvidado de los políticos chilenos. Cuando vieron esta situación,
todos reaccionaron al unísono: Hay que respetar la territorialidad
de la ley, si hay delitos se deben procesar en Chile, ¿Por
qué un país extranjero va a procesar a un chileno
por delitos cometidos en Chile? La clase política mostró
una unidad férrea. Así desconocían la naturaleza
universal de los derechos humanos, cuyas violaciones pueden perseguirse
en cualquier lugar.
La derecha masivamente
partió a Londres, y consiguió el apoyo de la fuerte
palanca de la ex primera ministra Margaret Thatcher. Ricardo Lagos
consiguió el compromiso y apoyo a regañadientes del
laborismo y Frei movió todos los medios de presión
diplomáticos de Estado a Estado. Y consiguieron el milagro:
tampoco hubo justicia en el Reino Unido y Pinochet regresó
al país saludado con bandas y honores militares y se volvió
a producir otro milagro: el pobre viejo perseguido e inválido,
una vez que pisó tierra chilena pegó un salto y salió
marchando al compás de las bandas.
Se había
probado que Pinochet era impune en Chile y además, ahora,
en el mundo.
Manipulando
a los familiares de las víctimas
Desde 1974 los
familiares de los detenidos desaparecidos, de los ejecutados arbitrariamente,
así como los familiares y víctimas de la tortura,
prisión política, relegación y exilio habían
desarrollado una heroica lucha ante la represión policial
durante la dictadura y de la indiferencia de las autoridades durante
la democracia.
Sin embargo, estos familiares organizados significaban un frecuente
llamado a la conciencia nacional y ponía en jaque las maniobras
del Gobierno y del Ejército. Para neutralizarlas se usó
como elemento esencial el tiempo: tramitarlas indefinidamente, recomendarles
acudir a los tribunales, instancia en la cual estaban sus casos
y escuchar las explicaciones sobre las diligencias interminables.
Por su parte, el Gobierno recurría a los argumentos de la
independencia de los poderes y la no injerencia en el poder judicial
para lavar su imagen.
Final y paulatinamente se fueron concediendo pensiones, becas y
subsidios a los familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados.
Estas ayudas fueron miserables y sin ninguna relación con
los sistemas de indemnización que se han aplicado en otros
países. La explicación era la pobreza de las arcas
fiscales que, sin embargo, permitían hacer renovaciones periódicas
y modernización de todos los equipos militares.
Pero no se logró
paralizar las acciones de estas agrupaciones que prosiguieron con
su lucha por la verdad y la justicia ante la frialdad del sistema
político.
La lucha inclaudicable
de estas organizaciones demostró que a pesar del paso del
tiempo la lucha continuaba y nuevas generaciones se incorporaban
usando nuevos métodos, como las FUNAS, grupos de personas
que denunciaban a prósperos oficiales que habían participado
en la violación a los derechos humanos y que se habían
construido máscaras de nobles ciudadanos.
Este ha sido
el factor que ha mantenido la lucha por la justicia en Chile.
El control de
la prensa y los otros medios ha permitido crear la vigencia de una
ideología de la impunidad, recurriendo incluso a estímulos
subliminales.
Se ha sostenido que hay que terminar con estas exigencias interminables,
propiciando los perdones, reclamando el olvido. Se insiste en la
necesidad de olvidar el pasado y preocuparse exclusivamente del
futuro.
Esta ideología
es propiciada y desarrollada por el Gobierno, la oposición,
los medios de comunicación y llegó al clímax
del cinismo cuando el cardenal Francisco Javier Errázuriz
levantó la bandera de que "Hay exceso de justicia",
negando toda la tradición de sus predecesores eclesiásticos
que habían jugado un rol destacado en la lucha por los derechos
humanos.
El "exceso
de justicia" al que hace mención el cardenal es de que
de 2000 violadores a los derechos humanos requeridos por la justicia,
sólo 29 han sido condenados a penas mínimas y se desconoce
la identidad de al menos otros 5000 violadores a los derechos humanos.
El manto protector
¿Cómo
es posible que esta multitud de violadores estén encumbrados
en altos cargos y tengan un status privilegiado?
En primer lugar,
cuentan con la protección del Ejército que no entrega
los antecedentes de sus actuaciones delictivas; en segundo lugar,
esta misma institución mantiene y financia sus cargos o pensiones
y cuando alguno de ellos puede sufrir algún riesgo se le
financian guardias personales y si finalmente, ocurre el hecho excepcional
que sean procesados, el Ejército le provee de los mejores
(y más caros) abogados.
De manera que
se presenta la paradoja corrupta de que el Estado financia a la
vez el
proceso y la defensa, con el desequilibrio que los jueces son elegidos
al azar mientras que los defensores son los mejores que existen.
Nunca más
Con la aplicación
de hábiles políticas de relaciones públicas,
el Ejército, a través de su comandante en Jefe hizo
una declaración que conmovió tanto a la clase política
como la clase militar. En un acto muy importante declaró
que el Ejército se comprometía en un "nunca más".
La decisión
fue considerada como de la mayor trascendencia por los medios de
comunicación porque aseguraron que eso garantizaba que en
el futuro no volverían a repetirse los bochornosos hechos
de la dictadura militar (las violaciones a los derechos humanos).
Cualquier análisis
elemental de esta promesa debe considerarla como lo que es: una
promesa política. Es como creer que cuando cualquier candidato
a un cargo público promete aumentar los sueldos, resolver
los problemas de vivienda y mejorar la salud. Promesa que todos
hacen y ninguno cumple.
Ahora el Ejército
se sumaba a la vieja política de enmendar el pasado prometiendo
cambiar a futuro. Habría que preguntar si se pueden aceptar
estas promesas a quienes habían jurado respetar la Constitución
y la ley y las violaron en una forma jamás ocurrida en la
historia de Chile.
La oferta era
bien clara: reemplazar la justicia por la promesa de no seguir cometiendo
violaciones a los derechos humanos.
Si retornamos
a nuestra metáfora del sádico violador de Alto Hospicio,
es exactamente lo mismo que si este violador hubiera declarado a
través de los medios que ya no iba a seguir cometiendo sus
crímenes y aseguraba que nunca más los repetiría.
¿Entonces la población debería aplaudir y perdonar
al criminal mencionado? ¿Se pondría punto final a
cualquier proceso?
El absurdo es
que la jerarquía militar consideró que este gesto
era la expresión máxima de generosidad militar para
terminar con los procesos a los violadores de los derechos humanos.
Era lo mismo que cambiar la justicia por nada, porque las promesa
políticas son eso: nada.
La clase política
se manifestó conmovida por la generosidad militar y declaró
que el Ejército había cambiado y ahora era un Ejército
democrático. Pero la reacción del movimiento de derechos
humanos fue muy clara y percibió que una promesa vana no
reemplazaba a la justicia.
Las otras manipulaciones
durante el gobierno de Lagos
La opinión
pública era de que Lagos era un valiente luchador por los
derechos humanos y que había sido capaz de levantar su dedo
frente al dictador. Pero la "real politik" había
mellado su compromiso con estos ideales y resultó ser el
presidente del gobierno democrático que permanentemente estuvo
buscando falsas salidas al problema de los derechos humanos. La
culminación de esta actitud es la nominación de un
juez de derecha a la Corte Suprema para asegurar la paralización
de la justicia, simultáneamente, otorgó un indulto
a un militar que cumplía prisión por haber participado
en el asesinato de un dirigente sindical. Este asesinato se mantuvo
sin culpables durante años de investigación, pero
debido al cambio de juez, se encontró en pocas semanas a
los culpables y se desenredó la trama. El mencionado dirigente
sindical era un socialdemócrata de derecha y fue asesinado
con alevosía. Cuando los asesinos, militares que seguían
órdenes, fueron descubiertos, obligaron a un pobre carpintero
a que firmara una declaración inculpándose del crimen
y a continuación lo mataron y presentaron su muerte como
un suicidio. Sin embargo, las pericias médicas y forenses
demostraron que no era suicidio sino un asesinato. En consecuencia,
este crimen fue uno de los más perversos de la dictadura
y los culpables no demostraron ningún arrepentimiento, sin
embargo, uno de los pocos casos en los que se había alcanzado
cierta justicia, se transformó de nuevo, en otro caso de
impunidad, esta vez con la firma del Presidente democrático.
La Corte Suprema
quiere terminar los procesos
En reiteradas
oportunidades la Corte Suprema o sus representantes han ideado mecanismos
para finalizar los interminables procesos. Aunque lo obvio es agilizar
y terminar los procesos estableciendo la justicia, la Corte Suprema
ha buscado como dejar las cosas en el nivel alcanzado y sostener
que eso es suficiente. Una de las medidas propuestas fue establecer
un plazo de seis meses pare cerrar todos los procesos, lo que significaba
dejarlos, a casi todos, en estado de investigación, sin conclusiones.
Cuando un clamor nacional rechazó esta medida, algunos jueces
empezaron a aplicar la amnistía y otros adhirieron a la tesis
de la Presidente del Consejo del Estado de la "amnistía
impropia" que en la práctica obligaba a aceptarla. Por
su parte la Sala Penal de la Corte Suprema declaró - en contra
de todos los antecedentes- que en Chile no había habido guerra
y por lo tanto los Convenios de Ginebra no eran aplicables, aunque
existía un decreto de Pinochet que establecía que
había guerra.
El Informe
Valech
Otra maniobra
del gobierno de Lagos, que contó con el apoyo de la Iglesia
Católica, fue la elaboración de un informe sobre las
torturas ocurridas durante la Dictadura Militar.
El informe fue realizado por gente comprometida con la causa de
los derechos humanos, encabezada por el obispo auxiliar de Santiago,
por lo cual lleva su apellido.
El reconocimiento
oficial de que en Chile había habido torturas era un efectivo
paso hacia la verdad, porque hasta entonces, la tortura era un tema
intocable ya que podía levantar las iras del Ejército.
Este informe permitió establecer algunas pensiones mínimas
o pequeñas indemnizaciones para los afectados o sus familias.
Se hicieron muchas exclusiones: niños, personas fallecidas,
casos no verificados, etc.
Aparentemente
este fue un paso muy grande en el proceso de restablecer la vigencia
de los derechos humanos, pero fue minimizado cuando el Gobierno
declaró que no se publicarían los nombres de los torturadores
(que en algunos casos eran conocidos).
De esta manera, el gran paso se transformó en un gesto del
Estado para esconder la verdad y para proteger a los torturadores.
De manera que el Presidente Lagos hizo de Chile el país donde
se torturaba, pero donde no existían torturadores. Un país
con tortura y torturados pero sin responsables de este crimen de
lesa humanidad. Una verdad parcial se transformó en un nuevo
manto de impunidad.
La cumbre del
cinismo político
Todas estas
maniobras han erosionado o anulado la posibilidad de lograr verdad
y justicia. La situación es de una impunidad casi total,
con solo una decena de caso en los cuales se ha logrado una justicia
parcial, alcanzada gracias a los abogados de las víctimas
y no por las investigaciones policiales o de los tribunales.
Sin embargo,
el intento de casi toda la clase política, es alcanzar la
impunidad total. No cabe la menor duda que los tres candidatos presidenciales
actuales, con posibilidades de ganar (la socialista Bachelet y los
conservadors Piñera y Lavín), les agradarían
asumir el mando sin el espinudo problema de las violaciones a los
derechos humanos. Es posible que el Presidente Lagos considere que
la contienda electoral, con su bullicio, es el momento oportuno
para imponer alguna solución, es por ello que ha brindado
toda su simpatía a las maniobras de la derecha.
La derecha disfrutó
de la política de la dictadura y durante la democracia, con
la misma política neoliberal, sigue disfrutando, logrando
una distribución del ingreso que le entrega más del
40% al quintil más rico de la población, lo que significa
que tienen 15 veces más que el quintil correspondiente a
los más pobres y el 10% más rico tiene 35 veces el
ingreso del correspondiente 10% más pobre de la población.
Entre 127 países, Chile ocupa el lugar 117 en materia de
distribución de ingreso, es decir está entre los 15
países con peor distribución de ingresos. En el año
2004 las utilidades de las empresas crecieron en 70% y los salarios
en menos del 5%.
La prensa de
la derecha repite incansablemente que el modelo es un éxito
y que debe seguir aplicándose. En cuanto a la violación
de los derechos humanos, la derecha los negó sin cesar durante
más de 30 años. Sólo ahora la evidencia ha
sido tan abrumadora que no podido insistir en su negación.
La actual táctica de sus miembros es sostener que ellos no
sabían nada. A pesar de que permanentemente las instituciones
de derechos humanos denunciaron estas violaciones, tanto en Chile
como en el ámbito internacional, estos gerentes y grandes
políticos no sabían nada. Después, cuando se
descubrió que Pinochet tenía una fortuna mal habida
en cuentas de bancos extranjeros, la derecha reiteró que
de esos casos de corrupción tampoco sabía nada, de
esta manera se ha desligado de toda responsabilidad con los crímenes
y delitos de la dictadura.
Simultáneamente,
la derecha ha respaldado o ha iniciado las maniobras tendientes
a lograr un punto final a la saga de las violaciones de los derechos
humanos recurriendo al olvido, el perdón y la promesa del
nunca más.
La última propuesta de personeros de esta derecha fue presentada
por un senador ex almirante y un senador UDI que fue el gran protector
de Colonia Dignidad (enclave alemán donde existió
un campo de torturas y exterminio, además de prácticas
de pedofilia por parte de sus dirigentes). El senador mencionado,
Hernán Larraín, presenta la misma excusa de la derecha
por su protección a la Colonia Dignidad: él no sabía
nada.
La política
de la derecha entra así del campo de la hipocresía
al campo del cinismo.
La propuesta de estos personeros es un nuevo indulto general consistente
en dejar en libertad, a todos los que hayan cumplido 10 años
de condena; a todos los mayores de 70 años (la mayoría
de las acusaciones son por violaciones a los derechos humanos cometidas
entre 1973 y 1989, por lo cual los violadores son, en general, personas
mayores, especialmente los oficiales de altas graduaciones); a todos
los que sufran de cualquier enfermedad, etc. Así se asegura
la libertad provisional para casi todos los que están actualmente
presos si prometen no seguir violando los derechos humanos y no
cometer delitos. ¿Alguien se negaría a hacer esa promesa?
Si se analiza
la propuesta es casi desvergonzada, porque fuera de favorecer a
los violadores a los derechos humanos, se gratifica especialmente
a los criminales mayores. ya que los que tengan condenas de 30 o
40 años lograrían reducirla a 10 años solamente,
en cambio, los que tuvieren condenas a 5 o 6 años no tendrían
ese beneficio. Es decir se favorece a los que han cometido delitos
mayores (generalmente oficiales), mientras que los que han cometido
delitos menores (generalmente soldados y suboficiales) no tendrían
ningún beneficio.
Entusiasmo
presidencial
Esta propuesta
ha encontrado una cordial recepción en el Presidente Lagos
y en otros directivos de la Concertación incluyendo a senadores
del PPD y PRSD (Partidos social democráticos) y de la Democracia
Cristiana.
La argumentación
de estos últimos es que si se ha otorgado indultos similares
a presos políticos (que califican de terroristas) debe otorgarse
también a los violadores de los derechos humanos. Por esta
razón la bautizaron como Ley Espejo.
Un espejo turbio
Esta actitud
de miembros de la Concertación, empezando por el Presidente
Lagos, sólo muestra la debilidad de principios de estos próceres.
Los presos políticos que cometieron delitos son personas
que realizaron sus actos sin ninguna protección estatal y
que fueron castigados de inmediato: los violadores a los derechos
humanos corresponde a personas protegidas por el Estado que realizaban
políticas centrales del Estado. Esto marca una naturaleza
totalmente distinta en los delitos cometidos, de manera que un espejo
no puede reflejar cosas distintas.
La naturaleza
de los derechos humanos
Las violaciones
de los derechos humanos son delitos de una categoría especial.
Sólo pueden ser cometidos por los agentes del Estado o por
personas que cuentan con su protección, son especiales porque
el Estado está encargado de respetar y garantizarlos derechos
humanos, por lo tanto si los viola, está negando su propia
naturaleza y su propia legitimidad. Además hay una evidente
desproporción entre el victimario (el Estado) y la víctima
(una persona). Esta naturaleza es lo que determina que las violaciones
a los derechos humanos sean de una categoría especialmente
monstruosa y determina que sus autores no puedan ser amnistiados,
indultados, ni obtener otros beneficios especiales, tampoco rige
ningún tipo de prescripción en estos casos. Esta doctrina
universal, que fue la bandera de lucha en contra de la Dictadura,
ahora es abandonada en la "real politik" de Lagos.
Sin embargo,
Chile ha firmado la Declaración Universal de los Derechos
Humanos (Fue uno de sus redactores) y toda la legislación
humanitaria complementaria como la Convención en Contra de
la Tortura y la Convención de Ginebra. Según estos
convenios -que son ley en Chile- el Estado no puede dejar de respetar
y garantizar los derechos humanos, especialmente el derecho a la
vida y a la integridad física y sicológica de las
personas. Tampoco pude dejar de aplicar la justicia en los casos
de violaciones a los derechos humanos.
En estas circunstancias,
lo que la derecha y parte de la Concertación proponen, es
violar todos estos convenios y quedar al margen de la sociedad civilizada,
reconociendo que el Estado está por sobre la persona humana
y no como la tradición universal ha logrado establecer: que
el Estado existe para proteger y garantizar los derechos humanos
que son inderogables y que se basan en atributos inherentes de la
persona humana y que son superiores al Estado.
Estas medidas
son una proyección de la dictadura militar y una negación
de la tradición democrática del pueblo chileno.
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Anexo:
Algunas fechas
de los acontecimientos descritos:
1-Día en que fue detenido Pinochet: 17 de octubre de 1998
2-Informe Rettig: 8 de febrero de 1991 fue entregado el informe
al Gobierno.
3-Informe Valech: 10 de noviembre de 2004
4-La mesa de diálogo:
- 21 de agosto
de 1999 discurso que convoca a la mesa de diálogo.
- Primera reunión
de la mesa de diálogo fue el 22 de agosto de 1999.
- 13 de junio
de 2000, Lagos recibió oficialmente los resultados de la
mesa.
(colaboración del periodista Rodrigo Quintana)
* Profesor de la Universidad de Chile. www.probidadenchile.cl
El autor de esta nota fue investigador de la Vicaría de la
Solidaridad y de otros organismos de derechos humanos durante la
dictadura militar.
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