Colombia: entre el militarismo y los
derechos humanos
Lectura general de la situación de derechos humanos y
violencia política en Colombia
William Bastidas, enero 2004
En un territorio de
1.141.748 kilómetros cuadrados habitan 44 millones de personas, quienes
disfrutan de una variedad de paisajes que incluye desde páramos y nevados hasta
costas y desiertos. Diversidad de climas, pluralidad cultural y grandes
riquezas naturales hacen parte de los aspectos favorables de Colombia.
Paradójicamente esta nación latinoamericana sufre una violencia que no se cansa
de cumplir años. Tan multiforme como su geografía.
Sin embargo, muchos conocen
al país en el exterior por el tráfico de drogas, es decir, tienen una imagen
reducida y oscura de un lugar cuya realidad social, política, económica y
cultural es mucho más rica y compleja.
Un análisis de lo que
acontece en la actualidad de esta esquina de América del sur supone la
necesaria referencia a algunos elementos que caracterizan su historia. En sus
páginas están escritas la injusticia social y la exclusión política de las
grandes mayorías; las luchas que éstas han librado para superar dichas
contradicciones y reivindicar sus derechos; las respuestas represivas que han
dado los gobiernos de turno frente a estos movimientos; El enfrentamiento por
el poder entre la insurgencia y el Estado; y la política intervencionista de
Estados Unidos.
No cesa la horrible noche
A causa de la violencia
política y el conflicto armado, entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2003 se
presentaron 2500 muertes, fueron torturadas 157 personas, amenazadas 301, 105
desaparecidas y 207 secuestradas (1). Durante los primeros nueve meses del
mismo año fueron desplazados 175.270 personas dentro del territorio nacional
(2). Comparten responsabilidad en estos hechos el Estado junto con los
paramilitares y la insurgencia. Son cifras que suscitan debates entre el
gobierno del presidente Uribe y las organizaciones que las producen. Pero
cientos de informes de organizaciones nacionales e internacionales como
Amnistía Internacional, y organismos de derechos humanos como La Oficina en
Colombia del Alto Comisionado de la ONU, entre otras, demuestran que detrás de
estos números se multiplican tragedias personales, familiares y sociales que
superan esas estadísticas en cantidad y en dolor.
Luego del fracaso de los
procesos de paz que se iniciaron bajo el gobierno de Andrés Pastrana en 1998 y
terminaron abruptamente el 20 de febrero de 2002, surge una tendencia
militarista que se materializa el 7 de agosto, cuando asume la presidencia de
la República Álvaro Uribe Vélez, quien llega con el lema "Mano firme y
corazón grande". Inaugura un nuevo gobierno en medio de ataques armados de
los grupos insurgentes, que golpean incluso la casa presidencial, un preludio
muy claro de los tiempos que se avecinaban.
A pocos días de su posesión
se declara mediante el decreto 1873 del 11 de agosto el estado de conmoción
interior, un estado de excepción, dentro del cual se recortan a los ciudadanos
garantías constitucionales. El pretexto para su adopción era la carencia de
recursos financieros y jurídicos para atender la crisis. Era el comienzo de un
período gubernamental que impulsaría su política de "seguridad
democrática" con acento en las medidas represivas. La nueva estrategia
gubernamental incluía otros elementos como el programa de "soldados
campesinos" y la red de informantes, disposiciones que atentaban contra la
distinción entre población civil y combatientes, un aspecto fundamental para
hacer viable el respeto por el derecho internacional humanitario. Éstos
factores, junto con el fortalecimiento de las fuerzas armadas, el aumento del
pie de fuerza militar y policial configuraban los pilares de esta política del
gobierno de Uribe (3).
Se crearon las zonas de
rehabilitación y consolidación. Tal como lo indica El Informe del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación
de derechos humanos en Colombia 2002, "La actuación de la fuerza pública
en estas zonas constituidas por el Decreto No. 2002, no contó con el suficiente
control de los órganos judiciales y del Ministerio Público" (4). Las
consecuencias de las situaciones desatadas por estas zonas eran apenas
previsibles: Incremento en las violaciones a los derechos humanos e
infracciones al derecho internacional humanitario (5).
La corte Constitucional
señaló como inconstitucionales, el 26 de noviembre del mismo año, muchas de sus
disposiciones.
Otro tema que genera
preocupación es el de las negociaciones de paz con los grupos paramilitares,
una puerta abierta para la impunidad. También en este punto la Oficina del Alto
Comisionado ha hecho observaciones importantes (6).
Contra la corriente
En este afán gubernamental
por resolver los problemas del país de acuerdo a sus criterios militaristas, el
10 de diciembre de 2003, el día internacional de los derechos humanos, el
Senado aprobó en último debate la reforma constitucional antiterrorista (7), a
pesar de que había un gran movimiento de oposición frente a estas políticas.
Una vez más el gobierno del presidente Uribe ignora las recomendaciones de la
sociedad civil y de la comunidad internacional.
A comienzos de 2003, La
Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos entregó una serie de recomendaciones sobre derechos humanos y
derecho internacional humanitario. Ellas son agrupadas en seis temas y van dirigidas
a la sociedad civil, al Estado y a los grupos armados ilegales. El documento
señala como "Áreas de especial preocupación e importancia" el
mantenimiento del Estado de derecho y la adopción y aplicación de la política
de seguridad". Con la implementación de estas medidas resurgen en el
panorama de los derechos humanos y la violencia política en Colombia, fantasmas
que ya han recorrido en décadas pasadas, no sólo los países latinoamericanos,
sino también otras latitudes en el ámbito internacional. La posibilidad de
nuevas violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho
internacional humanitario no se escapa ante esta nueva realidad.
La historia enseña que no
deben repetirse experiencias nefastas. Una de las nuevas facultades contenidas
en el estatuto antiterrorista, interceptación de telecomunicaciones, tiene
mucho que ver con la exposición que se realiza actualmente en el Museo de
Comunicaciones de Nuremberg: "Ein offenes Geheimnis" (Un secreto
abierto). En la que se muestran los métodos empleados por instancias oficiales
en la DDR, Alemania Oriental, para controlar la correspondencia, interceptar
llamadas y otras formas de comunicación privada. No lo hace para fomentar el
recuerdo de una época añorada, sino como la memoria triste de estrategias de
control social que desembocaron en violaciones a los derechos fundamentales.
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Notas:
1. Revista Noche y Niebla
No. 27. Banco de Datos del Cinep y Justicia y Paz. Bogotá, enero - junio 2003
2. CODHES, Consultaría para
los Derechos Humanos y el Desplazamiento. Información que puede ser consultada
en http://www.codhes.org.co
3. Cfr. Informe del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación
de derechos humanos en Colombia 2002, pág. 11, párrafo 14.
http://www.hchr.org.co
4. Ibid, pág. 23, párrafo
67.
5. El Banco de Datos de
derechos humanos y violencia política hizo todo un seguimiento de estas zonas
de rehabilitación y, en general, de la política de defensa y seguridad
democrática, y ofrece, a través de sus publicaciones y su página de Internet
http://www.nocheyniebla.org información al respecto.
6. Ver el comunicado de
prensa de La Oficina del Alto Comisionado de la ONU con fecha 08.28 de 2003 y
que se en cuentra en: http://www.hchr.org.co
7. La Comisión Colombiana de
Juristas, en un comunicado de prensa del 12 de diciembre de 2003 anotá al
respecto: "Organizaciones de derechos humanos, incluida la Oficina en
Colombia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, pidieron
al Congreso durante todo el trámite de la reforma constitucional que se
archivara la iniciativa debido a la gravedad de las medidas allí contempladas.
La solicitud se fundamentó en que con la aprobación del proyecto se vulnerarían
los tratados internacionales de derechos humanos y los compromisos del Estado
colombiano y se derogaría un aspecto central de la Constitución de 1991: el que
prohibía tajantemente que las fuerzas militares pudieran ejercer funciones
judiciales en relación con civiles".