La
para-política, lo para-militar y lo paradójico del
momento actual colombiano
Una serie
de revelaciones saca a flote parte de una realidad que muchos
conocen y otros pretenden ocultar, los vínculos del Estado
con los grupos paramilitares
William
Bastidas, kolko e.V., enero 2007
El
11 de marzo de 2006, funcionarios del Cuerpo Técnico de
Investigaciones (CTI) de la Fiscalía capturaron al paramilitar
Edgar Ignacio Fierro Florez alias "Don Antonio". Éste
había entregado las armas cinco días atrás
en lo que ha sido llamado proceso de desmovilización de
los paramilitares, pero las autoridades lo buscaban por estar
acusado de homicidio agravado y extorsión. En el momento
de la captura "Don Antonio" tenía consigo, entre
otras cosas, dos computadores, dos memorias USB, discos compactos
y varios documentos escritos. Estas informaciones desatarían
un torrente de escándalos en el ambiente político
del país.
Los
miembros de la Fiscalía al encontrar estos elementos se
apropiaron de un sinnúmero de pruebas contundentes de los
vínculos existentes entre estos grupos armados e importantes
políticos, empresarios, militares y otras personalidades.
"Don Antonio" se había retirado en el 2002 del
Ejército y se dedicó desde entonces a los grupos
paramilitares, bajo las órdenes de Rodrigo Tovar Pupo,
más conocido como "Jorge 40" quien, después
de Salvatore Mancuso, era el segundo al mando del Bloque Norte
de los paramilitares. Además, las informaciones corroboran
lo que las organizaciones de derechos humanos llevan diciendo
desde que empezó la desmovilización: que dicho proceso,
más que cualquier otra cosa, es una farsa, y que los grupos
paramilitares siguen funcionando y actuando cual si no existiese
ningún acuerdo. En la computadora de "Don Antonio"
se encontró información detallada sobre más
de cincuenta asesinatos realizados por los paramilitares bajo
el mando de "Jorge 40", crímenes cometidos después
de haber empezado el denominado proceso de desmovilización.
La
"inteligencia" al servicio de la impunidad
Entre
agosto de 2004 y agosto de 2006, los medios de comunicación
publicaron numerosa información sobre la infiltración
del paramilitarismo y del narcotráfico en el DAS. Esta
institución, el Departamento Administrativo de Seguridad,
es el organismo de inteligencia estatal de Colombia y depende
directamente del Presidente de la República. Rafael García,
ex jefe de informática del organismo, fue capturado el
27 de enero de 2005 y fue acusado de varios delitos. En septiembre
de 2004 se conoció que éste, quien para esa época
trabajaba para el DAS, había borrado y modificado las bases
de datos y las órdenes de captura de paramilitares y narcotraficantes.
El 16 de diciembre de 2005, García se presentó ante
la Fiscalía ante la cual declaró que su jefe, el
entonces director del DAS, Jorge Noguera tenía relaciones
estrechas con los paramilitares; que altos funcionarios de este
organismo habían entregado listas de sindicalistas, estudiantes
y lideres sociales a los actores armados, personas que fueron
posteriormente asesinadas; y que el DAS había participado
en la preparación de un fraude que posibilitó la
elección de algunos congresistas en el 2002 y aportó
unos 300.000 votos para favorecer la elección del presidente
Uribe (1). En su declaración ante la Corte la Corte Suprema
de Justicia, en noviembre de 2006, García admitió
por primera vez haber sido miembro de los paramilitares (2). El
15 de noviembre de 2006 la Procuraduría General de la Nación,
órgano de control del Estado, formuló pliego de
cargos contra, Jorge Noguera, y el ex secretario general del DAS,
Giancarlo Auque de Silvestre. Las acusaciones tienen que ver con
vinculación de la cúpula del DAS con los grupos
paramilitares, corrupción y cooperación de este
organismo estatal con acciones criminales de estos grupos. Mientras
todo esto sucedía Noguera se encontraba en Milán,
en donde ocupaba el cargo de cónsul de Colombia, al que
fue designado por el presidente Álvaro Uribe, luego de
terminadas sus funciones en el DAS.
El
escándalo por fin es un escándalo
En
el artículo "Las pruebas hablan por sí solas"
publicado el 11 de noviembre de 2006 en la revista "Semana"
(3), se informa sobre cómo la Corte Suprema de Justicia
ha probado los nexos de los políticos del departamento
de Sucre en la creación de grupos paramilitares. No se
trata de una simple vinculación entre políticos
de una determinada región y grupos armados al margen de
la ley, sino de la participación activa de miembros del
Congreso y de la Cámara en la conformación de estos
grupos. Varios de los políticos se encuentran hoy en la
cárcel. Uno de ellos, quien está siendo investigado
por conformación de grupos paramilitares y participación
en sus crímenes, es el senador Alvaro García Romero.
Él se ha desempeñado durante uno 16 años
como parlamentario. Entre las pruebas que posee la Corte Suprema
en contra de varios políticos importantes de Colombia,
está la grabación de una reunión realizada
en enero de este año, que fue hallada en el computador
de "Jorge 40". A este encuentro asistieron cuatro diputados
de Sucre, varios mandos medios del Bloque Norte de los paramilitares
y otros políticos de la región. Según la
revista "Semana", esta grabación "deja en
evidencia que gran parte de la clase política de ese departamento
ha estado durante años vinculada a los paramilitares."
Las últimas informaciones mencionan, en total, a nueve
miembros del Congreso de la República investigados por
la Corte Suprema de Justicia. Tres de ellos se encuentran en prisión.
A pesar de que varios de los congresistas sindicados forman parte
de partidos políticos afines al presidente Uribe, este
último no se ha distanciado de ellos. Al cabo de varias
semanas del escándalo exigió que todos los políticos
que tuviesen vínculos con los paramilitares deberían
decirlo - ¿será ésta la medida más
contundente al alcance del presidente de la República para
esclarecer la situación?
Novedad
de un tema viejo
El
15 de julio de 2003, el gobierno del presidente Álvaro
Uribe Vélez y los grupos paramilitares de las "Autodefensas
Unidas de Colombia" firmaron el acuerdo de Santa Fe de Ralito
(4), con el cual iniciaron de manera oficial un proceso de negociación
en el que los paramilitares se comprometieron a desmovilizar a
todos sus hombres, mientras que el Gobierno se encargaría
de ofrecer garantías para que los desmovilizados se integren
a la vida civil (5).
Los paramilitares están en las listas de grupos terroristas
de la Unión Europea y de los Estados Unidos. Informes de
organizaciones de derechos humanos como amnistía internacional
o Human Rights Watch, e incluso del Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos llevan muchos años denunciando
los vínculos entre las Fuerzas Militares, funcionarios
públicos y los paramilitares. La Comisión Interamericana
de derechos humanos explicó el papel del Estado Colombiano
en el nacimiento de los grupos paramilitares (6). El paramilitarismo
es un concepto que se relaciona con una política contrainsurgente
que data de la década de los años sesenta. El tema
de la para-política no es una novedad, pero si es nueva
la contundencia de las pruebas actuales, el amplio despliegue
que le ha otorgado la prensa al tema y el importante papel que
está desempeñando la rama. Entre las pruebas más
destacables se encuentran las que contiene el computador de "Jorge
40". Sacan de nuevo a flote el tema viejo, el de los vínculos
entre el Gobierno y los paramilitares. Precisamente, esta relación
tan estrecha entre ambas partes es uno de los motivos por los
cuales las organizaciones de la sociedad civil colombiana rechazan
el denominado proceso de desmovilización de los paramilitares
y el marco jurídico que lo acompaña, dado que estos
factores más que esclarecer tienden a esconder la responsabilidad
de agentes estatales. En un informe de Human Rights Watch (7)
se recuerda cómo en los años 60, asesores militares
de los Estados Unidos recomendaron: "seleccionar a personal
civil y militar para entrenarlos clandestinamente en operaciones
de resistencia en caso de que se les necesitara en el futuro."
El equipo de asesores estadounidenses sugirió además
que esta estructura "se utilizara para funciones de contra
inteligencia y contra propaganda y, si fuera necesario, para ejecutar
actividades paramilitares de sabotaje o terroristas contra conocidos
defensores del comunismo. Debe tener el apoyo de Estados Unidos."
Las informaciones que han desatado el escándalo actual
no hacen otra cosa que actualizar un tema que ha caracterizado
a lo largo de muchos años el fenómeno paramilitar
en Colombia y en otros países del mundo.
Esta
historia parece no terminar con las revelaciones mencionadas en
este texto. El surgimiento de la verdad sobre la relación
paramilitares - Estado colombiano parece que pasa en la actualidad
por un momento positivo. Es obvio que las revelaciones, que en
este momento se enfocaron sobre todo en una región del
país, son la punta del "iceberg" que permite
vislumbrar los vínculos sistemáticos entre políticos
e instituciones estatales en todo el país y el paramilitarismo.
Todo puede quedar, sin embargo, en un optimismo pasajero si la
Justicia colombiana claudica en sus investigaciones y si la comunidad
internacional se hace la de los oídos sordos y los ojos
ciegos, y no asume un papel más activo en favor del respeto
a los derechos humanos, del derecho internacional humanitario
y del reconocimiento de la supremacía de la Justicia sobre
el imperio arbitrario de la fuerza y la corrupción.
1.
Ver: www.revistacambio.com/html/portada/articulos/4647/
2. Ver: www.semana.com/wf_InfoArticulo.aspx?IdArt=98535
3. www.semana.com/wf_InfoArticulo.aspx?IdArt=98170
o en www.derechos.org/nizkor/corru/doc/sucre3.html
4. Nombre de la población en el departamento de Córdoba,
en la costa atlántica colombiana, en donde se realizaron
las negociaciones entre el Gobierno y los paramilitares.
5. ver: www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/g_autodefensa/dialogos.htm
6. Report on the Demobilization Process in Colombia, Inter-American
Commission on Human Rights, December 2004, www.cidh.org/countryrep/Colombia04eng/toc.htm
7. Ver: www.hrw.org/spanish/informes/1996/colombia2.html#historia
