La
"Tecnología Fujimori": Engaño, traición
y desprecio de la democracia
Esteban Cuya, Periodista peruano.
Investigador del Centro de Derechos Humanos de Nürnberg
Después del final sangriento de la crisis de los rehenes
el gobierno del Perú es, en el fondo, un escándalo
a nivel internacional, solo elogiado por los poderes dominantes,
que aplauden la señal enviada a los grupos subversivos,
de que en vez de negociar soluciones políticas a las demandas
de los movimientos armados, se va a responder con la fuerza y
con todo el poder de las armas.
Alberto
Fujimori, quien se reafirma como modelo de engaño y burla
al sistema democrático, ha preferido transitar del autoritarismo
al totalitarismo, condición sine quanon a su modelo económico,
que ubica al Perú como país periférico, abastecedor
de materias primas y mero consumidor dentro del mercado globalizado.
El
Presidente del Perú, Alberto Fujimori, al autorizar la
solución militar, exigida por los Estados Unidos, aprovechó
la oportunidad también para lavar la cara de las fuerzas
armadas peruanas, tan involucradas en numerosos casos de violaciones
a los derechos humanos, torturas y secuestros de disidentes políticos
y agentes del propio servicio de inteligencia, así como
en narcotráfico, corrupción financiera, y otros
graves delitos.
Ahora,
Fujimori ofrece discursos rimbombantes, como el que dio en Nueva
York el 15 de mayo, ante el Consejo de Relaciones Internacionales
(Council of Foreing Relations), sobre la posición del Perú
frente al fenómeno del Terrorismo. El mismo ha anunciado
que va a exportar su "tecnología de rescate de rehenes
y solución de conflictos" que aunque en Lima produjo
17 muertes, y 15 heridos, así como 24 obreros mineros desaparecidos,
lo califica como "exitosa" y "positiva".
Sin
embargo, su "tecnología de rescate de rehenes",
que supone la incursión militar sorprevisa, con un costo
de vidas humanas impredecible, también está llena
de misterios y aspectos condenables que deben ser rechazados en
toda sociedad democrática.
1.
Instrumentalización de la Comisión de Garantes
Ante
la presión de la mayoría de la población
peruana y de la comunidad internacional, que reclamaban una solución
no violenta de la crisis, el gobierno peruano aceptó la
conformación de una Comisión de Garantes, que se
encargaría de cooperar en la búsqueda de una solución
pacífica. Como nunca antes en el Perú, las demandas
de una solución pacífica de la crisis, provinieron
de las mas diversas personas y movimientos de todo el mundo, conmovidos
por el baño de sangre que se podría desencadenar
en cualquier momento, y que casi todos querían evitar.
Miles de voces se levantaron por todo el mundo para invocarle
al MRTA y al gobierno peruano flexibilidad en sus posiciones y
una solución pacífica de la crisis. Realmente se
produjo una cruzada mundial por la paz y los derechos humanos
en el Perú. En este proceso de presión nacional
e internacional por una solución pacífica, contribuyeron
la mayoría de los medios de comunicación internacionales,
que asombrados descubrieron los rostros ocultos y tristes del
Perú profundo, simplemente maquillado por el neoliberalismo
de moda. Los reportajes sobre el Perú y la crisis de los
rehenes sacudieron al mundo, pues, por pimera vez, algunos importantes
diarios y canales de televisión informaron sobre el infierno
de las cárceles peruanas, de la desesperante pobreza de
su pueblo, de la deuda social no pagada, que mata de hambre y
de Tuberculosis en el Perú. Para muchos en el mundo, Fujimori
dejó de ser el victorioso presidente de un país
en crecimiento, para convertirse en un anacrónico dictador.
Para
la solución de la crisis de la residencia diplomática,
el gobierno del Perú designó al Ministro de Educación,
Domingo Palermo, como su representante en la Comisión de
Garantes. Canadá, el Estado Vaticano y la Cruz Roja Internacional
también nombraron sus representantes en dicha Comisión.
El gobierno de Japón, igualmente, designó a uno
de sus embajadores como observador en la Comisión de Garantes.
Se
entendió claramente que tanto el MRTA como el gobierno
peruano respetarían las gestiones y asumirían las
recomendaciones de la Comisión de Garantes, porque de otro
modo no se justificaría su existencia. El pleno de la comisión
de garantes se pronunció por una solución pacífica,
y aparentemente se esforzó en alcanzarla. Sus gestiones
beneficiaron a los rehenes, quienes muy pronto pudieron recibir
toda la ayuda humanitaria, en medicinas, alimentos, ropa, libros,
y otros recursos que hicieron su cautiverio "mas soportable".
El
MRTA respetó las acciones de la Comisión de Garantes
y confío en su autoridad como mediador y garante ante el
gobierno del Perú· Sin embargo, el gobierno peruano
utilizó a los miembros de la Comisión de Garantes
para entretener al comando tupacamarista, y por otro lado implementar
sus planes de ataque militar a la residencia. Se aprovechó
la "inmunidad" que le reconoció el MRTA a los
garantes para introducir a la residencia equipos electrónicos
de escucha, y de comunicación, con los que durante las
últimas tres semanas previas al ataque, el servicio de
inteligencia del Ejército controló minuto a minuto
el movimiento tanto de los rehenes como del comando tupacamarista.
El
gobierno peruano aseguró al de Japón, asi como al
Papa Juan Pablo II y a la comunidad internacional, que se esforzaría
en lograr una solución pacífica y que sólo
optaría por la solución militar cuando el MRTA dañara
a algún rehen. Aunque el gobierno peruano se comprometió
ante la Comisión de Garantes, en la práctica, continuó
empeñado en la salida militar, y finalmente cedió
a la tentación de ejecutar un acto violento que lave la
cara a las FF.AA. y que permitiera a la vez levantar la caída
imagen de Alberto Fujimori, quien vive como un esclavo de los
militares y de las encuestas de opinión.
Ahora
es legitimo preguntarse:
-
Como quedan los acuerdos asumidos libre y soberanamente dentro
de una Comisión Internacional de Garantes? Tienen o no
tienen fuerza obligatoria?
-Que
confianza puede tener la comunidad internacional para negociar
con el gobierno del Perú, si ya se sabe que el triunvirato
que gobierna al pais (Vladimiro Montesinos, Nicolás Hermoza
y Alberto Fujimori) no cumple sus compromisos, cuando no ofrecen
beneficios politicos y económicos?
-Reconocerán
el Estado Vaticano, el gobierno de Canadá, el gobierno
de Japón, que fueron groseramente utilizados, manipulados,
por un triunvirato cívico-militar del Perú fiel
a los intereses de los Estados Unidos antes que a las aspiraciones
de paz del pueblo peruano ? Todos estos países, asi como
las potencias mundiales, se apresuraron en felicitar a Fujimori
por su "exitosa operación militar de rescate de los
rehenes". De esta forma, se hicieron complices del terrorismo
de Estado que practica el gobierno del Perú desde hace
varios años.
2.
Pacificar no es aniquilar
Hay
varios ex rehenes japoneses y peruanos que han declarado sobre
las ejecuciones extrajudiciales de tupacamaristas que se habían
rendido, o que habían sido tomados prisioneros, dentro
de la residencia y que luego aparecieron muertos. Actualmente
los organismos de DDHH del Perú están documentando
estos crímenes a fin de solicitar las investigaciones respectivas
a los organismos judiciales y a las instancias internacionales.
Por
su parte el gobierno de Fujimori se ha negado a entregar los cadáveres
de los tupacamaristas a sus familiares. En el caso de los líderes
del comando aniquilado, Nestor Cerpa y Rolly Rojas, ambos fueron
enterrados clandestinamente. Los otros cadáveres tampoco
han sido entregados a los deudos. En ninguno de los casos se autorizó
una autopsia. Algunos militares que participaron en la incursión
militar han declarado que cada tupacamarista recibió cerca
de 500 balas, por lo que los cuerpos estarían totalmente
destruídos. Eso justificaría la negativa a entregar
los restos mortales de los tupacamaristas a sus familiares.
La
búsqueda de la pacificación nacional en el Perú
tiene que nacer del interior de la sociedad peruana, de sus organismos
de base, como los barrios y comedores populares, los sindicatos,
los colegios profesionales, las universidades, los medios de comunicación,
las comunidades religiosas, y las otras fuerzas de la sociedad
civil.
No
se puede esperar una auténtica voluntad de paz de aquellos
gobernantes que ordenaron el asesinato del máximo dirigente
sindical peruano, Pedro Huilca, (Como lo denunció recientemente
el general del Ejército peruano y defensor de loos derechos
humanos Rodolfo Robles) y que son los mismos que planificaron
y ordenaron las masacres de "Barrios Altos, "La Cantuta",
entre otros graves hechos. No hay paz sin justicia. Hay miles
de viudas y huérfanos en el Perú que esperan justicia.
Existen miles de presos condenados a diez o mas años de
prisión, o a cadena perpetua, sin haber tenido ninguna
partiipación en la subversión o en el terrorismo.
La mayoría de estos presos sufre condiciones de vida infrahumanas
en las horribles cárceles peruanas. Imposible hablar de
paz con esta realidad de injusticia. Deben ser muy pocos en el
Perú quienes desean la paz de los cementerios. La gran
mayoría del pueblo peruano anhela la paz de la verdad,
la paz de la justicia social, la paz de la fraternidad humana.
En
vez de discursos triunfalistas de Fujimori y de sus generales,
lo que el Perú necesita es crear una Comisión Investigadora,
que esclarezca las ejecuciones extrajudiciales en la residencia
japonesa. Esa demanda ha sido ya planteada por diversas instancias
internacionales, como los grupos de los representantes Verdes
y de Izquierda Unida en el Parlamento Europeo. Aquí podría
aportar la fracasada Comisión de Garantes, que necesita
reivindicarse ante el Perú y ante la comunidad internacional.
3.
Los Misterios de Fujimori
Fujimori
nunca se ha caracterizado por guardar algún respeto al
sistema democrático. Tras la orgía militarista que
siguió a la aniquilación de los tupacamaristas en
la residencia japonesa, Fujimori emprendió otra feroz batalla,
esta vez dirigida contra los poderes del Estado que no se han
sometido totalmente a sus caprichos reeleccionistas. Se lanzó
a atacar frontalmente a los magistrados del Tribunal Constitucional
que, por razon de principios y de conciencia no querían
avalar su "Interpretación auténtica de la Constitución"
y, por lo tanto, rechazaron su intención de postular para
las elecciones presidenciales siguientes, del año 2,000.
Enseguida el gobierno disparó sus fuerzas contra el Fiscal
de la Nación, Miguel Aljovín, por exigir que los
militares torturadores de la agente del Servicio de Inteligencia
Leonor La Rosa, sean enjuiciados en los tribunales civiles y no
en el Fuero Militar. El Fiscal fue acusado de prevaricato y abuso
de autoridad por el general Guido Guevara, del Consejo Supremo
de Justicia Militar.
Por
otro lado, el Congreso de la República, dominado por la
mayoría gobiernista, abriéndole más puertas
a la reelección de Fujimori, eliminó el capítulo
de la ley electoral que, entre otros aspectos, prohibe la utilización
de recursos del Estado para la propaganda electoral Ahora Fujimori
ha anunciado que nuevamente va a Reformar el Poder Judicial, porque
"la reforma aplicada en los últimos tres años
no ha cumplido con los cambios necesarios para modernizar al país".
Lo
que si constituye un verdadero misterio, en esta etapa post euforia
militarista, es el destino de los 24 obreros mineros que fueron
contratados engañosamente para construir los túneles
hacia la residencia ocupada por el MRTA. En Lima se informó
que dos de estos obreros murieron cuando se cayó una parte
del tunel, y el resto se encuentra en condición de desaparecidos.
Sus esposas e hijos los buscan y los reclaman, sin haber merecido
ninguna respuesta del gobierno.
A
modo de conclusión:
El
balance de las últimas acciones del gobierno peruano, tras
la crisis de los rehenes, revela una compleja realidad, de una
sociedad civil totalmente dominada por las Fuerzas Armadas. El
poder Militar se ha fortalecido con la impunidad creciente. Se
empuja al Perú a una carrera interminable de violaciones
a los derechos humanos, en una sociedad que rinde culto a la violencia.
Cuando crezca más la desconfianza en el gobierno, y Fujimori
baje en las encuestas, no sería raro que entonces se produzcan
nuevos enfrentamientos armados contra Ecuador, a fin de terminar
con las divisiones internas dentro del Perú, y empujar
artificialmente a la unión del pueblo peruano alrededor
de un pintoresco nacionalismo. El modelo fujimorista de resolución
de conflictos debe ser condenado por su irracionalidad, su carácter
antidemocrático, y por acarrear mas violencia.
